El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, el director del Servicio Público de Empleo Estatal y representantes de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, mantuvieron el pasado lunes una reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Choque para el Empleo, para analizar la prórroga del plan PREPARA tras la bajada de la tasa de paro que se situó en el 17,22% en el segundo trimestre del 2017, y las consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional que dispone que la ejecución y gestión de la ayuda económica del plan PREPARA compete a las CCAA, según ha informado el Ministerio de Empleo.
Gobierno e interlocutores sociales han acordado acelerar, en el marco del Diálogo Social y con las Comunidades Autónomas, la reconversión de los programas de protección por desempleo para parados de larga duración para mejorar la cobertura y adecuarlos al marco competencial, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 100/2017 de 20 de julio.
El Tribunal Constitucional considera en la mencionada sentencia que centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado el paro, contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.
La mesa de Dialogo Social de Plan de Choque por el Empleo ya estaba estudiando el refuerzo de los programas de orientación, formación, recualificación, intermediación y protección de desempleados de larga duración y mayores de 50 años con el objetivo de simplificar los programas complementarios existentes (PAE, PREPARA y RAI), de forma que se garantice una protección eficaz al desempleado y el respeto al marco competencial.
Tras la reunión con los interlocutores sociales, Empleo convocará próximamente a las CCAA a una reunión en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Plan Prepara, y consensuar un mecanismo extraordinario y temporal que permita garantizar la cobertura a potenciales beneficiarios del programa que se vieran afectados por ella desde la finalización prevista del mismo hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos mecanismos complementarios de protección fruto del citado proceso de revisión.
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