También ha asegurado que se preparan medidas para establecer sanciones a los gestores públicos que abusen de la temporalidad de los empleados públicos y que se agilizarán los procesos selectivos para acortar los tiempos de incorporación a las administraciones.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de ley de Presupuestos de 2021, Hernández Spínola ha defendido que el Gobierno está "muy comprometido" con los empleados públicos, recordando que al inicio de la legislatura aprobó un real decreto ley con el incremento salarial del 2% y ahora está negociando "en diciembre" la subida adicional del 0,3% que contemplaba la norma.
Asimismo, ha detallado que, en materia de Función Pública, se van a acometer una serie de reformas para la modernización "reflexiva" de las administraciones con el fin de que contribuyan al proceso de transformación económica y social.
Desarrollo del Estatuto y sanciones contra abusos de temporalidad
Para ello, prevé aprobar "en breve" para su tramitación el proyecto de Ley de Función Pública y de la Administración del Estado y se trabaja con el fin de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Tras la modificación del Estatuto en septiembre para regular el teletrabajo, ha indicado que ahora se busca mejorar el acceso a la Función Pública y reducir la temporalidad.
Con ese fin, se está acometiendo una revisión de las pruebas selectivas para agilizar los procesos selectivos que actualmente "se eternizan" y se demora la incorporación una media de dos años, algo que va a cambiar "radicalmente".
Respecto al objetivo de reducir la temporalidad, ha indicado que se ha logrado el "consenso" con las CCAA, y ahora se abordará con los sindicatos, para modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público y regular la figura de los interinos con el fin de evitar situaciones de abuso por temporalidad y que haya interinos "15, 20 o 25 años".
Además, se establecerá una serie de sanciones para erradicar todo tipo de abuso y mal uso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Según Hernández Spínola, el Ejecutivo va a buscar una solución en doble vía, con la modificación del artículo 10 del EBEP y dando una "solución legislativa" para los 660.000 empleados públicos temporales, algo que "no es fácil, que no se ha hecho y que es un problema de hace muchos años pero que se va a encarar". "Más pronto que tarde plantearemos una solución legislativa y en breve plazo se podrá discutir porque es voluntad de este Gobierno resolverlo cuanto antes", ha enfatizado.
En cualquier caso, ha recordado que se han aprobado los procesos de estabilización y una oferta de empleo público de 28.055 plazas este año, de ellas 9.000 de promoción interna, un 148% más y la mayor de la historia, si bien ha admitido que con estas convocatorias no se resuelve el problema de la temporalidad.
También ha concretado que la temporalidad en la Administración General del Estado es del 7,04%, por debajo de la meta del 8%, si bien las altas tasas de temporalidad se localizan en las CCAA (36%), las corporaciones locales (12%) o las universidades (44%).
Tasas de reposición
Preguntado sobre la posibilidad de que se incremente la tasa de reposición de la Policía, ha indicado que al situarse en el 115% y superarse por tanto el 100% se pueden "absorber las necesidades de Policía Nacional y Guardia Civil".
En este sentido, ha apuntado que la tasa de reposición general es del 100% por primera vez desde 2010, alcanzado el 110% en sectores prioritarios, para abordar el problema de envejecimiento, puesto que la media de edad de los empleados públicos es de 52 años y el 50% de los funcionarios del Estado se jubilará en menos de una década. Por ello, ha insistido en la necesidad de facilitar el acceso al empleo público para reponer las tasas de reposición.
Por último, ha defendido los PGE como "los mejores posibles" en el contexto actual y ha detallado que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública contará con 600 millones para cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, de ellos 30 millones el Ministerio y 570 millones para CCAA y corporaciones locales.
Los PGE de 2021 contemplan 2.509 millones para el Ministerio, un 15,6% más, si bien restando organismo autónomos como el INAP, Muface o el Consejo de Transparencia, asciende a 619 millones, un 74% más.
