Estas son algunas de las propuestas trasladadas este viernes por su presidente, Carlos Cruzado, en su comparecencia ante el grupo de trabajo dedicado a políticas sociales de la comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica, ante la que reivindicado la necesidad de una reforma del sistema fiscal para hacer frente a los grandes problemas que detecta en el actual esquema tributario.
A su juicio, los grandes problemas que su sindicato detecta es una insuficiencia recaudatoria --60.000 millones de media separan a España de la media europea-- un insuficiente nivel de equidad y un elevado nivel de economía sumergida, que ha estimado entre el 20% y cerca del 25% del PIB.
En este sentido, ha descartado que su incidencia se relacione con un elevado presión fiscal --Alemania y Francia registran más presión y mucho menos economía sumergida, ha señalado--, sino en la conciencia y el control fiscal, así como en la transparencia y en la responsabilidad de la gestión pública y la corrupción.
En lo referente al control, ha lamentado que el nivel de efectivos y el gasto en prevención y lucha contra el fraude está a la mitad de los niveles europeos y de la OCDE, ha reclamado más competencias para los efectivos ya existentes y ha abogado por un cambio de estrategia en la Agencia Tributaria, "desplazando la lupa" desde las discrepancias en pequeñas rentas del trabajo "hacia bolsas de gran fraude". "Necesitamos más control a las grandes fortunas y grandes empresas", ha dicho.
Detecta un "gran agujero" en sociedades
Entre sus propuestas más concretas, en el IRPF ha asegurado que existe "margen suficiente" para subir las bases máximas, proponiendo nuevos tramos a partir de rentas superiores a 125.000, 175.000 y 300.000 euros, y tender hacia la equiparación entre la tributación de las rentas del trabajo y del capital, y considerando como "urgente" la exclusión de un tratamiento diferenciado el ahorro de rendimientos "especulativos".
En el Impuesto sobre Sociedades, ha destacado que es el único impuesto en el que no se han recuperado los niveles previos a la anterior crisis, con un "gran agujero" del 50% respecto a esos años, y ha reclamado tipos mínimos para la equiparación entre los diferentes grupos. Entre 2007 y 2016, las grandes empresas tributaron al 6,37% frente al 16% de las pymes, una tendencia que en 2018 reflejó una diferencia entre el 5,7% y el 15,14%, respectivamente.
Además, ha abogado por establecer mínimos y máximos en las exenciones, bonificaciones, deducciones y las escalas de gravamen en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y ha recordado la preocupación de los expertos designados para abordar el cambio de modelo de financiación autonómica en 2017 sobre la "competencia fiscal a la baja entre comunidades", con el riesgo de llevar la presión fiscal a "tipos indeseables" en figuras como Patrimonio o incluso la desaparición de Sucesiones.
Otras propuestas de Gestha es una mayor coordinación entre los diferentes niveles de administración tributaria, una base de datos fiscales única y compartida, más control parlamentario de la gestión, modificaciones en los tipos penales y administrativos por delitos e infracciones fiscales, así como sus plazos de prescripción, la especialización de jueces y fiscales y una regulación de los asesores fiscales, incluyendo su responsabilidad en casos de fraude.
