Fuentes del Departamento que dirige Cristóbal Montoro han explicado a Europa Press que estas sentencias reconocen la responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto y obligarían a Hacienda a pagar otros 1.000 millones a los afectados, cantidad que se uniría a lo que ya aceptó devolver Hacienda.
Una vez que la Justicia europea dictaminó que el 'céntimo sanitario' vulneraba la legislación, los afectados reclamaron la devolución de los 13.000 millones recaudados entre 2002 y 2011, pero la cantidad a devolver resultó muy inferior por la prescripción de muchos de los ejercicios en los que se aplicó el impuesto --de 2002 al tercer trimestre de 2009--.
Además, el Gobierno aplicó los mínimos exigidos por la directiva comunitaria sobre la fiscalidad de hidrocarburos, algo que obtuvo el visto bueno de Bruselas y restó 400 millones a la cantidad total.
Los recursos que ha estimado ahora el Supremo buscaban recuperar los pagos realizados en periodos ya prescritos y se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fueron rechazando las solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados.
El impacto de la cantidad que Hacienda aceptó devolver inicialmente en las cuentas españolas ya se contabilizó en su momento, y los 1.000 millones extra se tendrían que incorporar al déficit de 2016, aunque se trataría de una medida 'one-off', lo que supone que la cantidad no sería recurrente y sólo tendría impacto en las cuentas de un ejercicio.
