La ministra de Justicia en funciones ha destacado que este proyecto “pretende evitar el desplazamiento físico de los agentes a las sedes judiciales, de manera que las actuaciones judiciales puedan desarrollarse desde las instalaciones de las unidades operativas con plena seguridad jurídica".
También permite que, por ejemplo, se puedan hacer actuaciones telemáticas con los juzgados por parte de detenidos en las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FFCCSE), con el fin de agilizar los procedimientos en los pequeños delitos o trámites en el proceso judicial. Al no tener que desplazarse hasta los juzgados, tanto para declarar como acompañar a declarantes, las FFCCSE pueden dedicar tiempo a otras tareas policiales.
Además de ventajas para las FFCCSE, también supone un avance para la ciudadanía. Por un lado, evita la victimización secundaria para los declarantes, al no tener que encontrarse con los agresores. Por otro, en los casos en los que las partes intervinientes en los juicios están enfrentadas y hay riesgos para la seguridad, se evita que coincidan en la comparecencia y se reduce el riesgo y la implementación de dispositivos de seguridad.
Financiación europea
Esta iniciativa, que se enmarca en las actuaciones promovidas por el Ministerio de Justicia para la promoción de la transformación digital del Servicio Público de Justicia, está dotada con nueve millones de euros de financiación europea para la mejora de la infraestructura tecnológica y la interoperabilidad con los sistemas judiciales.
Por el momento, se han realizado dos pruebas piloto con las provincias de Guadalajara y Cáceres, donde ya se ha renovado el equipamiento audiovisual necesario y se encuentran operativos los sistemas de videoconferencia en las dependencias de la Guardia Civil y Policía Nacional. Tras la validación de estas experiencias piloto, se está trabajando para hacerlo extensivo al resto del territorio nacional.
Esta actuación se ha implementado en colaboración con los jueces y letrados de la Administración de Justicia de esos territorios.
En este sentido, el 26 de abril, desde la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia se remitió un oficio a la Secretaría de Gobierno de Castilla la Mancha explicando las actuaciones y ventajas de este proyecto. Asimismo, se ha solicitado que los órganos judiciales prioricen la opción de comunicación a través de videoconferencia con las unidades de Guardia Civil y Policía Nacional que sean requeridas en actos judiciales.
