La Sala de Gobierno cree que esta demora redundará en beneficio de la correcta Administración de Justicia y del adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional y no compromete, en ningún caso, la implantación del proyecto diseñado. según ha informado el órgano de los jueces.
La decisión de la Sala de Gobierno se produce tras la petición formulada por los magistrados de las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social con sede en Valladolid, quienes argumentan que no todos disponen de la tarjeta criptográfica en la que se incorpora el certificado preciso para la firma digital. Además, los magistrados que disponen de ella no pueden acceder a los documentos debido a fallos en el sistema de lectura.
Los magistrados de dichas salas creen que, desde la perspectiva de la oficina judicial, la incorporación con urgencia y con disfunciones al citado proyecto es más distorsionador que eficiente, al carecer de medios adecuados para afrontar un cambio tan importante.
