Además, tanto Fedea como el resto de expertos, entre los que se encuentran instituciones como Esade, Círculo de Economía, la Universidad de Oviedo, el Ivie o el Rifde, abogan por reducir las diferencias de financiación entre el régimen foral y el régimen común.
Así consta en un documento que recoge los puntos de consenso entre los participantes de un estudio sobre la reforma de la financiación territorial, que iba a ser objeto de debate en una jornada prevista para el día 17 de marzo en el Senado organizada junto a la Fundación Internacional Olof Palme (Fiop), y que se ha aplazado como medida de precaución ante la epidemia de coronavirus.
Los expertos de Fedea y del resto de instituciones creen que hay que revisar la división de competencias entre las diferentes administraciones públicas, adaptando en consecuencia el reparto de las herramientas de financiación.
Además, consideran preciso adaptar el régimen foral a la realidad actual del sistema autonómico, fundamentalmente para lograr una participación efectiva de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación interterritorial que, según indican, han evolucionado "de forma distinta a lo que se preveía" cuando se reguló el régimen foral.
Los expertos reconocen que para avanzar en esa reforma, que debe abordarse con criterios de equidad, responsabilidad, transparencia y gradualidad, conviene comenzar por buscar un pacto entre partidos.
"La cuestión a resolver no sería cuánto dinero ha de transferir el Estado a las comunidades autónomas o a las entidades locales para que puedan ofrecer unos niveles de prestaciones suficientes, sino cómo repartimos la caja de herramientas tributarias entre las distintas administraciones, de forma que todas ellas estén en condiciones de pedir a los ciudadanos los recursos que necesitan para cumplir sus funciones", señala Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.
En lo relativo a la equidad, los expertos ven necesario un reparto "más equitativo" de recursos entre territorios que aproxime el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos a condiciones de igualdad y evite reordenaciones "arbitrarias" de las administraciones territoriales en términos de sus recursos por habitante ajustado.
En este sentido, a nivel autonómico creen que la financiación ha de basarse en la capacidad fiscal y el grado de nivelación que se acuerde, todo ello fruto siempre de un pacto político.
A nivel municipal, creen necesario desarrollar un mecanismo efectivo de nivelación "que ahora realmente no existe", especialmente para aquellos municipios que se financian por el método de cesión de tributos, razón por la cual debería corregirse el sistema de transferencias estatales introduciendo criterios de necesidad y capacidad fiscal.
Dentro del régimen común de financiación de las comunidades, abogan por revisar las transferencias verticales, eliminando los actuales Fondos de Suficiencia y Convergencia para integrar sus recursos o bien en el Fondo de Garantía o bien en un único fondo de nivelación vertical cuyo reparto no deberá estar condicionado por el statu quo.
Revisar el cálculo del cupo
En su opinión, hay que reducir las diferencias de financiación entre el régimen foral y el régimen común, y aunque no cuestionan el régimen foral, creen que debería revisarse la aportación de las comunidades forales a la solidaridad interterritorial para acercarla a la de otras comunidades con niveles similares de renta, así como el cálculo del cupo y la aportación y de los ajustes a los mismos por impuestos directos e indirectos, adecuándolo a los principios que se establecen en las propias leyes del Concierto y el Convenio.
"En la práctica, las comunidades forales se han visto casi totalmente exentas de su obligación constitucional de contribuir a la solidaridad interterritorial. Esta laguna ha de solventarse posiblemente mediante la regulación explícita de tal obligación, a través de la inclusión de estas comunidades en un mecanismo general de nivelación horizontal, lo que habrá de hacerse en condiciones de igualdad con las comunidades de régimen común que disfrutan de niveles similares de renta y capacidad fiscal", afirma Ángel de la Fuente.
Los expertos son partidarios de la autonomía tributaria y la responsabilidad fiscal, en el sentido de dar más instrumentos fiscales a las distintas administraciones para gestionar sus ingresos y exigirles mayor responsabilidad sobre la financiación de sus gastos, con el fin de alinear los incentivos de los gestores públicos con los intereses de los ciudadanos a los que representan.
Recargo graduable sobre el IRPF a nivel local
A este respecto, creen que si las administraciones territoriales necesitan recursos adicionales por encima de los que proporciona el sistema nivelado deben poder obtenerlos, "pero soportando el coste político de pedírselos a sus ciudadanos".
Por ello, a nivel local se propone la introducción, siempre con carácter potestativo, de un recargo graduable sobre el IRPF y una ampliación de los márgenes para la fijación de los tipos de IBI, así como la introducción de un impuesto igualmente potestativo sobre las pernoctaciones turísticas.
Tramo autonómico del IVA
A nivel autonómico se propone ceder a las comunidades el diseño y gestión de los copagos por servicios públicos, incluyendo la sanidad, y la creación de un tramo autonómico del IVA e Impuestos Especiales cuyos tipos, uniformes en todo el país para cumplir con la normativa europea, serían fijados de forma colegiada por las comunidades autónomas.
Los expertos creen que la simplicidad y la transparencia son requisitos esenciales, dado que el sistema tiene que ser comprensible para el ciudadano y ha de publicarse información completa y accesible sobre su funcionamiento y resultados, de forma que los ciudadanos puedan valorarlos.
"Falta de transparencia" en el caso foral
En este sentido, constatan que, en el caso foral, la falta de transparencia "es casi absoluta", por lo que piden que se publiquen los detalles del cálculo del cupo y la aportación, y de los ajustes a los mismos, incluyendo un listado pormenorizado y razonado de los gastos del Estado que se consideran cargas asumidas y no asumidas.
En los demás casos, creen que hay mucha más información, "pero difícilmente comprensible" para el no especialista, por lo que estiman que habría que hacerla mucho más accesible y facilitarla de manera didáctica para el público general.
A su juicio, esta ambiciosa reforma debe realizarse bajo un criterio de gradualidad, estableciendo periodos transitorios para que los efectos de las reformas que impliquen cambios importantes en la financiación de las administraciones, especialmente a la baja, vayan produciéndose de forma gradual.
"Esto no puede suponer una renuncia al objetivo de alcanzar un reparto equitativo de recursos en un plazo razonable y de corregir pronto la situación de las administraciones más perjudicadas por el actual sistema", concluyen.
