La tutela cautelar inaudita parte y la subsanación de defectos procesales

La primera pregunta - ¿debe inadmitirse el recurso sin resolv...

La primera pregunta ¿debe inadmitirse el recurso sin resolver la petición cautelar cuando el recurrente no acredite la postulación y su habilitación para actuar ante los tribunales? debe ser contestada en sentido negativo, pues en determinados casos estará justificado pronunciarse sobre la medida cautelar, aunque el escrito de interposición adolezca de algún defecto que pueda ser subsanado a posteriori.

La segunda pregunta ¿Se puede adoptar una tutela cautelar condicionada a la posterior subsanación de los defectos procesales advertidos? merece una respuesta positiva. Constituye un principio general la posibilidad de subsanar los defectos procesales, y así lo ha previsto el Legislador, tanto con carácter general -art.243.3 LOPJ -EDL 1985/8754 y art.231 LEC -EDL 2000/77463 como en nuestra jurisdicción -art.130 LJCA -EDL 1998/44323--.

Las razones que lo justifican derivan de los mismos principios generales, como pasamos a exponer.

La justicia cautelar se considera una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva del art.24.2 CE -EDL 1978/3879 -STC 218/1994 -EDJ 1994/10566-, y otras muchas-. Su finalidad y razón de ser es asegurar la efectividad de la sentencia que en su momento pueda dictarse y evitar los perjuicios que el transcurso del tiempo hasta ese momento pueda producir.

Y la importancia de las medidas cautelares en esta jurisdicción es, si cabe, más relevante aún, teniendo en cuenta la privilegiada posición de la Administración y la maquinaria de que dispone para llevar a efecto sus decisiones. Los hechos consumados son el principal enemigo de la ejecución de sentencia y una de las bazas con las que cuenta la Administración para eludir el cumplimiento de una sentencia estimatoria y, por tanto, anulatoria de la actuación administrativa.

Desde luego, la interposición de un recurso contencioso-administrativo exige el cumplimiento de ciertas formalidades, también la solicitud de una medida cautelar pero su incumplimiento no conlleva sin más la inadmisión del recurso o de la solicitud, pues la ley procesal establece la posibilidad de subsanar el defecto en caso de que se advierta la falta de alguno de estos requisitos, mediante requerimiento dirigido al interesado para que se cumplimente en el plazo que se fije.

Las normas no pueden ser interpretadas en abstracto sino atendiendo a las circunstancias del caso. Si, por ejemplo, la urgencia o premura de la decisión cautelar exigen una decisión inmediata, incompatible con efectuar un requerimiento y esperar la contestación del interesado, proceder de forma ortodoxa de acuerdo con la literalidad de la norma haría inútil la solicitud.

Como en otras ocasiones, es preciso subrayar que el procedimiento no constituye un fin en sí mismo, sino que es el medio para la satisfacción de las pretensiones que se ejerciten por las partes. No debemos olvidar que los vicios procesales deben ser examinados con cierta cautela, pues su estimación impide el correcto examen de las cuestiones de fondo. La decisión cautelar afecta directamente a un derecho fundamental, lo que obliga a realizar una interpretación favorable a la efectividad del derecho, tal y como el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente -STC 93/1984 -EDJ 1984/93 y otras muchas-.

La propia LJCA -EDL 1998/44323 regula determinados supuestos que se separan de las reglas generales, como son la posibilidad de solicitar medida cautelar en supuestos de especial urgencia sin oír a la parte contraria -art.135 -EDL 1998/44323--, o la solicitud presentada antes de interponer el recurso -art.136.2 -EDL 1998/44323--. Son casos en los que el legislador acepta y regula expresamente que se reduzcan las formalidades previas por la necesidad de efectuar un pronunciamiento inmediato sobre la cuestión cautelar.

En relación a este último supuesto, el ATS de 19 enero 2021, rec.13/2021 -EDJ 2021/500750-, rechaza esta posibilidad para supuestos distintos de los previstos en el art.136.2 LJCA -EDL 1998/44323-, referidos a la inactividad y a la vía de hecho, aunque del ATS de 29 junio 2020, rec.150/2020 -EDJ 2020/583138-, parece deducirse lo contrario, cuando expresamente dispone que «no dejaremos de señalar que esta posibilidad, reconocida de manera explícita en el art.136.2º LJCA para cuando se ejercita la acción judicial en los supuestos de los art.29 y 30 LJCA -EDL 1998/44323-, ha sido admitida por la jurisprudencia de esta Sala para el caso de medidas cautelares previas a la interposición de recurso contra otras formas de actividad administrativa impugnable, si las circunstancias del caso justificaban la urgencia».

La propia solicitud de medida cautelar no deja de incluir, tácitamente al menos, una voluntad de interponer el recurso contencioso-administrativo contra la resolución cuya suspensión se pretende.

En cualquier caso, la posibilidad de adoptar una medida cautelar bajo la condición de cumplir con posterioridad un determinado presupuesto no debería alarmarnos -en contra de lo que se argumenta en los dos votos particulares del ATS 29 junio 2020, rec.150/2020 -EDJ 2020/583138--, pues así sucede con frecuencia en la práctica cuando se acuerda la medida condicionada a que la parte aporte en plazo la caución o fianza suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse.

Y recordemos que las reservas que puedan tenerse en cuanto a permitir la adopción de medidas cautelares previamente al cumplimiento de ciertos requisitos formales, por su posible uso abusivo o fraudulento -objeciones que se hacen también en los dos votos particulares-, decaen desde el momento en que el propio art.136.2 LJCA -EDL 1998/44323 establece que, de no interponerse el recurso, no sólo quedarían automáticamente sin efecto las medidas acordadas, sino que el solicitante deberá indemnizar los daños y perjuicios que la medida cautelar haya producido. Por ello, no se comparten los argumentos empleados en los votos particulares y las sospechas que se hacen recaer sobre los recurrentes y solicitantes de la medida, pues cuesta creer que un procurador actúe voluntariamente sin representación, o que los solicitantes acudan al tribunal por otro motivo que no sea la salvaguarda de sus legítimos intereses.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha aceptado la posibilidad de que un órgano judicial incompetente pueda resolver la medida cautelar para luego tramitar las excepciones procesales -ATS de 13 julio 2021, rec.247/2021 -EDJ 2021/625634--, si la urgencia del caso así lo exige.

En conclusión, es preciso recordar que el proceso judicial está dirigido a la satisfacción de pretensiones y que no debe entenderse como una carrera de obstáculos dirigida a evitar un pronunciamiento sobre el fondo, por lo que los defectos y óbices procesales no deben ser interpretados estrictamente más que en los casos en que se aprecia una voluntad rebelde y persistente al cumplimento de aquéllos, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

Son dos las cuestiones que se someten a nuestra consideración...

Son dos las cuestiones que se someten a nuestra consideración, a saber:

1º La posibilidad de resolver sobre medidas cautelarísimas antes de haberse subsanado la falta de poder de procurador del solicitante y,

2º La viabilidad de las solicitudes de medidas cautelares solicitadas con carácter previo a la interposición del recurso contencioso administrativo en supuestos distintos de los contemplados en los arts.29 y 30 de la L 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -LJCA -EDL 1998/44323-, a los que se contrae el art.136 -EDL 1998/44323 de la citada Ley.

Pues bien, por lo que se refiere a la primera de las cuestiones suscitadas, cumple manifestar que la subsanabilidad del defecto de representación ha sido reconocida entre otras, en la STS de 30 junio 2021 -ROJ: STS 2603/2021 ECLI:ES:TS:2021:2603 -EDJ 2021/618681- que sienta la siguiente doctrina: &ldquo-&hellip no cabe declarar la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en el que el/la Procurador/a no acompañe con el escrito que lo inicie el poder para pleitos o la designación apud acta que acreditarían su representación, incluso aunque estos no se hubieran otorgado aún, si lo hace dentro del plazo de diez días desde que fue requerido/a para ello y aunque al aportar uno u otra hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición de aquel recurso.-&rdquo.

Así las cosas, nada impide admitir a trámite la solicitud de medidas cautelares presentada al amparo de lo dispuesto en el art.135 LJCA -EDL 1998/44323 aun cuando no vaya acompañada del correspondiente poder de representación, condicionado a que el defecto advertido sea subsanado en el plazo fijado en el oportuno requerimiento realizado a tal efecto.

Dicho lo anterior, recordemos que el art.135 LJCA -EDL 1998/44323 autoriza, excepcionalmente, que se conceda, sin audiencia de la parte contraria, la adopción de medidas cautelares en aquellos supuestos en los que el Juez aprecie la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia alegadas por el solicitante y que la correspondiente resolución habrá de dictarse en el plazo de dos días.

La brevedad de este plazo, justificado por la &ldquourgencia invocada&rdquo hace imposible demorar la resolución de la solicitud de medidas cautelares inaudita parte y esperar al transcurso del plazo de subsanación del defecto de postulación concedido al efecto.

Por lo expuesto, en mi opinión, deberá examinarse de forma preferente si efectivamente concurre la situación de especial urgencia que se erige como presupuesto básico que justificaría, en su caso, la adopción de la medida cautelar inaudita parte del art.135 LJCA CITA -EDL 1998/44323 y, en caso de que se apreciase, entrar a resolver la solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el art.130 de la misma ley -EDL 1998/44323-, aun cuando no haya sido subsanada la falta de poder de procurador puesto que, de no hacerlo así, se privaría al interesado de la tutela cautelar que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva. No obstante, la medida acordada decaerá si finalmente no se subsana el defecto de postulación.

Ahora bien, en caso de que no concurran los motivos de urgencia invocados, se denegará la medida cautelarísima solicitada y se acordará la tramitación del incidente cautelar conforme al art.131-EDL 1998/44323 una vez una vez haya sido subsanado el defecto de postulación en el plazo concedido, archivándose la pieza separada de medidas cautelares en caso contrario.

Sobre la segunda de las cuestiones que se someten a nuestra consideración, recordemos que el art.136 LJCA -EDL 1998/44323 dispone que en los supuestos de inactividad administrativa a que se refiere el art.29 LJCA -EDL 1998/44323 o en los constitutivos de vía de hecho que contempla el art.30 LJCA -EDL 1998/44323-, las medidas también podrán solicitarse antes de la interposición del recurso contencioso administrativo, tramitándose conforme a lo dispuesto en el artículo precedente [&hellip]».

Por lo que se refiere a la viabilidad procesal de la solicitud de medidas cautelares previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo en casos distintos a los contemplados en el art.136 LJCA -EDL 1998/44323-, el Auto de la Sala 3º del TS de 29 junio 2020 -ROJ: ATS 4057/2020 ECLI:ES:TS:2020:4057A -EDJ 2020/583138- entró a resolver la medida cautelarísima inaudita parte solicitada antes de la interposición del recurso contencioso administrativo, consistente en la suspensión de un proceso de selección para el acceso a plazas de formación sanitaria.

En el citado Auto, la Sala señaló lo siguiente: &ldquo-&hellip Todavía en el ámbito de la viabilidad procedimental de la pretensión cautelar -&hellip no dejaremos de señalar que esta posibilidad, reconocida de manera explícita en el art.136.2º LJCA -EDL 1998/44323 para cuando se ejercita la acción judicial en los supuestos de los art.29 y 30 LJCA -EDL 1998/44323-, ha sido admitida por la jurisprudencia de esta Sala para el caso de medidas cautelares previas a la interposición de recurso contra otras formas de actividad administrativa impugnable, si las circunstancias del caso justificaban la urgencia. En este caso, hemos de tener en cuenta la singular situación de estado de alarma y restricción de libertad de desplazamientos derivada del estado de alarma por causa de la pandemia de la COVID-19, y la naturaleza del proceso de concurrencia competitiva, que implica a multitud de interesados en distintos puntos geográficos, por lo que la coordinación con su defensa pueda haber resultado afectada por estas circunstancias. No obstante, en la parte dispositiva de este auto se requerirá a los actores para que formalicen sin dilación el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo.&rdquo Tras ello procede a examinar las medidas solicitadas conforme a los parámetros del régimen de medidas cautelares contenidos en el art.130 LJCA -EDL 1998/44323-, valorando las circunstancias concurrentes a los efectos de la posible pérdida de la finalidad legítima y que la medida interesada no cause perjuicio grave a los intereses generales o de terceros.

Dicho lo anterior y dando respuesta la cuestión que se nos plantea, en mi opinión, la posibilidad de solicitar medidas cautelares previas a la interposición del recurso administrativo ha de circunscribirse única y exclusivamente a los casos expresamente previstos en el art.136 LJCA -EDL 1998/44323-, ya que la ley no da cobertura a su extensión a otros supuestos no contemplados en el citado precepto. Esta postura vendría avalada por el Auto de 19 enero 2021 -ROJ: ATS 16/2021 ECLI:ES:TS: 2021:16A-, en el que la Sala 3º Tribunal Supremo rechazó la medida cautelarísima previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo, solicitada al amparo del art.135 LJCA -EDL 1998/44323-, consistente en «[&hellip] la suspensión del Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas para la aplicación del RD 926/2020, de 25 de octubre -EDL 2020/32743-, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, únicamente en lo que respecta a la limitación de los lugares de culto sin tener en cuenta su aforo [&hellip]. El citado Auto expone que es en el art.136 LJCA, donde se regula la posibilidad de solicitar medidas cautelares antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo y que dicho precepto tan solo contempla los supuestos de los arts.29 y 30 LJCA -EDL 1998/44323-, esto es, los casos en que la actividad administrativa impugnable consista en la actividad prestacional a que se refiere el art.29 LJCA o en la vía de hecho que contempla el art.30 LJCA, categorías en las que no cabe incardinar la actividad administrativa que se propone impugnar la solicitante de la medida.

Como se razona en el Voto Particular formulado por la magistrada del Tribunal Supremo Excma. Sra. Dª Pilar Teso Gamella al Auto de 29 junio 2020 -rec.150/2020 -ROJ: ATS 4057/2020 -EDJ 2020/583138-,&rdquo las medidas cautelares no son, y no deben ser, según el régimen jurídico que dibuja la LJCA, un fin en sí mismas, al margen del proceso y desvinculadas del mismo&rdquo al tiempo que recuerda que &ldquola regla general consagrada en la LJCA es la que medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier estado del proceso -art.129.1 LJCA -EDL 1998/44323--, pero desde el mismo momento en que se inicia y no antes&rdquo, de manera que el art.136 viene a establecer una excepción única y exclusivamente, para los supuestos de inactividad y vía de hecho, por referencia a los arts.29 y 30 LJCA -EDL 1998/44323-.

Así las cosas, fuera de los supuestos contemplados en el art.136 LJCA -EDL 1998/44323-, la adopción medidas cautelares previas al recurso pueden ser articuladas como una herramienta no conectada necesariamente a la promoción de un proceso principal y ser utilizadas como como un fin en sí mismo, perdiendo el solicitante de las medidas el interés en el recurso una vez obtenida y ejecutada la tutela cautelar, vaciando de contenido el recurso.

A todo ello cabe añadir que, en el examen de las medidas cautelares al amparo del art.129 y 130 o del art.136, ambos de la LJCA -EDL 1998/44323-, los presupuestos de los que debe partirse son distintos y, a mi juicio, este hecho avala la conclusión de que fuera de los supuestos excepcionales previstos en el art.136 LJCA, no es posible admitir medidas cautelares respecto de un acto administrativo que no ha sido impugnado.

A estos efectos conviene recordar que el art.130 -EDL 1998/44323 dispone que &ldquoprevia valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, &ldquola medida cautelar podrá acordarse&rdquo únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso&rdquo, mientras que en el art.136 -EDL 1998/44323-, la adopción de la medida cautelar -de carácter positivo por pura coherencia con los supuestos a los aparece circunscrita es la regla general y así, dice el precepto que &ldquoen los supuestos de los arts.29 y 30 -EDL 1998/44323-,&rdquo la medida cautelar se adoptará&rdquo y como excepción prevé únicamente &ldquoque se aprecie con evidencia que no se está ante supuestos de inactividad o vías de hecho o la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderará en forma circunstanciada&rdquo.· Así, en este caso, la adopción de la medida exige un pronunciamiento indiciario sobre la posible existencia de vía de hecho o inactividad y la ausencia de perjuicios a los intereses generales o de tercero. Nada más. No se contempla como parámetro de valoración la pérdida de la finalidad legítima del recurso lo que es coherente con el hecho de que la medida se solicite en ausencia de recurso. Tampoco el precepto contiene referencia expresa a &ldquorazones de urgencia&rdquo como criterio habilitador de la admisión de medidas cautelares previas al recurso.

Para terminar, resulta conveniente recordar que el art.730.2 L 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, autoriza la solicitud de medidas cautelares antes de la demanda si el solicitante alega y acredita razones de urgencia o necesidad, precisando el Auto de la AP Madrid, sec 28, del 28 junio 2019 ROJ:AAP M 2546/2019 ECLI:ES:APM:2019:2546A -EDJ 2019/670028-, entre otros muchos que en dicha resolución se citan, que la necesidad o urgencia ha de relacionarse necesariamente con la existencia de motivos que impidan o dificulten gravemente al solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora del procedimiento principal, con la que de ordinario han de solicitarse las medidas cautelares, citando a título de ejemplo, los supuestos de imposibilidad de redactar una demanda en atención a su complejidad, la necesidad de elaborar informes periciales para su debida fundamentación, la dificultad de acceder a datos necesarios para fundamentar la demanda o de obtener los documentos que han de acompañarla.

Sin embargo, dicho precepto no es aplicable a la jurisdicción contencioso administrativo con carácter supletorio por cuanto que la L 29/1998, de 13 de julio, contiene una regulación propia de las medidas cautelares previas al recurso en su art.136 -EDL 1998/44323-, a cuyo tenor literal debemos ajustarnos.

Resulta evidente que, como cualquier otra pretensión que se e...

Resulta evidente que, como cualquier otra pretensión que se ejercita en el proceso, la solicitud de tutela cautelar debe ajustarse a los requisitos previstos en la normativa rituaria.

Sin embargo, la realidad desborda los límites del proceso y, en ocasiones, se plantean situaciones de extrema urgencia en las que resulta difícil armonizar la satisfacción de los fines a los que sirve la justicia cautelar y el cumplimiento de las exigencias y los requisitos procesales -nadie puede servir a dos señores a la vez, nemo potest duobus dominis servire simul-.

En principio, los defectos procesales no deben ser un óbice al otorgamiento de la medida cautelar.

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en el auto de 20 junio 2020 -rec.150/2020 -EDJ 2020/583138-, con base en el principio de subsanabilidad de defectos procesales -art.138 LJCA -EDL 1998/44323 y art.231 LEC -EDL 2000/77463-, de aplicación supletoria-, afirmando que: &ldquoconforme a reiterada doctrina jurisprudencial, los meros defectos formales no pueden ser óbice al otorgamiento de la tutela judicial efectiva, tampoco de la cautelar&rdquo.

Como toda regla general, resulta susceptible de ser exceptuada en aquellos supuestos en los que el defecto procesal advertido sea manifiestamente insubsanable -en este sentido, por ejemplo, la inequívoca y manifiesta falta de legitimación apreciada en el auto del TS de 27 junio 2023, rec.56/2023 -EDJ 2023/610934--.

A partir del esquema anterior, la solución no podrá ser apreciada de modo apriorístico, sino que procederá examinar cada caso concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, resulta posible conciliar la subsanación del defecto procesal con la urgencia de la decisión a adoptar.

Más que fijar doctrina general, en este tipo de supuestos se trata de solucionar conflictos concretos, singulares y urgentes. Así lo ha declarado el TS en el auto de 11 noviembre 2020 -rec.150/2020 -EDJ 2020/718620-, al afirmar que &ldquono consideramos que la resolución de un caso concreto y singular, con todas las peculiaridades que ya hemos reseñado, rompa ni innove doctrina alguna, ni actúe contra legem, sino que intenta dar respuesta singular a una situación muy concreta&rdquo.

No obstante, también resulta posible individualizar algunos criterios orientadores que pueden ayudar al órgano judicial en dicha tarea.

Resulta significativo, en tal sentido, el asunto resuelto por el auto del TS de 20 junio 2020 -rec.150/2020 -EDJ 2020/583138-, en el que se enjuiciaron las medidas cautelares, instadas por diversos participantes en el proceso selectivo para MIR antes de la interposición del recurso, relativas a la suspensión de la elección de destinos por vía electrónica y su sustitución por un sistema de elección presencial.

La mayoría del Tribunal Supremo estimó en parte las medidas cautelares solicitadas requiriendo la subsanación del defecto de postulación y la propia interposición del recurso contencioso-administrativo anunciado con la solicitud de medidas cautelares, concediendo al efecto un plazo de dos días y acordando lo anterior &ldquobajo la advertencia de que, de no hacerlo así, todas estas medidas cautelares serán levantadas de manera inmediata&rdquo.

El auto cuenta con dos votos particulares en los que, por lo que se refiere al formulado por la Magistrada Doña María Del Pilar Teso Gamella, se objeta el trámite de subsanación del defecto de postulación reconocido por la mayoría del Tribunal Supremo -&ldquoel auto vuelve a requerir de subsanación por segunda vez, ante el fracaso de la primera&rdquo-, la legitimación reconocida a los recurrentes -&ldquo es carga de la parte que promueve la medida cautelar expresar su legitimación y la condición en la que acuden ante esta Sala Tercera. Sin que tal omisión deba ser subsanada de oficio por esta Sala del Tribunal Supremo haciendo averiguaciones telemáticas, ni desde luego por la parte contraria&rdquo y la posibilidad de conceder una medida cautelar sin la previa interposición del recurso, fuera de los supuestos previstos en el art.136 LJCA -EDL 1998/44323--&ldquoLos jueces y tribunales no pueden convertirse en una suerte de ventanilla que expida suspensiones cautelares de actos administrativos que no hayan sido impugnados, y que seguramente no lo serán&rdquo-.

De los sucesivos autos dictados en el rec.150/2020, el ya mencionado auto de 29 junio 2020 -EDJ 2020/583138 y el auto de 9 julio 2020 -EDJ 2020/647613 que resolvió el recurso de reposición cabe inferir los siguientes criterios orientadores:

-la relevancia del requisito procesal incumplido -auto de 29 junio 2020 -EDJ 2020/583138-: &ldquose debe otorgar a la parte que incurra en un defecto procesal la subsanación del mismo, y la ausencia de poder de la procuradora está en este caso y en curso el requerimiento de subsanación&rdquo-

-la imposibilidad de subsanación dentro del plazo para resolver sobre la medida cautelar -9 julio 2020 -EDJ 2020/647613-: &ldquoen el momento de resolver ya como medidas cautelares ordinarias, no cabía postergar la resolución de fondo de la medida cautelar a una subsanación. Si así lo hubiéramos hecho, habrían devenido inútiles las medidas cautelares que pudieran adoptarse dada la inminencia de la iniciación del calendario de adjudicación&rdquo-

-el contexto y la conducta del solicitante de la tutela cautelar en relación al cumplimiento de las exigencias y requisitos procesales -auto de 29 junio 2020 -EDJ 2020/583138-: &ldquola singular situación de estado de alarma y restricción de libertad de desplazamientos derivada del estado de alarma por causa de la pandemia de la COVID-19, y la naturaleza del proceso de concurrencia competitiva, que implica a multitud de interesados en distintos puntos geográficos, por lo que la coordinación con su defensa pueda haber resultado afectada por estas circunstancias&rdquo-

-la reversibilidad de la situación a que dé lugar la adopción -o no de la medida cautelar solicitada -9 julio 2020 -EDJ 2020/647613-: &ldquoNo es el número de los recurrentes lo que esta Sala ha valorado, sino la sólida apariencia de buen derecho de la pretensión de justicia cautelar y la irreversibilidad del perjuicio&rdquo-

-la posibilidad de condicionar el mantenimiento de la medida cautelar al cumplimiento de las exigencias y requisitos procesales -auto de 29 junio 2020 -EDJ 2020/583138-: &ldquoDada la importancia y pluralidad de intereses afectados por la presente resolución sobre medida cautelares, resulta imprescindible que la parte actora cumpla con la máxima premura los requisitos procesales necesarios para tener por interpuesto en forma el recurso contencioso-administrativo que anunció con la solicitud de medidas cautelares&rdquo, concediendo al efecto un plazo de dos días &ldquobajo la advertencia que de no hacerlo así, todas estas medidas cautelares serán levantadas de manera inmediata&rdquo-.

A la luz de esta decisión del Tribunal Supremo y de los criterios orientadores que cabe inferir de la misma, la respuesta a la primera pregunta dependerá de las concretas circunstancias de cada caso, si bien la regla general sería no inadmitir, con base en el incumplimiento de defectos procesales, sin resolver la medida cautelar.

En cuanto a la segunda pregunta, si bien el voto particular de la Magistrada Doña María Del Pilar Teso Gamella lo llega a calificar de &ldquocreativo requerimiento&rdquo, considero que tal posibilidad resulta admisible al estar implícita en el requerimiento de subsanación de los defectos procesales advertidos y su carácter &ldquoimprescindible&rdquo, acentuándose con esta formulación su relevancia y trascendencia para el mantenimiento de la tutela cautelar reconocida en el proceso.