Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) de la AEAT

El [mal] uso de los algoritmos por la Administración tributaria

Tribuna
La Administración Tributaria (AEAT) y el uso o mal uso de la IA_img

En 2024, la AEAT aseguró que ninguna de sus decisiones descansaría, exclusivamente, en un sistema de Inteligencia Artificial y que la selección de contribuyentes no se haría con la misma. Sin embargo, un proyecto de ley orgánica, decaído por la convocatoria de elecciones generales, pretende reforzar el carácter reservado de sus sistemas algorítmicos. El problema no es que la Administración los utilice, sino que lo haga sin que nadie pueda saber cómo.

1. Lo que la AEAT prometió y lo que ahora se propone

Cuando la AEAT publicó en 2024 su Estrategia de Inteligencia Artificial (IA), acompañada de un documento de preguntas sobre su utilización, sostuve que había motivos para la tranquilidad. Se trataba de una IA supervisada, en todo momento, por personas, orientada, sobre todo, a la información y asistencia al contribuyente y a la prevención: asistentes virtuales, avisos en la campaña del IRPF o mensajes para advertir de posibles errores antes de presentar una declaración. La propia AEAT afirmaba, además, que sus actuaciones automatizadas no descansarían “en ningún caso de manera exclusiva” en el resultado de un sistema de IA, y que no existía ningún uso determinante de la misma en los procedimientos de control.

Aquellos compromisos siguen siendo valiosos, pero contenían una precisión que entonces pasó casi inadvertida. La AEAT excluía del concepto de IA los sistemas que se limitan a ejecutar reglas definidas por personas: el tratamiento masivo de datos, el análisis de redes y de riesgos o la robotización de determinadas actuaciones. Y añadía que la selección de contribuyentes se apoya, precisamente, en esas herramientas de análisis masivo, que no son IA.

La afirmación es técnicamente correcta, pero, desde la perspectiva de los derechos del contribuyente, la etiqueta importa poco. Un modelo de riesgo diseñado por personas puede ser tan opaco, tan sesgado y tan determinante como un sistema de aprendizaje automático. Lo decisivo no es cómo se denomina la herramienta, sino qué efectos produce y si es posible controlarlos.

Esa pregunta ha dejado de ser teórica. El 12 de junio de 2026 se publicó, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, que ha decaído por la convocatoria de elecciones generales. Su disposición final primera modifica la Ley General Tributaria (LGT), para, en palabras de su exposición de motivos, “reforzar el carácter reservado de los sistemas automatizados, algorítmicos y de IA utilizados en la prevención y control del fraude tributario”. La reforma se proyecta sobre el art. 116 de la LGT, que hoy declara reservado el Plan de control tributario, aunque admite que se publiquen los criterios generales que lo informan.

La Asociación Española de Asesores Fiscales, entre otros, ha propuesto enmiendas para que el contribuyente reciba, al menos, información inteligible sobre la lógica del sistema, cuando este influya en una actuación tributaria. Pero la dirección del proyecto es clara, si en el futuro de mantiene en sus mismos términos, y es que, de la reserva sobre los planes se pasa a la reserva sobre los instrumentos.

Resulta llamativo, por otra parte, que la medida se incorpore a una ley cuyo propósito declarado es garantizar un uso de la IA respetuoso con los derechos de los ciudadanos. Es ahí donde el uso legítimo de la tecnología puede deslizarse hacia su mal uso.

2. Cuando el algoritmo se usa mal

Conviene precisar, antes de nada, qué no es un mal uso. Que la Administración tributaria emplee herramientas de análisis de riesgos es legítimo y, con el volumen de información que maneja, inevitable. Tampoco es reprochable que no revele los parámetros concretos de sus modelos, pues lo contrario facilitaría su elusión. El problema aparece en tres escenarios distintos, que no siempre se presentan juntos.

El primero es la opacidad. Una cosa es reservar los umbrales y las ponderaciones de un modelo; otra, que el contribuyente seleccionado no pueda conocer siquiera qué datos se tuvieron en cuenta, de qué fuentes proceden o qué peso tuvo el sistema en la decisión de actuar. Una reserva, sin matices, convierte la selección en un acto sin explicación posible. Y como la selección de un contribuyente para su comprobación no suele ser, por sí misma, objeto de un control autónomo, la opacidad en esa fase traslada todo el peso de las garantías a las posteriores del procedimiento.

El segundo es la intervención humana, meramente nominal. La supervisión pierde su sentido si el funcionario se limita a validar lo que el sistema propone, sea por la carga de trabajo, sea por la confianza que inspira un resultado que parece objetivo. El llamado sesgo de automatización es bien conocido. La experiencia de los Países Bajos, donde el Tribunal de Distrito de La Haya declaró el 5 de febrero de 2020 contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos el sistema SyRI de detección de fraude, mostró el daño que se produce cuando un perfil de riesgo se convierte, de hecho, en una presunción de fraude.

El tercero es la sustitución de la motivación. El resultado de un algoritmo puede justificar que se inicie una comprobación, pero no puede ocupar el lugar de la prueba ni de la motivación que exige el art. 103.3 de la LGT. Una regularización ha de sostenerse sobre hechos acreditados en el expediente, no sobre una puntuación. Si la liquidación se limita a reproducir lo que el sistema ha detectado, sin una valoración propia de los hechos, el defecto no es tecnológico: es un defecto de motivación de los de siempre.

3. Garantías y consecuencias prácticas

Los Tribunales ya han empezado a fijar límites. La STS 1119/2025, de 11 de septiembre, reconoció a la Fundación Civio el acceso al código fuente de la aplicación con la que se verifica el derecho al bono social eléctrico. Su doctrina no puede trasladarse sin más al ámbito tributario, donde concurren intereses públicos de otra naturaleza, pero su idea de fondo es difícil de ignorar: la transparencia de los algoritmos públicos forma parte del control de la Administración y sus límites deben justificarse.

En el plano europeo, el Tribunal de Justicia ha ido más lejos. La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21, SCHUFA) consideró que la elaboración de una puntuación puede constituir, por sí misma, una decisión automatizada, cuando desempeña un papel determinante en lo que después decide un tercero. Y, en la de 27 de febrero de 2025 (asunto C-203/22, Dun & Bradstreet Austria), exigió explicar “el procedimiento y los principios concretamente aplicados” y rechazó que una norma nacional excluya, por principio, el derecho de acceso: los intereses en conflicto deben ponderarse caso por caso.

Es cierto que el art. 23 del Reglamento General de Protección de Datos permite limitar derechos por razones fiscales, pero solo mediante medidas necesarias y proporcionadas que respeten su contenido esencial. Una reserva general y sin excepciones, como la que parece anunciar el proyecto de ley orgánica, difícilmente encaja en ese molde.

El Reglamento europeo de IA no ofrece aquí mucho más. Su considerando 59 no califica como de alto riesgo, por esa sola circunstancia, los sistemas que las Autoridades tributarias emplean en procedimientos administrativos, lo que aleja de ellos el derecho a explicación de su art. 86. Ese vacío relativo hace más importantes, no menos, las garantías del Derecho interno. Los arts. 96.3 de la LGT y 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exigen identificar a los órganos responsables de programar, supervisar y, en su caso, auditar los sistemas con los que la Administración actúa de forma automatizada. Son preceptos que merecen invocarse más de lo que se invocan.

Desde una perspectiva práctica, conviene asumir que los algoritmos ya intervienen, al menos, en la detección de riesgos y en la priorización de actuaciones. Ello aconseja cuidar la coherencia de la información que la Administración recibe por múltiples vías, porque es esa coherencia la que los sistemas contrastan. Iniciado un procedimiento, resulta aconsejable solicitar el acceso al expediente y la identificación de los datos y fuentes que fundamentan la actuación, y exigir que la propuesta de regularización se apoye en hechos verificables y no en indicadores. Será necesario, en todo caso, analizar, caso por caso, si la falta de información ha generado una indefensión real, que es lo que, en definitiva, valorarán los Tribunales.

No se pide a la AEAT que renuncie a la tecnología, sino que el algoritmo quede sometido a las reglas de cualquier otro instrumento del poder público. En 2024 la AEAT nos aseguró que una máquina no decidiría nuestro destino tributario. La cuestión, hoy, es si podremos comprobarlo. Una Administración que exige transparencia al contribuyente no debería reclamar para sí una opacidad sin límites.


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