En su último informe en profundidad sobre el sector energético español, la agencia con sede en París recomienda también la introducción de impuestos adicionales al carbono, así como la implementación de otros mecanismos "para redistribuir progresivamente las tarifas de electricidad entre todos los actores del sistema energético".
A pesar de reconocer los avances realizados por España hacia el cumplimiento de sus objetivos para 2030, especialmente en la descarbonización y el aumento de la participación de las energías renovables en el sector eléctrico, así como la resolución del déficit de tarifa, la AIE señala que el mix energético en el país "sigue estando fuertemente dominado por los combustibles fósiles".
En particular, los sectores del transporte, la industria y la construcción "tienen un trabajo considerable por delante para cumplir los objetivos" en materia de descarbonización y una mayor proporción de energías renovables.
A este respecto, la AIE apunta que, mientras España mira hacia un futuro de mayor electrificación, un elemento esencial para lograr la transición energética será la competitividad de la electricidad frente a los combustibles fósiles, por lo que el país "debería considerar cambios en su sistema tributario, en particular para incorporar el coste del carbono en los precios de uso final".
En este sentido, considera que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, recientemente anunciado, supone un paso significativo en la dirección correcta para redistribuir los costes de la electricidad en todo el sistema energético y promover así una mayor electrificación.
"Los precios y los impuestos son elementos críticos para impulsar cambios en el comportamiento del consumidor", advierte la AIE en su informe, donde señala que "las facturas de electricidad, impuestos incluidos, en España siguen siendo relativamente elevadas, sobre todo en comparación con los niveles de impuestos del petróleo y el gas natural".
Además del nivel relativamente más elevado en España de los impuestos a la electricidad que a los combustibles fósiles, la agencia señala que
España no tiene impuestos basados en el carbono, solo los costes relacionados con el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para la industria y las centrales eléctricas.
"España reconoce sus niveles relativamente bajos de impuestos ambientales dentro de la UE", apunta el documento, señalando que estos impuestos respaldarían efectivamente la implementación de las medidas del Plan Nacional de Energía y Clima (PNEC) internalizando los costes ambientales y acelerando la transformación hacia una economía baja en carbono.
No obstante, advierte de que el avance de la fiscalidad ambiental en España también es un desafío debido a la necesidad de llegar a un consenso entre las diferentes comunidades autónomas con competencias para ciertos impuestos, además de los retos en la implementación y gestión de los mecanismos de recaudación tributaria.
Asimismo, la AIE destaca que España ha presentado planes ambiciosos para transformar su sistema energético, lo que requiere un fuerte apoyo político para garantizar las inversiones necesarias, señalando entre las metas del Gobierno la ampliación de las instalaciones de energías renovables en hogares y empresas, así como la promoción del uso de energías renovables para la industria y la calefacción, así como el apoyo a la producción de biocombustibles avanzados, gases renovables e hidrógeno.
"España tiene importantes recursos de energía renovable que pueden impulsar la transformación de su sistema energético y ayudar a alcanzar sus ambiciosos objetivos", dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, para quien la recuperación económica actual de la crisis de la Covid-19 "presenta a España una oportunidad importante para adelantar las inversiones en energía limpia durante los próximos tres años.
Seguridad energética e interconexiones
Desde una perspectiva de seguridad energética, la AIE destaca que, aunque España sigue dependiendo en gran medida, con un 73% de dependencia, de fuentes extranjeras para su garantizar su consumo de energía, sus fuentes de petróleo y gas están relativamente bien diversificadas y el Gobierno cuenta con sólidos marcos de respuesta a emergencias en el caso de un ruptura.
En este sentido añade que, a pesar de que las nuevas políticas y el aumento de la electrificación reducirán la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, advierte de que, ante el rápido cierre de las instalaciones de carbón y nucleares previsto durante la próxima década, podría incrementarse la demanda de gas natural del país, especialmente si no se puede construir nueva capacidad de energías renovables tan rápido como planificado.
Por otro lado, sostiene que la interconectividad energética con otros países europeos también representa un elemento crítico para mejorar la seguridad del suministro de España.
A este respecto, advierte de que, si bien los proyectos eléctricos con Portugal registran progresos, la interconexión existente con Francia a menudo está congestionada y los nuevos proyectos se han retrasado, lo que ha provocado que España no alcance sus objetivos de interconexión de la UE del 10% para 2020 y ponga en riesgo su objetivo del 15% para 2030.
