Este sistema, lanzado el 28 de enero de 2026, ofrece una gratificación de 50 euros a aquellos ciudadanos que faciliten información válida sobre establecimientos que emitan fútbol de forma ilegal.
Las razones principales por las que esta iniciativa se considera una grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos son las siguientes:
- Solicitud expresa de imágenes de personas identificables en un entorno cerrado. Uno de los puntos más críticos de esta denuncia es que LaLiga incita a los usuarios a tomar fotografías de los establecimientos y captar personas en su interior Aunque la entidad asegura que descartará de la bonificación imágenes donde aparezcan personas físicas, la realidad es que incita a ello con sus propios ejemplos:
- Identificación indirecta: en bares de barrio o pueblos, una persona captada de espaldas es fácilmente reconocible por su entorno.
- Riesgo para menores: el sistema permite y promueve el tratamiento de datos de carácter personal que podrían incluir a menores de edad presentes en los locales.
- Incentivo económico frente a la ética y la seguridad
La denuncia sostiene que ofrecer dinero a cambio de delaciones es "poco ético" y fomenta la imprudencia. Al poner precio a la información, se corre el riesgo de que el informante ignore el peligro de tomar fotos en un entorno privado lleno de clientes, priorizando el lucro personal sobre la privacidad ajena. Esto rompe el juicio de proporcionalidad exigido por la normativa europea, y ya proscrito por autoridades europeas con anterioridad.
- Confusión legal y falta de transparencia
LaLiga utiliza el término "canal de denuncias", lo que, según los denunciantes, genera una falsa expectativa de privacidad y protección legal.
- Engaño al ciudadano: Se intenta asimilar este sistema a la "Ley de protección al informante" (whistleblowing), cuando en realidad es un canal de una empresa privada que no ofrece las mismas garantías de anonimato y protección contra represalias.
- Proveedores desconocidos: LaLiga admite que utiliza terceros externos para verificar la identidad y los datos bancarios de quienes cobran la recompensa, pero no identifica quiénes son estos proveedores, vulnerando el principio de transparencia.
- Categorización de ciudadanos como "chivatos" o "infractores"
El sistema realiza una clasificación automática de los datos recibidos. Esto supone que, por el mero hecho de enviar o aparecer en una foto, las personas son etiquetadas en ficheros de "sospecha de infracción" o como "denunciantes". Si esta información confidencial se filtrara, el daño para el ciudadano (señalado como "chivato" en su comunidad) sería irreparable y desproporcionado.
Antecedentes y reincidencia
La denuncia recuerda que LaLiga no es nueva en estos conflictos. Ya ha sido sancionada anteriormente por:
- Usar el micrófono del móvil de los usuarios de su app para detectar emisiones piratas en bares.
- Recoger datos biométricos de espectadores en los estadios sin cumplir con las garantías legales.
En definitiva, la Asociación de Internautas solicita a la AEPD que obligue a LaLiga a desistir de este sistema de recompensas por el grave riesgo que supone para la protección de datos y la convivencia ciudadana.
