Así se desprende del Informe Anual de 2021 del Defensor del Pueblo, que recoge que "en ocasiones" los abogados asisten a sus defendidos en la zona de precalabozos, donde coinciden con la llegada de otros detenidos y de personas que van a ser trasladadas a otros juzgados o a la práctica de diligencias forenses.
"En otras ocasiones están presentes agentes de policía durante el interrogatorio, a una distancia en la que no resulta posible la confidencialidad", apunta el documento, que también llama la atención sobre el incumplimiento de "las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad sanitaria en el contexto de la COVID-19, que ha persistido durante todo el año 2021".
En su apartado relacionado con la supervisión de la actividad en la Administración de Justicia, el citado informe también se refiere a la queja de algunos ciudadanos que consideran que su problema no ha sido suficientemente estudiado cuando se les deniega su petición de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por insostenibilidad de la pretensión.
Actuaciones judiciales y notificaciones
Siguiendo en el punto del informe que se refiere a los abogados, los ciudadanos también presentaron quejas alegando que el abogado o el procurador de turno no dieron traslado de las notificaciones recibidas al cliente que las solicitaba.
"Los letrados y demás personal que trabaja en la oficina judicial (es decir, en el juzgado o tribunal en su vertiente de oficina administrativa) tienen el deber de facilitar a los interesados 'cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley'", recuerda la institución.
Asistencia jurídica a las ONG de defensa medioambiental
El dictamen también se refiere a un problema que el Defensor del Pueblo conoce desde 2016: la denegación del reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de defensa medioambiental.
En esta línea, y "a la vista de que en reiteradas ocasiones" los órganos dependientes del Ministerio de Justicia encargados de la concesión "han venido denegando la justicia gratuita a las ONG", la institución ha dirigido una comunicación al departamento de Pilar Llop para que "estas denegaciones no se repitan".
Atención registral
Por otro lado, el informe se para a estudiar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil en 2021, diez años después de su publicación. A lo largo del pasado año, "los registros han realizado enormes esfuerzos para hacer frente a los retrasos existentes en la práctica totalidad del trabajo asignado, pero las dificultades para reforzar el personal, como se verá a continuación, impiden que el usuario reciba una atención digna", apunta.
Pero es que, además, la implantación del sistema de cita para realizar los diversos trámites que, aparentemente, supone un avance en la calidad de la atención, "no ha mejorado el servicio al no ir acompañada de un refuerzo en el personal".
"Es cierto que la obtención de la cita ha acabado con las esperas en las puertas de las dependencias registrales, pero las demoras en la atención son las mismas o incluso superiores, dada la enorme dificultad para conseguir la cita a través de las aplicaciones correspondientes y la negativa de algunos de los registros a otorgarla en aquellos supuestos en los que el interesado acude directamente al registro", recoge.
El Defensor del Pueblo considera que "existen muchas incógnitas sobre el futuro en lo que se refiere a la atención registral al usuario, dado que es imprescindible una mayor implicación de la Administración para gestionar con eficacia este servicio".
"La Administración ahora tiene la oportunidad de demostrar que su objetivo es que los usuarios reciban una atención de calidad y para ello puede establecer un sistema flexible de incorporación de personal que evite la frustración que tiene el administrado cuando necesita utilizar los servicios del registro civil y la impotencia de los propios funcionarios que lo atienden", sostiene el informe.
Adquisición de la nacionalidad española
En este contexto, el documento también señala que "las dilaciones" para adquirir la nacionalidad española por residencia continúan. La institución requiere, para revertir esta situación, una mayor financiación que permita cumplir con la normativa que establece el plazo de un año para la resolución de estos expedientes.
