Abogadas y abogados de toda España han podido deliberar, realizar y votar propuestas de mejora a esta norma orgánica en el marco del XIII Congreso de la Abogacía Española celebrado el 3 al 5 de mayo en Tarragona, Reus y Tortosa.
Estas propuestas de enmiendas elaboradas en sesiones deliberativas abiertas a todos los profesionales, y basadas en un sistema de ponencias y comunicaciones en el que han participado más de 1.500 abogados, han sido trasladadas ahora a los grupos parlamentarios.
Las propuestas resultantes del XIII Congreso de la Abogacía Española reclaman, entre otros puntos, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa.
Igualmente, se ha propuesto una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita que recoge las conclusiones adoptadas en el plenario deliberativo celebrado dentro de las sesiones del Congreso y que se refieren fundamentalmente a la cobertura en asistencia jurídica gratuita en los supuestos de designación judicial para asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional personal así como en la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio.
La gran mayoría de las 44 conclusiones aprobadas por el Congreso tienen por objeto realizar propuestas de mejora de este importante proyecto de Ley que, tras 45 años de Constitución Española, cerrará el círculo de garantías constitucionales del derecho de defensa, por medio de un desarrollo orgánico del derecho de defensa de la ciudadanía.
La Abogacía Española ha venido reivindicando y liderando desde hace más de una década el proceso de elaboración de esta norma que mejora los derechos de la ciudadanía y tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados. El proyecto de ley recoge ya algunas de sus peticiones en asuntos tales como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia, entre otros.
Sin embargo, la abogacía considera que la ley debe ser más concreta en asuntos como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o las sanciones del intrusismo, así como sobre los nuevos modelos de negocio.
Las propuestas contemplan asimismo la inclusión del establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, así como la adopción de un protocolo de amparo por todos los Colegios de la Abogacía, entre otras cuestiones relevantes para el derecho de defensa de la ciudadanía.
El proyecto de ley supone un paso adelante en materia de derechos de ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa y el asesoramiento legal.
