La comisión de seguimiento es uno de los órganos de gobernanza del IMV, cuyo objetivo es un mayor despliegue de esta política social en el territorio, así como la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades.
La ministra Saiz ha avanzado en este foro la inminente puesta en marcha de dos medidas para extender la acción protectora del IMV y eliminar cargas administrativas: el teléfono corto 020 y la pasarela del subsidio de desempleo al Ingreso Mínimo Vital.
El teléfono 020 es una línea de atención gratuita que empezará a funcionar el próximo 4 de noviembre con el objetivo de ayudar e informar a los potenciales beneficiarios de la prestación de forma más sencilla.
“También en noviembre, concretamente el día 22, se activará la pasarela para el traspaso del subsidio por desempleo al IMV. Es una medida de gran relevancia y muy demandada para que, quienes más lo necesitan, no tengan lagunas de ingresos”, ha destacado Saiz. Con este mecanismo se mejora la coordinación entre las entidades que gestionan una y otra prestación, se eliminan cargas administrativas y se facilita el acceso al IMV a las personas que cumplen con los requisitos.
Información y trámites
La ministra ha informado sobre los encuentros mantenidos en los últimos meses con las comunidades interesadas en la gestión del IMV y ha repasado las medidas encaminadas a facilitar la accesibilidad y la transparencia. Como la revisión de la sección de Inclusión de la web del ministerio, nuevos formularios, como el del Incentivo al empleo; estadísticas de la prestación desagregadas… A lo que se suma el nuevo portal de la Seguridad Social para facilitar el acceso a la información y trámites sobre la prestación.
Colaboración para escalar las evidencias del Laboratorio
Después de hacer balance del Ingreso Mínimo Vital, la ministra Elma Saiz ha puesto en valor el Laboratorio de Políticas de Inclusión, “un referente a nivel internacional por impulsar al mismo tiempo 34 proyectos piloto en todo el territorio, en todos los ámbitos que afectan a la población más vulnerable y con una metodología de evaluación innovadora y rigurosa: los ensayos aleatorizados”.
Han participado 180.000 beneficiarios (el 57% mujeres), casi un 5% de las personas en pobreza severa , y los proyectos han sido desarrollados por 16 comunidades autónomas, 4 ayuntamientos y 14 entidades del Tercer Sector. Es un marco de cogobernanza nunca visto hasta ahora en materia de inclusión y evaluación científica de políticas públicas, ha añadido.
“El Laboratorio, financiado con 212 millones de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos ha permitido obtener evidencias respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Ahora, nuestro objetivo es escalar las buenas prácticas y trasladarlas a la política pública, para lo cual es imprescindible la colaboración de comunidades y ayuntamientos”, ha concluido Saiz en la comisión.
