Se trata de una figura profesional que promoverá la accesibilidad cognitiva en juicios y otros ámbitos de la Justicia, dando apoyo a personas con dificultades de comprensión y asegurando así que se cumple su derecho de acceso a la Justicia, según ha informado el Real Patronato sobre discapacidad en un comunicado recogido por Europa Press.
La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, introdujo un artículo en el que se menciona expresamente que a fin de que las personas ejerzan su derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación procesal "se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice las tareas de adaptación y ajuste necesarias".
Según el director del Real Patronato sobre discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, "la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional". "Por eso, desde el Real Patronato sobre Discapacidad hemos sido diligentes para formar y desplegar esta figura del facilitador judicial que asegure el acceso a la justicia de las personas con discapacidad sin discriminaciones", ha añadido.
Asimismo, Martín ha asegurado que "la implantación de esta figura contribuirá a la participación eficaz de la persona con discapacidad en cualquier proceso en el que se pueda ver implicada garantizando que comprenda lo que está ocurriendo y, por tanto, tome decisiones informadas que eviten situaciones de indefensión".
Tal y como explica la directora del CEACOG, Raquel Cárcamo, es necesario evitar que las personas con discapacidad pasen por procedimientos judiciales sin entender qué es lo que pasa y sin poder defenderse. "Estoy convencida de que la puesta en marcha de la figura del facilitador procesal va a ser muy importante para ello", ha aclarado.
Para impulsar la figura del facilitador judicial, se realizará formación, se elaborarán materiales y se concederán becas formativas en colaboración con universidades. Además, se realizarán actividades de pilotaje para la puesta en marcha de servicios de facilitación.
Asimismo, se difundirá esta figura entre entidades sociales, operadores jurídicos y su entorno. Por otro lado, se preparará e impartirá formación a psicólogos forenses en relación a la evaluación de necesidades de apoyo de personas con discapacidad.
