Así lo reclama la resolución aprobada por los eurodiputados el pasado viernes con 550 votos a favor, 128 en contra y diez abstenciones. En ella, la Eurocámara aboga por adoptar "medidas radicales" para atajar las repercusiones laborales y sociales de la crisis.
Se trata de un texto en el que el Parlamento Europeo traslada su posición de cara a las próximas directrices para el empleo, que deben aprobar los Estados miembros tras consultar a los eurodiputados y después sirven de base para las recomendaciones económicas a cada país en el marco del llamado 'semestre europeo'.
Según los eurodiputados, la inclusión social y el bienestar de las personas deben situarse "en el centro de la política económica" de la UE. "En un contexto en el que los problemas causados por la pandemia se ven agravados aún más por las precarias relaciones laborales y la desregulación del mercado laboral, proponemos un camino alternativo tan obvio como urgente", ha destacado el eurodiputado portugués de Izquierda Unitaria Europea (GUE), José Gusmao, responsable del informe.
Así, piden abogan poner el foco en la lucha contra el desempleo juvenil y la pobreza y adoptar medidas para resolver los problemas de acceso a la vivienda. También piden acelerar los esfuerzos para cerrar la brecha de género tanto en salarios como en pensiones.
Por otro lado, defienden que sólo las empresas que no tienen su sede en paraísos fiscales, respetan los convenios colectivos y no distribuyen dividendos o bonificaciones a sus directivos deben poder beneficiarse del fondo europeo para el empleo (SURE, por sus siglas en inglés) que servirá a los gobiernos para financiar el gasto en ERTE.
