El procedimiento de infracción se inicia con el envío de una carta de emplazamiento a España, que ahora dispone de un plazo de dos meses para abordar y resolver las deficiencias detectadas por Bruselas.
Si pasado ese periodo los servicios comunitarios concluyen que persiste el problema podrán dar el siguiente paso en el expediente, que supone el envío de un dictamen motivado, última fase de diálogo entre el Estado miembro y el Ejecutivo comunitario antes de que éste valore elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Según ha apuntado la Comisión Europea en un comunicado, el mecanismo garantiza una resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre los Estados miembro, lo que ofrecerá una mayor seguridad fiscal a las empresas y las personas sometidas a doble imposición.
En su evaluación de la transposición española de la Directiva, Bruselas considera que la legislación nacional de transposición no contempla una serie de características clave de las nuevas normas.
