En marzo de 2018, la recurrente, nacida en 1946, acudió a urgencias por una hemorroide sangrante, cuya extirpación quirúrgica el 28 de marzo reveló un melanoma maligno de mucosa anal. Se realizó un estudio con una colonoscopia y se extirpó un pólipo benigno. Le hicieron pruebas de imagen que obligaron a ampliar los márgenes y a realizar una biopsia de un ganglio, aunque ambas pruebas descartaron la presencia de células tumorales. Fue diagnosticada formalmente en junio de 2018 por el servicio de Oncología del Hospital San Pedro de Logroño. Desde entonces, fue remitida a los servicios de radioterapia, dermatología y oncología para valorar los tratamientos oportunos, con controles posteriores que han descartado malignidad en el tejido anal y en los ganglios analizados.
En enero de 2021, la paciente acudió a la Fundación Jiménez Díaz en busca de una segunda opinión médica y recibió en dicho centro tratamiento por importe de 207.947,74 euros, cantidad que actualmente se reclama.
El tribunal señala que, al iniciar el segundo tratamiento en febrero de 2021, la interesada ya sabía que la sanidad pública le ofrecía una alternativa distinta a la amputación, la cual había venido rechazando. Por ello, los magistrados concluyen que no procede el reembolso de los gastos médicos privados, ya que no se da el requisito de imposibilidad de usar los servicios públicos cuando la nueva terapia ya estaba autorizada en ellos. Asimismo, la Sala descarta la urgencia vital porque el tratamiento privado comenzó más tarde de lo que habría podido hacerlo en la sanidad pública, sin que conste que la opción pública fuera menos eficaz ni que la existencia de otras alternativas convierta el caso en una urgencia médica.
