El Ministerio de Justicia llevará al Consejo de Ministros el Real decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el que se plantean un conjunto actuaciones urgentes para la agilización de los juzgados cuando vuelva la actividad judicial, en cuyo borrador se plantea habilitar del 11 al 31 de agosto y establecer turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia para garantizar las distancias de seguridad y evitar la coincidencia de todos los trabajadores.
Un borrador que, según apuntan los representantes de sindicatos de funcionarios judiciales y de asociaciones de letrados de la Administración de Justicia --antes denominados secretarios judiciales-- consultados por Europa Press, no se les ha hecho llegar para analizar su contenido antes de que se haya difundido.
El sindicato Comisiones Obreras, la Central Sindical Independiente de Fiscales (CSIF), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) lamentan que en la reuniones que mantuvieron la semana pasada con el Ministerio no se les concretó las medidas y que se les dio un "ultimátum para apoyar" el texto del real decreto, que han conocido por "terceros".
Ya se trabajaba en agosto
Así, los sindicatos y asociaciones apuntan que habilitar parcialmente agosto no es una "gran medida" que vaya a contribuir de más a la agilización, pues se trata de un mes en el que los órganos siguen trabajando. Explican que debido a que no suele haber juicios, ni profesionales que acudan a las sedes judiciales para realizar sus consultas y realizar trámites, se suele sacar bastante trabajo adelante.
Por ello, creen que si se permiten todas las actuaciones judiciales entre el 11 y 31 de agosto, lo que se puede llegar a ocasionar es el efecto contrario al buscado. Además, recuerdan que una de las consecuencias de la crisis sanitaria es que los centros de día para mayores y dependientes continúen cerrados y que los colegios, como de normal en ese mes, también estén clausurados, por lo que piden al Ministerio medidas que garanticen la conciliación laboral y familiar para el cuidado de hijos menores y de personas a su cargo.
En cuanto a los turnos de mañana y tarde, los funcionarios no se oponen a esta medida, pero indican que para garantizar la seguridad de los trabajadores es necesario que se flexibilice la entrada y salida de los juzgados, así como la previsión de la limpieza y desinfección de las instalaciones entre ambos turnos para evitar contagios por coronavirus.
Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que se pretende que sean los funcionarios los que escojan voluntariamente trabajar por la tarde --entre las 14.00 y las 20.00 horas-, y por ello se buscarán acuerdos con los sindicatos para arbitrar la fórmula que se utiliza para cubrir los turnos.
Los sindicatos y asociaciones consultados ven con buenos ojos esta iniciativa y muestran su disposición a negociar, pero insisten en que el Ministerio no se debería haber "precipitado" en aprobar el decreto sin haber alcanzado este tipo de consenso previamente.
"Ninguna voluntad de acuerdo ni de consenso"
"El problema es que el Ministerio no ha tenido ninguna voluntad de acuerdo ni consenso para hablar de estas cosas", subraya el presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, Javier Jordán. Aún así, el sindicato propone la prolongación de jornada incentivada, aunque añade que no se puede valorar la efectividad de las medidas contempladas en el decreto sin conocer el plan de desescalada.
Al mismo tiempo, exige al Ministerio que dote de medios necesarios de protección individual a todos los trabajadores y que se realicen test fiables a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo. "No queremos promesas", advierte CSIF.
En la misma línea se manifiesta CCOO, que también demanda mascarillas, guantes para todo el personal de sedes judiciales, incluso la instalación de mamparas de protección, sino que también sugiere los turnos laborales sean voluntarios. En este sentido recuerda que el artículo 500 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe obligar la realización de turno porque puede colisionar con el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral y que la jornada de tarde será incentivada.
Por su parte, el vicesecretario general del STAJ, José Luis Fernández, opina que habilitar agosto "no tiene sentido" ni "utilidad" porque los funcionarios se coordinarán de otro modo para poder disfrutar de sus vacaciones, mientras que sí que afectará a abogados y procuradores, ya que para ellos sí que era su mes habitual de 'desconexión'.
Horario "rígidos"
El representante de STAJ ve con mayor preocupación establecer turnos de mañana o de tarde, si no se garantizan las distancias de seguridad y la salud de los funcionarios. Aunque asegura que cree que Justicia plantea esta medida con "buena intención", critica que se fijen horarios "rígidos" --de 08.00 a 14.00 horas y de 14.00 horas a 20.00 horas--, lo que conlleva a la eliminación la flexibilización de jornadas que los funcionarios ya tienen.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia comparte la opinión y sugerencias con el resto de sindicatos y recalca que el verdadero "problema" del real decreto es que "está escrito de tal manera que se puede adoptar cualquier solución".
Además, insiste en que es "absolutamente falso" que el Ministerio haya consensuado con ellos el contenido de la norma. Según ha explicado el presidente del CNLJ, Rafael Lara, él mismo pidió en varios ocasiones al ministro, cuando se reunió por videoconferencia con los secretarios judiciales el pasado miércoles, conocer las "líneas" del decreto y no las conocieron hasta unos días después cuando comenzó a "circular un borrador que no nos han trasladado".
La UPSJ asegura que la sensación que hay tras ver el borrador del real decreto-ley sin que estudiar las alegaciones de los funcionarios al respecto es de "desazón absoluta" y de "improvisación absoluta". "No hace falta correr tanto", dice el presidente de la asociación, Carlos Artal, que señala que la intención del colectivo es de "ir siempre en el mismo barco".
Aún así, Artal rechaza que todas las medidas de gran calado anunciadas afecten a los secretarios judiciales y que nunca se hable de jueces y fiscales. "Estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero no sólo deberíamos hacerlos nosotros", agrega al mismo tiempo que indica que durante el estado de alarma "siempre se ha tirado" de los letrados de la Administración de Justicia.
