Javier Gómez Taboada: "Toda anticipación de impuestos debe estar en consonancia con una realista estimación de la carga fiscal definitiva"
Entrevistamos a Javier Gómez Taboada, abogado. Vocal de Estudios e Investigación de AEDAF
Los Consejos de Ministros de los días 14 de abril y 21 de abril aprobaron diferentes medidas en materia económica para tratar de ayudar a empresas, trabajadores autónomos y pymes y así paliar la actual situación con motivo del COVID-19.
Javier Gómez nos ofrece su visión sobre el impacto de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno.
- ¿Considera que estas medidas son eficaces para la situación actual de los autónomos, emprendedores, grandes empresas y pymes? ¿Cuál es la mayor urgencia a nivel económico que debería aprobarse cuanto antes por parte del Gobierno?
Las medidas adoptadas son eficaces en la medida en que provocarán algún efecto beneficioso que podrá ayudar a paliar la durísima situación en la que se encuentra nuestro tejido empresarial. Pero una cosa es que sean eficaces y otra, muy distinta, es que por sí solas sean suficientes.
A efectos fiscales, lo más urgente es una moratoria tributaria real y efectiva que adecúe la obligación tributaria a la genuina capacidad económica, del todo devastada tras el 13 de marzo.
- El Gobierno habló hace unos meses, antes de la crisis sanitaria, de trabajar en una reforma fiscal para 2021. Debido al COVID-19 el escenario ha cambiado, pero ¿qué reformas a nivel tributario podrían seguir adelante por parte del Gobierno? ¿Se crearán nuevos impuestos para obtener una recaudación que ayude a impulsar la economía? (Tasas, como la Tasa Google han generado incertidumbre, pues se ha hablado de que puede repercutir directamente al consumidor)
Es obvio que todo el escenario anterior al 13 de marzo ya no existe. Así las cosas, todas las perspectivas (reformas tributarias inclusive) que entonces estaban encima de la mesa, a día de hoy han caducado.
Habrá, pues, que partir de cero, tomando como base un análisis del todo realista de la situación. Habrá que adecuar la recaudación a un binomio no fácil: atender los crecientes gastos públicos y, en paralelo, cuidar el maltrecho tejido empresarial, velando por preservarlo. Para ello habrá que ser especialmente cautelosos y no ser “más papistas que el Papa”; es decir: evitar la creación de tributos que, en un entorno internacional competitivo, pudieran socavar el atractivo de España como foco de inversión o retrayendo el consumo doméstico.
- El Gobierno va a permitir que los autónomos que actualmente tributan por módulos del IRPF e IVA abandonen el sistema y pasen al de estimación directa este año sin tener que mantenerse en el nuevo régimen, ¿qué implicaciones tendrá esta medida?
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) hace mucho tiempo que venimos abogando por la desaparición del sistema de módulos; y ello por un motivo muy simple: bajo ese régimen, el contribuyente no tributa conforme a su genuina capacidad contributiva sino respecto a una mera estimación que puede diferir sustancialmente de su realidad económica. Así pues, todo lo que sea acercar la fiscalidad a la realidad económica subyacente, nos parece plausible por solidaria e igualitaria.
- Hacienda permitirá a las pymes tributar en función de los resultados del primer trimestre, y no de los del año pasado. ¿Qué opina sobre esta medida?
El régimen de pagos a cuenta tomando como referencia el último ejercicio declarado siempre ha sido una medida anticíclica pues ese retrovisor permite anticipar impuestos del ejercicio corriente sobre un resultado, no pocas veces, superior (que sería el prototípico escenario de recesión). Por ello, la adecuación del impuesto anticipado a la situación real del ejercicio corriente la celebramos: toda anticipación de impuestos debe estar en consonancia con una realista estimación de la carga fiscal definitiva. Y eso no es que lo diga AEDAF, que también, es que lo ha dicho el Tribunal Supremo.
- El inicio de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2019 comenzó en la fecha prevista, sin realizarse ningún retraso, ¿esto puede conllevar a que con la actual situación de crisis que sufren familias, trabajadores, etc. muchas de las declaraciones no se hagan de forma adecuada? ¿Surgirá un repunte de la economía sumergida que no pueda ser detectada? ¿Qué medidas se deberían llevar a cabo contra el fraude fiscal tal como nos encontramos hoy en día?
No vemos criticable tanto el mantenimiento de la fecha de inicio como la no demora de la fecha final. El 70% de las declaraciones salen a devolver y es obvio que hoy es relevante velar por que esos contribuyentes recuperen cuanto antes ese préstamo gratuito que le han hecho al Estado en forma de impuestos anticipados en exceso.
Pero eso no debe hacernos pensar que el saldo es negativo para la AEAT: la estimación lleva a unos 2.000 millones de euros favorables al erario; y ahí es donde hay contribuyentes que agradecerían ver demorada la fecha final de la campaña para poder diferir sus pagos.
Las oficinas de la AEAT permanecen cerradas. Si ellos -los funcionarios- no pueden trabajar en condiciones normales; tampoco los asesores podremos hacerlo, por obvios motivos sanitarios (desplazamientos imprudentes, manejo de documentación con riesgo de contagio, …). Ello fomentará que no pocas declaraciones se hagan en precarias condiciones, con el riesgo añadido de que se incurra en hipotéticas contingencias.
No es descartable un repunte de la economía sumergida habida cuenta de la crisis de liquidez que ya hay en muchos sectores. ¿En cuanto a medidas para paliarla? La normativa actual ya contiene sobrados medios, habiendo dotado a la AEAT de potestades exorbitantes para llevar a cabo esa lucha contra el fraude.
- Grandes empresas, pymes y autónomos se han encontrado con difíciles obstáculos para poder seguir con su negocio, lo que ha llevado a realizar ERTEs, cese de actividad, etc. Muchos de estos empresarios y trabajadores se encontrarán con que una vez pasado el estado de alarma, sus negocios tarden en volver al ritmo anterior o que incluso no lleguen a poder abrirse, ¿sería necesario impulsar la Ley de Segunda Oportunidad? ¿Qué medida debería poner en marcha el Ejecutivo Central para aliviar la crisis económica post coronavirus?
Esta cuestión excede el estricto ámbito fiscal; pero sí que parecería oportuno arbitrar todos los medios (legales, financieros, judiciales, …) para generar una cierta “red” que permita preservar el tejido empresarial. Entre otras, y no es menor, que no se produzca un colapso judicial; pero ello sin olvidar que cualquier medida de agilización procesal no puede hacerse con menoscabo alguno de su calidad. Celeridad, sí; pero seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, también.
- Con la previsible disminución de ingresos tributarios durante 2020 ¿qué escenario se plantea para 2021?
Difícil, muy difícil; ciertamente. El sector público habrá de obligarse a priorizar, focalizando su atención en aquellas partidas de gasto que sean estrictamente necesarias y descartando/aplazando las que lo sean. A la vez, debe ganar músculo y perder grasa: se trata de que sirva de correa de transmisión e incentivo de la iniciativa privada; no que la cercene con burocracia y trámites.