La creación de esta unidad tiene como objetivo la promoción de la seguridad jurídica y la previsibilidad de la respuesta judicial, según ha informado el CGPJ.
Sobre la base del afianzamiento de una guía de buenas prácticas culmina así la labor del grupo de trabajo creado en septiembre de 2015 por el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Francisco García Rivas, y el delegado especial de la AEAT en Murcia, José Manuel Alarcón Estella, además de la abogada del Estado Jefe en Murcia, Ana Pérez Díaz, con el objetivo de reforzar la coordinación entre la Delegación de la AEAT, jueces y magistrados, oficinas judiciales, el Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado. "La coordinación de actuaciones entre la Administración de Justicia y la Agencia Tributaria resulta esencial para que el reproche penal de las conductas delictivas en materia de fraude fiscal sea efectivo", destaca el preámbulo de la Circular 1/2016 del Secretario de Gobierno, de 4 de febrero, sobre buenas prácticas en la tramitación de causas por delito contra la Hacienda Pública.
Este grupo permanente se reunirá cada semestre, y, con carácter de resumen anual, al inicio de cada año judicial. Su campo de trabajo se centrará en tres áreas principales: la optimización de los canales de comunicación interinstitucional; la mejora de la calidad de la documentación; y la identificación de fórmulas organizativas y tecnológicas que permitan la recuperación de la deuda tributaria en los procedimientos abiertos por delitos contra la Hacienda Pública.
Suspensiones del procedimiento de ejecución
Entre las medidas concretas que se recogen en la Circular se establece la conveniencia de que el juez o tribunal, ante una petición de suspensión del procedimiento de recaudación por parte de las defensas, coordine con la Abogacía del Estado y Fiscalía la denegación o concesión de la misma, dando traslado de la petición de informe a la Dependencia de Recaudación.
Medidas cautelares y ejecutivas
Igualmente, se señala que la solicitud de medidas cautelares, o la conversión de medidas cautelares administrativas en judiciales, que aseguraren el cumplimiento de responsabilidad civil derivada del delito, así como la efectiva ejecución de las sentencias, se realizará en estrecha colaboración entre AEAT, Abogacía del Estado y Autoridad Judicial, incluyendo Fiscalía y Servicio Común de Ejecución Penal.
Entre los miembros del grupo, además de los mencionados están Alfonso del Moral González, jefe de Inspección; Pedro Fuentes Álvarez, inspector de Hacienda encargado del equipo de delitos; y José Ángel Arrúz Hernández, jefe de Recaudación. Además de los letrados de la Administración de Justicia Ángel De Alba y Vega, Ignacio Garrido Escudero y Pedro Lozano Muñoz, coordinador del grupo. Por último se integran también en este grupo los magistrados Julio Guerrero Zaplana y José Fernández Ayuso.
