Los procedimientos monitorios aumentaron un 19,4 por ciento
Los procedimientos monitorios presentados en 2020 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 709.195, un 1,6 por ciento menos que el año anterior.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Los procedimientos monitorios presentados en el cuarto trimestre de 2020 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 241.119, lo que supone un incremento interanual del 19,4 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Madrid, con 43.970, seguida de Andalucía, con 43.076 y Cataluña, con 31.484.
Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)
En el cuarto trimestre de 2020 ingresaron en los juzgados especializados 25.653 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 37.950, quedando en tramitación 239.445. Asimismo, se dictaron 33.402 sentencias, el mayor número hasta este trimestre, la mayor parte de las cuales, el 97,9 por ciento, fueron estimatorias.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
Durante el pasado ejercicio ingresaron 3.446 asuntos de esta naturaleza en los órganos judiciales, un 191,8 por ciento más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876. En Andalucía han ingresado 827, un 24 por ciento del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el cuarto trimestre de 2020 ingresaron 914 asuntos de este tipo, un 22,6 por ciento menos que en igual trimestre del año anterior, y se resolvieron 940.
Descenso de los lanzamientos en el cuarto trimestre de 2020
El número de lanzamientos practicados en 2020 fue de 29.406, lo que supone un descenso del 45,6 por ciento respecto al año anterior, manteniéndose así una tendencia a la baja que empezó en 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
Un 71,9 por ciento de los lanzamientos, 21.145, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 6.915 (el 23,5 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.346 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 42 por ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 51,3 por ciento.
Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la lista la encabeza también Cataluña, con 4.211; seguida por Andalucía, con 2.942; la Comunidad Valenciana, con 2.765; y la Comunidad de Madrid, con 2.398. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan la Comunidad Valenciana, con 1.640; Andalucía, con 1.349; Cataluña, con 1.069; y Murcia, con 692.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias mostraron una disminución interanual del 24,1 por ciento; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del 13,6 por ciento; y los derivados de otras causas, del 30,3 por ciento.
Cataluña, con 2.294 (el 20,4 por ciento del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el cuarto trimestre de 2020. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.715; Andalucía, con 1.631; y Madrid, con 1.127.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.701 (el 21,1 por ciento del total); seguida por Andalucía, con 1.091, la Comunidad Valenciana, con 988; y Madrid, con 943. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es la Comunidad Valenciana, con 674, la que encabeza la lista, seguida de Andalucía, con 448; Cataluña, con 386; y Murcia, con 273.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2020 fue de 18.255, un 7,2 por ciento más que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 10.158 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 3,4 por ciento.
Incremento interanual del 42,5 % en las ejecuciones hipotecarias
En el cuarto trimestre de 2020, se presentaron 7.116 ejecuciones hipotecarias, un 42,5 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. El mayor número se dio en Cataluña, con 1.515 (un 21,3 por cien del total nacional); seguida de Andalucía, con 1.377; la Comunidad Valenciana, con 1.169; y Madrid, con 696.
