![Ministerio-Hacienda-Administraciones-Publicas-MINHAP_EDEIMA20160919_0003_1.png](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2018/05/Ministerio-Hacienda-Administraciones-Publicas-MINHAP_EDEIMA20160919_0003_1-p132888-m441520-768x334_w100.png)
Así consta en las resoluciones del Ministerio de Hacienda publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que fijan la entrada en vigor del convenio entre Hacienda y ATA desde el pasado lunes, y en el martes para los convenios suscritos con CEOE, Cepyme, la Cámara de Comercio de España y el Cermi. En todos los casos la vigencia de los convenios finaliza el próximo 31 de diciembre.
Los convenios, rubricados con CEOE, Cepyme, la Cámara de Comercio de España, la Federación Española de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), buscan reducir las cargas administrativas para elevar progresivamente la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y a las empresas.
Con el fin de identificar estos obstáculos y concretar las propuestas, se desarrollarán jornadas con los interesados en distintos puntos de la geografía española, en las que éstos tendrán oportunidad de trasladar directamente a la Administración cuáles son las barreras más importantes que encuentran y sus propuestas de solución.
La colaboración entre la Administración General del Estado y las organizaciones empresariales y sociales se remonta a 2008 y desde entonces se han analizado 912 propuestas presentadas en los diferentes convenios. En torno al 49% de ellas, unas 447, se han incluido en una decena de acuerdos de Consejo de Ministros, implantándose en el marco normativo y administrativo.
Entre las iniciativas contempladas en los convenios, figuran la realización de jornadas y encuentros con empresarios por parte de la Cámara de Comercio de España para conocer sus necesidades e impresiones, así como por parte de CEOE y Cepyme.
Por su parte, las actuaciones desde la Secretaría de Estado de Función Pública se centrarán en el asesoramiento y asistencia sobre simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas; seguimiento de los trabajos realizados por las organizaciones y la convocatoria para la constitución de la comisión de seguimiento recogida en los distintos convenios.