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Un juez exime de trabajar a una enfermera de Tarragona por ser grupo de riesgo

Un juez exime de trabajar a una enfermera de Tarragona por ser grupo de riesgo

Noticia

La trabajadora sanitaria denunció al Institut Català de la Salut (ICS) por negarle un permiso a pesar de que tiene una enfermedad respiratoria crónica.

Fabricar material de proteccion sanitaria

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Tarragona ha eximido de ir a trabajar a una auxiliar de enfermería de la UCI del Hospital Joan XXIII, que denunció al Institut Català de la Salut (ICS) por denegarle un permiso durante la emergencia sanitaria por el coronavirus al tener una enfermedad respiratoria crónica y enfermedad inmunodepresora: "Pedimos que las personas de grupo de riesgo no se expongan", ha explicado a la agencia Europa Press el abogado de la denunciante, José Antonio Bitos.

En el auto, el juez responde al recurso contra el ICS y da la razón a la sanitaria teniendo en cuenta el interés general a la salud pública, y es la primera vez en Cataluña que se adopta una medida similar para un trabajador sanitario, ha informado este lunes TV3.

En la petición de las medidas cautelarísimas, la mujer alegó que se había vulnerado su derecho a la igualdad con el resto de empleados públicos, además del derecho fundamental a la dignidad y a la vida y la integridad física.

El juez recuerda que el Contencioso Administrativo 2 de Tarragona ya ha acordado una medida cautelar similar para un agente de los Mossos d'Esquadra diabético, y que lo hizo basándose en la instrucción de la Generalitat sobre medidas preventivas y de protección a empleados públicos, que reconoce el derecho de los trabajadores con enfermedades crónicas a obtener un permiso.

Considera que en este caso se da el mismo supuesto, "pero además se dan tres circunstancias de riesgo: la enfermedad cardiovascular, enfermedad autoinmune y enfermedad pulmonar crónica como es el asma".

El juez cree que "debía haber obtenido un permiso por deber inexcusable" al ser una persona especialmente sensible a los efectos del coronavirus, y da a la Generalitat tres días para presentar alegaciones, aunque la resolución no admite recurso.