El inicio de un expediente sancionador supone que Bruselas da un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomará para corregirlas.
En caso de no resolverse la situación, el expediente cuenta con dos fases más, el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, si persiste la irregularidad, denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de a España, los servicios comunitarios han enviado cartas de emplazamiento a otros cinco países que no han dado los poderes correspondientes a su autoridad competente o ni siquiera han designado a un "coordinador de servicios digitales", que en el caso de España es la CNMC.
Los Estados miembro tenían hasta el 17 de febrero de 2024 para a sus respectivos coordinadores de servicios digitales, encargados de supervisar a los intermediarios online (como las grandes plataformas) establecidos en su territorio y son el primer punto de contacto para que las personas y las empresas resuelvan quejas relacionadas con ellos.
