El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene encima de la mesa la propuesta de reforma de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se atribuye al fiscal la instrucción penal y se reducen los delitos que son perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado, según se informó a Europa Press.
La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Justicia.
A la vista de las manifestaciones del ministro y de las opiniones doctrinales de los juristas integrantes de la comisión, se plantea un texto con la admisión del principio de oportunidad, una reducción de los delitos perseguibles por la acción popular para evitar abusos, la limitación de los delitos que son competencia del jurado popular y la simplificación de la compleja normativa sobre la emisión del veredicto.
Por lo demás, el Derecho de la Unión Europea exige incorporar modificaciones en la legislación procesal penal en materia de derechos de los detenidos y acusados o en el comiso de bienes procedentes del delito.
Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española.
El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como 'Sito Miñanco', por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.
En materia de recursos, un punto esencial que deberá abordar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal será la apelación contra sentencias absolutorias, dada la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que han puesto en jaque nuestro modelo.
Una ley del siglo XIX
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y, desde entonces, ha sufrido más de sesenta modificaciones parciales. La aprobación de una norma más moderna y completa ha sido uno de los grandes retos asumidos por los antecesores de Gallardón, aunque ninguno de ellos ha logrado sacarla adelante.
Lo más que se logró fue el anteproyecto que el socialista Francisco Caamaño llevó al Consejo de Ministros en el último año de legislatura. La falta de tiempo y consenso impidió la tramitación de aquella propuesta que daba la instrucción al fiscal y creaba la figura del juez de garantías, así como la del juez de control en la audiencia preliminar en la fase anterior al juicio.
Ruiz-Gallardón también asumió al inicio de su mandato el desafío de sacar adelante la reforma de una norma tan compleja. Transcurrido un año en el Gobierno, cuenta ya con un borrador que redefine el papel de los jueces y los fiscales que le ha sido entregado por la comisión de juristas presidida por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, doctor en Derecho Procesal que ha ocupado la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
El ministro ha apostado así por incrementar el protagonismo de los representantes del Ministerio Público en la investigación en el proceso penal, pero también por incorporar la figura de un juez de garantías que tutele los derechos de los ciudadanos y al que se puedan recurrir las decisiones del fiscal.
