Todo ello a pesar, según han denunciado a través de un comunicado, de que representan el 83% de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y sus competencias están limitadas a investigar a los pequeños o muy pequeños contribuyentes.
"Hacienda ha vuelto a defraudar a los técnicos del Ministerio de Hacienda, después de más de dos años y medio colaborando activamente en este proyecto de Ley para reforzar sus puntos débiles", ha criticado el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.
En su opinión, la limitación de competencias y responsabilidades pone "en tela de juicio" el cumplimiento del objetivo de la Estrategia 2050, presentada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que prevé situar la economía sumergida en el 15% del PIB en 2030.
Los técnicos consideran que al rechazar el aumento de sus competencias y responsabilidades será "inviable taponar el agujero de 38.000 millones de euros" que provoca la economía sumergida en España por el diferencial con respecto a la media europea.
En su opinión, seguirán centrados en la comprobación y cobro de los fraudes de particulares, autónomos y pequeñas empresas, mientras quedarán prácticamente impunes las evasiones de multinacionales y grandes fortunas .
Para Gestha, como primera consecuencia de la próxima ley contra el fraude, se mantendrá intacto "el agujero negro" por donde se "escapa" el 70% de la evasión.
Expertos independientes
No obstante, los técnicos de Hacienda han reconocido la medida que implica que por primera vez en España, expertos independientes evaluarán oficialmente la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y la elusión fiscal, por territorios, sectores económicos e impuestos.
Además, han destacado que se aumentarán las plantillas en el Ministerio entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos en la administración financiera hasta equipararlas en 2027 a la media europea.
Asimismo, los técnicos echan en falta otras medidas en la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, entre las que destacan el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias, su transparencia y el incremento de la prescripción tributaria a 5 y 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados, y la concreción de la baja tributación para considerar una jurisdicción no cooperante, que Gestha situaba en el mínimo del 15% que se está consensuando a nivel global.
