Así lo ha expresado en un comunicado el sindicato mayoritario del sector de Justicia tras reunirse junto a otras plataformas con el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. El Ministerio está ultimando el anteproyecto para traspasar la titularidad de los Registros Civiles a los registradores de la Propiedad Mercantil y de la Propiedad con la previsión de que puedan hacerse cargo de esta competencia en el periodo comprendido entre junio de 2014 y el 1 de enero de 2015.
Durante el encuentro, el subsecretario aseguró que los actos inscribibles obligatorios, como nacimiento, o defunción, seguirán siendo gratuitos para el conjunto de los ciudadanos. "De concretarse, sería una nueva rectificación en toda regla del ministro Gallardón, gracias a la presión ciudadana y de los colectivos que integran la Plataforma Justicia Para Todos", afirma en un comunicado.
CSI-F informa que ha obtenido el compromiso verbal de que este traspaso "de ninguna manera" supondrá una amortización de plazas, ni las cubiertas por personal interino, ni las del personal funcionario con plaza fija. En todo caso, según el Ministerio, se garantizará el mantenimiento de las mismas procediendo a una reordenación de efectivos en la actividad jurisdiccional.
Igualmente, se garantizará el empleo de los funcionarios destinados actualmente en la Dirección General de Registros y Notariado, reordenando su destino dentro de la de la Administración General del Estado. CSI-F exige que este compromiso se plasme en Mesa Sectorial con las diferentes organizaciones sindicales.
Reforma de las tasas
El sindicato ha asegurado que se mantendrá vigilante, no descartando ninguna movilización, hasta conocer los detalles del anteproyecto que prepara el Gobierno y ha valorado positivamente la modificación de la Ley de Tasas para reconocer a los funcionarios la excención del 60 por ciento en la segunda instancia, equiparándoles al resto de los trabajadores en el orden social.
No obstante, consiera que esta modificación es insuficiente porque las cuantías fijas que debe afrontar un empleado público son aún superiores (120 euros más en apelación y 180 en casación). "La Ley de tasas tampoco elimina la condena en costas (gastos de abogado y procurador de la parte contraria, cuando se pierde), convirtiéndose en un claro elemento disuasorio a la hora de defender los derechos laborales por parte de los empleados públicos", añade.
Por último, CSI-F ha aplaudido también que la futura Ley de Justicia Gratuita exima de las tasas a las organizaciones sindicales y órganos de representación en la defensa de los derechos laborales en lo Contencioso-Administrativo. El Ministerio ha trasladado a los sindicatos que los funcionarios volverán a recuperar su facultad de postulación para que puedan representarse a sí mismos sin abogado y procurador.
