Entre ellos, se encuentra el compromiso por parte del Gobierno de desarrollar medidas que, en el plazo de un año, permitan que los ciudadanos en su totalidad gocen de una conexión mínima de 100 Mbps por segundo. Asimismo, el derecho de los ciudadanos a no recibir llamadas indeseadas también entrará en vigor en el plazo de 12 meses.
La nueva ley transpone una directiva europea y garantiza nuevos derechos para los usuarios como una mayor transparencia en los contratos de los operadores o la reforma del servicio universal, que incluirá la conexión a Internet y excluye las cabinas.
Otros aspectos incluidos son la limitación de la duración de los contratos a 24 meses, la primera regulación de los paquetes de servicio, la ampliación de los derechos de portabilidad y la conservación del saldo de un móvil prepago al cambiar de operador.