El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha comenzado la tramitación de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Responde a la necesidad de complementar la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, centrándose en el impacto que tiene el entorno construido, estableciendo un nuevo enfoque que integre con visión holística las transformaciones urbanas, protegiendo y avanzando, a su vez, en los valores culturales del entorno y evitando que disminuya su calidad. Se potencia la dimensión cultural de la arquitectura para garantizar el principio de habitabilidad y sostenibilidad de las ciudades y de la calidad del entorno construido. Con ello se pretende mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, contribuyendo con ello a una mejor cohesión social.
El proyecto de norma está inspirado por la Declaración de Davos de 2018 que define una posición común europea en pro de la calidad del entorno construido, crucial para dirigir las transformaciones urbanas impulsadas, tanto por las políticas europeas como las de sus estados miembros, y las estrategias y agendas urbanas correspondientes que transformarán nuestras ciudades en los próximos años. En particular la ley responde a los objetivos de la Agenda Urbana Española de 22 de febrero de 2019 y al principio de utilización racional del suelo, del patrimonio urbano y arquitectónico, y contribuirá al desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión social, económica y medioambiental. Para ello, no es suficiente garantizar que la construcción de edificios que desde el punto de vista técnico sean capaces de perdurar en el tiempo en condiciones de seguridad y habitabilidad, sino también de cuidar las relaciones de afección con el entorno, su vinculación con lo existente, las relaciones sociales y calidad de vida de los ciudadanos.
Se trasciende el mero hecho de edificar y se introduce en nuestro ordenamiento jurídico la “cultura del habitar” tan difundida en Europa desde la Declaración de Davos, que afirma que “el diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.
La futura ley deberá tutelar la modificación del entorno construido con el fin de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad, la adaptación a las nuevas formas de vida que demandará la sociedad. Desde esta nueva perspectiva, se pretende completar el actual marco jurídico para facilitar el impulso de la rehabilitación y de la renovación urbana bajo las directrices de la Agenda Urbana Española, garantizando con ello la capacidad de dar una respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.
Los objetivos básicos de la futura norma serán Impulsar la calidad del entorno construido, como elemento básico para la mejora de la calidad de vida de las personas; promover el enraizamiento social de la arquitectura como herramienta que permita conectar y acercar personas de distintas sensibilidades, así como desarrollar procedimientos que permitan la participación e integración de profesionales y ciudadanos; contribuir al desarrollo sostenible del territorio y los núcleos de población, y facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.
La nueva ley debe saber dar respuesta a los grandes impactos derivados del cambio climático que estamos experimentando, y también contribuir al desarrollo del potencial de crecimiento económico y de empleo que posee la mejora de la calidad del entorno construido, toda vez que se protege y salvaguarda el patrimonio cultural y natural de nuestro país.
En definitiva, esta ley debe pretender dotar de calidad al entorno edificado como con el fin de garantizar la mejora de las condiciones de vida y contribuir al bien común y la cohesión social. Se trata de “trascender el hecho de construir un edificio” y, en palabras del legislador, de “promover valores como la cohesión social, la supresión de desigualdades y discriminaciones, la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para responder a escenarios futuros, la generación de distintas identidades o la investigación e innovación”.
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