Legitimación para llevar a efecto la reclamación del perjudicado ante las aseguradoras en los accidentes de tráfico

Respecto a la cuestión de si cabe la posibilidad de plantear la reclamac...

Respecto a la cuestión de si cabe la posibilidad de plantear la reclamación del perjudicado por delegación, ante la Compañía de Seguros que cubre el riesgo del vehículo causante del daño, ciertamente, y a mi juicio, el art. 7.2 RD  8/2004, de 29 de octubre (EDL 2004/152063), debe interpretarse de una forma amplia y extensa. El nº 2 del art 7 RD 8/2004, de 29 de octubre, establece el plazo de 3 meses “desde la recepción de la reclamación del perjudicado”, como espacio temporal dentro del cual el asegurador deberá presentar su oferta motivada de indemnización. Resulta evidente que, en primer lugar, quien está especialmente legitimado es el propio perjudicado, o incluso sus herederos, en el supuesto de que éste haya fallecido, de conformidad con el nº 1 del citado art. 7 del RD mencionado.

La cuestión estriba en determinar si hay otras personas que, en nombre del perjudicado, puedan formular ante la aseguradora responsable la reclamación pertinente. A mi modo de ver, cabe perfectamente la posibilidad de que la Compañía aseguradora del propio perjudicado, en el supuesto de que se trate de otro conductor o incluso pasajero de un vehículo que resulta lesionado en el accidente, pueda formular a la Compañía aseguradora del vehículo responsable reclamación en nombre de aquél.

Ello obedece al hecho de que, generalmente, muchas pólizas de seguro no contemplan sólo el aseguramiento obligatorio dispuesto en nuestro ordenamiento, sino otras coberturas complementarias, entre las cuáles se puede encontrar la cobertura de reclamación de daños y perjuicios sufridos, incluso su atención jurídica. En este sentido habremos de entender que el propio contrato de seguro en su día suscrito con la aseguradora del vehículo conducido o propiedad del perjudicado, o que éste ocupaba, si se ha pactado esta cobertura está plenamente legitimada, en atención a las condiciones estipuladas en el contrato de seguro, para, por delegación, gestionar la reclamación del perjudicado ante la Compañía de Seguros adversa.

Esta reclamación puede efectuarse también ya sea por el letrado de la Compañía aseguradora con la que el perjudicado tiene cubierta esta cobertura de reclamación de daños y perjuicios, o bien con el letrado que, ajeno a la Compañía, pueda haber sido contratado por el propio perjudicado para la defensa de sus intereses. Nos encontraríamos, a mi modo de ver, ante la figura del mandato que contempla el CC (EDL 1889/1) que, en su art. 1709 establece que por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra, pudiendo ser, como bien establece el precepto siguiente, expreso o tácito, y bastando exclusivamente para que el contrato se perfeccione, la aceptación del mandatario, que también puede ser expresa o tácita.

En consecuencia, ya se la Compañía aseguradora, a través de las personas encargadas de la gestión del siniestro, ya sea el letrado de ésta, ya sea otro letrado contratado por el perjudicado para la defensa de sus intereses, cualquiera de ellos, por delegación, a mi juicio se encuentran plenamente legitimados para, en nombre del perjudicado, instar la reclamación a que hace mención el nº 2 del art. 7 RD 8/2004, de 29 de octubre.

Cuestión distinta sería el planteamiento de quién está legitimado para recibir la oferta motivada de indemnización de la Compañía aseguradora. A mi juicio, si la reclamación se ha efectuado ya sea por la Compañía aseguradora o por el letrado del perjudicado, éstos también se encuentran legitimados para recibir la contestación, por evidente extensión de su mandato, sin perjuicio de que no estarán legitimados para aceptar dicha oferta, toda vez que precisarían un mandato expreso y concreto, de conformidad con el párrafo segundo del art.  1713 CC. Es decir, que si bien la Compañía aseguradora del perjudicado, como gestora de sus intereses, o el letrado de éste, con igual finalidad, pueden recibir la oferta motivada de la aseguradora, en cuanto que se hayan identificado como mandatarios del perjudicado, no podrán decidir respecto a su aceptación o no, salvo que tengan una facultad expresa para ello, de conformidad con el precepto invocado.

Pese al tenor literal del art. 7.2 LTCVMSV (EDL 2004/152063), entendemos ...

Pese al tenor literal del art. 7.2 LTCVMSV (EDL 2004/152063), entendemos que la reclamación puede llevarla a cabo tanto el perjudicado de forma directa o cualquier persona en su nombre, y ello en virtud de lo expuesto, con carácter general, en las disposiciones contenidas en el CC (EDL 1889/1) relativas al mandato.

La respuesta que se puede dar al tema suscitado es comparable a la solución aportada por la doctrina jurisprudencial a la cuestión de si la interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial sólo puede ser operada por el titular del derecho o si puede hacerlo una tercera persona en su nombre (que dirige la reclamación). La respuesta que la jurisprudencia ha dado a esta cuestión es afirmativa, en base a los siguientes parámetros y argumentos: parece indudable que la interrupción de la prescripción sólo puede ser operada por el titular del derecho; sin embargo, no es necesario que los actos interruptivos sean efectuados por el titular del derecho en persona, sino que puede actuar también en virtud del mandato, siempre, claro está, que el mandatario actúe en nombre ajeno, es decir, del mandante, y no en su nombre propio y derecho.

Como dice la Sentencia del TS de 20 de junio de 1994 (EDJ 1994/5490), la reclamación de un tercero no ha de tener relevancia interruptiva de la prescripción cuando active derechos propios. Sin embargo, como recuerda la de 10 de marzo de 1983, no es menester la personal intervención de los interesados, pues también en esta materia operan las reglas del mandato representativo, con plena eficacia, aunque sea verbal. Así se ha reconocido virtualidad interruptiva de la prescripción a las reclamaciones y requerimientos cursados, tanto por el representante legal o voluntario del titular (STS de 15 de marzo de 1994, EDJ 1994/2363), sino también por mandatario verbal, e incluso tácito, posteriormente ratificado (STS de 12 de noviembre de 1986), llegando a decirse que no es exigible, como señala la sentencia de 10 de octubre de 1972, que conste acreditada la existencia de tal mandato y mucho menos la representación caso de que la hubiere invocado.

En esta línea, tanto un amplio sector doctrinal, como la propia jurisprudencia, han admitido que la interrupción de la prescripción extintiva sea también consecuencia de la gestión de negocios ajenos previo mandato. Como ha declarado algún autor si un gestor reclama el cobro de un crédito ajeno, evitando que prescriba y que su titular sufra el consiguiente detrimento patrimonial, parece claro que se interrumpe la prescripción, ya que se cumplen los requisitos de la gestión y se obtienen los dos fines de la misma, que la justifican, evitación de un perjuicio y obtención de un beneficio, si bien ha de considerarse en suspenso hasta tanto ratifica la gestión o se aprovecha el beneficio.

Así, igualmente consideramos que la aseguradora no debe exigir a la persona que le efectúa la reclamación en nombre del perjudicado que acredite la representación con la que actúa, y así, -vgr., en materia de la eficacia interruptiva se ha entendido plena eficacia a la reclamación realizada por abogados o procuradores en el ejercicio de su cometido profesional, ya que en estos casos la realidad de la representación o mandato se deduce de la realización de la propia gestión, o de la actuación del profesional u0022siguiendo las instrucciones de su cliente y en beneficio de ésteu0022 (STS de 10 de marzo de 1983, EDJ 1983/1596 y SAP Valencia de 19 de mayo de 2008, EDJ 2008/373098, entre otras muchas).

La cuestión planteada, referida a la reclamación extrajudicial del perj...

La cuestión planteada, referida a la reclamación extrajudicial del perjudicado o la judicial mediante la correspondiente denuncia o querella vendría informada por las reglas sobre representación procesal y defensa establecidas en la LECRIM, EDL 1882/1-, se circunscribe a la eficacia jurídica a efectos del devengo de intereses moratorios que puede tener la presentación de la reclamación por terceras personas distintas del perjudicado.

Ante el silencio de la ley sobre el modo y forma en que deben realizarse las reclamaciones por el perjudicado, considero, en primer lugar, que esta posibilidad de presentar la reclamación por un tercero sólo tendrá lugar cuando le resulte imposible hacerlo al perjudicado, pues en caso contrario debe hacerlo personalmente el mismo. Sólo cuando el perjudicado o víctima del accidente de circulación no estuviere en condiciones físicas suficientes (situación lesional grave) para efectuar la reclamación al asegurador, es admisible la reclamación por un tercero en su nombre.

Cuando se produzca esta situación de impedimento, entiendo que debe efectuarse una interpretación laxa o flexible de la norma a la hora de efectuar la reclamación un tercero en su representación, y así:

Si el lesionado mantuviera la consciencia, podría elaborarse la reclamación y acompañarse documentos por su abogado o persona conocedora del Derecho, y tras ser firmado por la víctima-perjudicado, presentarlo un familiar suyo, representante o dirección letrada acompañando un escrito a la aseguradora donde el perjudicado autoriza a estos familiares o representantes a presentar la reclamación con los documentos correspondientes.

Más complejo resultaría el supuesto en que el perjudicado no mantuviera la consciencia (por ejemplo, permaneciendo en coma) o la cordura, en cuyo supuesto deberían actuar y firmar los escritos sus familiares más próximos en su nombre, como representantes legales del perjudicado, al objeto de formular la correspondiente reclamación al asegurador. En estos casos, resultaría necesario haciendo constar en tal reclamación la grave situación lesional del perjudicado y su relación parental y/o profesional con la víctima, acompañando al escrito de reclamación no sólo la documentación acreditativa de aquella situación de impedimento del perjudicado sino también la relativa a su relación parental y/o profesional con el mismo.

En estos términos, entiendo que la aseguradora no debe rechazar la reclamación de terceros en nombre del perjudicado, pues acreditada su presentación en el proceso judicial posterior y su no aceptación por aquella, los tribunales sin duda aplicarían la sanción de imposición de intereses por mora del art. 9.a) del RD 8/2004 (EDL 2004/152063).

La respuesta es positiva. La Ley 21/2007, de 11 julio (EDL 2007/58350), p...

La respuesta es positiva. La Ley 21/2007, de 11 julio (EDL 2007/58350), por la que se modifica el texto refundido de la LTCVMSV (EDL 2004/152063), introdujo en sus arts. 7 y 9 determinadas novedades. Por lo que hace al art. 7, que es el que ahora interesa, establece que en el plazo de 3 meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización, en su caso, o el rechazo de la misma, de donde resulta que el perjudicado debe, como resulta lógico y ya se exigía en la LCS (EDL 1982/4219), dirigir una comunicación a la aseguradora sobre la producción del siniestro de donde nace su pretendido derecho de crédito.

Ahora bien, nada dice el precitado precepto, sobre la forma de efectuar la reclamación y por tanto, nada hay en la norma que limite la posibilidad de hacer expresión de la voluntad reclamativa por sí o por tercero o mandatario que es sobre lo que se cuestiona.

Pues bien, debemos partir de que en nuestro Ordenamiento Jurídico la expresión de voluntad tanto puede emitirse directamente por el sujeto emisor como por tercero en su nombre o por él, sin que por otro lado, se requiera que el tercero emisor disponga de una forma concreta. Baste recordar que el art. 1710 CC (EDL 1889/1) admite el mandato verbal.

Y hemos también de recordar que el mandato (y salvo que el mandatario se extralimite en el cumplimiento del encargo) no necesita ratificación, contrariamente a lo que ocurre con la gestión de negocios ajenos. El art. 1710 CC no hace referencia a la ratificación por el mandante de los actos del mandatario, sino a la aceptación, por este último, del encargo recibido. Ésta, conforme a dicho precepto, puede ser expresa o tácita. Por ello, la reclamación que se manifiesta en nombre o encargo de tercero, constituye factor suficiente para entender que existe un mandato verbal en base al cual el receptor, en este caso, la aseguradora, entienda por recibida la expresión de voluntad trasmitida a los efectos del cumplimiento de las obligaciones que le competen en cuanto a la formulación, en su caso, de la oferta motivada.

La pregunta planteada debe desdoblarse en dos apartados. En primer lugar,...

La pregunta planteada debe desdoblarse en dos apartados. En primer lugar, resulta necesario analizar la eficacia de la reclamación a la aseguradora por parte de un tercero distinto del perjudicado. En segundo lugar, debe abordarse la eficacia para interrumpir la prescripción de dicha comunicación.

Para abordar la solución a la primera cuestión enunciada, resulta necesario acudir a los preceptos que regulan el mandato (arts. 1709 y ss CC, EDL 1889/1) y a la Jurisprudencia que los desarrolla.

El art. 1710 CC prevé que el mandato expreso puede darse por instrumento público o privado y “aún de palabra”, por tanto se prescinde de cualquier tipo de formalismo, salvo para situaciones muy determinadas ajenas a la que tratamos. Reitera el TS que, por su carácter consensual, la validez del mandato viene determinada por la existencia de consentimiento, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, sea de modo expreso o tácito, y en modalidades por escrito o verbal, y pudiendo derivar de actos que impliquen necesariamente, de manera evidente y palmaria, la intención de obligarse, debiendo simplemente acreditarse en adecuada forma las facultades conferidas (SSTS de 1 de marzo de 1988, EDJ 1988/1704, 3 de noviembre de 1997, EDJ 1997/7010, ó 18 de diciembre de 2006, EDJ 2006/393396).

Por tanto, no veo objeción alguna a que la reclamación pueda formularse por un tercero, especialmente cuando se trate de un procurador o un abogado, aunque no presente título que justifique el encargo. En el caso, de que la compañía de seguros ponga algún problema, por no estimar acreditada la representación, será necesaria la ratificación del mandante. Como ya indicó la sentencia del TS de 30 de octubre de 1906: u0022si el mandato es verbal, el mandatario ha de acreditar en forma las facultades que de palabra le confiera el mandante, cuando trate de ejercitarlas en relación con terceras personas”.

La reclamación así efectuada, en todo caso, tendrá eficacia como medio para interrumpir la prescripción, en aplicación del art. 1974 CC. Como también reitera la Jurisprudencia, dicha forma de interrumpir la prescripción, es un acto unilateral para el que puede estar legitimado, no sólo el titular del derecho, sino también todas aquellas personas a quienes se ha facultado para actuar en este sentido, y podrá hacerse por un representante o apoderado, incluso sin poder especial de representación para ello, y, sin duda, puede hacerlo un mandatario verbal, como es un abogado o un procurador (SSTS de 15 de marzo de 1994, EDJ 1994/7669 ó 16 de enero de 2003). De forma muy tajante ya manifestó la STS de 10 de octubre de 1972, que para la interrupción del transcurso del plazo no resulta exigible por nuestro ordenamiento jurídico: “que conste acreditada la existencia del mandato y mucho menos la representación caso de que la hubiere invocado”.

Por tanto, considero que en la práctica la reclamación por parte de Letrados va a producirse sin mayores problemas.

Toda legitimación procesal, y por supuesto la legitimación activa, supo...

Toda legitimación procesal, y por supuesto la legitimación activa, supone la existencia de una relación entre el sujeto que pretende una declaración sobre un determinado asunto y el asunto mismo.

Estableciendo el art. 7 LEC (EDL 200/77463) que: “sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles” (concepto legal de la capacidad procesal) y el art. 9 LEC que: “la falta de capacidad......procesal podrá ser apreciada de oficio por el Tribunal en cualquier momento del proceso”, parece que la presentación de la reclamación (demanda) en nombre del perjudicado, hecha por persona distinta del perjudicado mismo, cuando este pueda perfectamente hacerla por sí mismo, podría dar lugar a la falta de un presupuesto procesal imprescindible para atenderla cuando quiera que se judicialice.

En consecuencia, la reclamación del perjudicado a la aseguradora a que se refiere el art. 7.2 RD 8/2004 (EDL 2004/152063), y sobre todo la pretensión de que esta pueda adquirir efectos legales –singularmente los intereses de demora a que se refiere el párrafo 3º del art. 7.2 si se judicializa, obligan al perjudicado, en principio, a reclamar personalmente. Tal es la legitimación que se deriva del art. 76 LCS (EDL 1980/4219) cuando señala que: u0022el perjudicado tiene acción directa contra la Compañía Aseguradorau0022, y, por tanto, si el perjudicado puede físicamente encargar y firmar -conscientemente del acto de representación que haciéndolo realiza para que un tercero reclame en nombre suyo, debe apoderarle, confiriendo a quien lo haga por él el oportuno mandato representativo de actuar por su cuenta y nombre.

La reclamación en nombre de tercero exige la representación.

Tal parece el tenor del art. 264.2 LEC cuando señala que cuando se comparece en representación de otra persona es necesario acreditarlo documentalmente, y desde luego permite a la aseguradora reclamar a quien actúa en nombre de tercero la prueba –el poder de tal mandato. Ocurre sin embargo a veces que las consecuencias del siniestro dejan físicamente impedido al perjudicado para poder no ya reclamar sino siquiera encargar a tercero que lo haga en su nombre defendiendo sus intereses.

El transcurso de los breves plazos para reclamar en materia de responsabilidad civil derivada de accidente de circulación (6 meses para activar el juicio de faltas, 1 año para la reclamación civil en la acción directa) comparado con el necesario plazo que la sanidad de determinadas heridas que afectan a órganos vitales posibilitarían al perjudicado preocuparse siquiera de reclamar, haría ilusorio, onerosísimo e incluso anodino acudir a las figuras del defensor judicial (arts. 163/299 CC, EDL 1889/1) o del tutor del incapaz (arts. 210/285 CC), por ejemplo para otorgar el apoderamiento mientras se recupera la salud.

Por lo tanto y en este segundo supuesto, es decir, cuando operen auténticos impedimentos de salud para otorgar un poder o altas (inexigibles) dificultades para hacerlo, pensamos que las formalidades que puede exigir la aseguradora para verificar la veracidad de una relativamente entendible actuación en nombre e interés del impedido (reclamación encargada por el cónyuge o familiar más cercano conviviente o del abogado habitual del reclamante), deben ser paradójicamente menores, que las que la ley exige, como acabamos de ver, para interponer una demanda.

No olvidemos que el art. 7.2.4º RD 8/2004 establece que el asegurador deberá observar una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización “desde el momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro”, y nada le impide trabar tal conocimiento a través de tercero distinto del perjudicado, al que trasladar su oferta motivada de indemnización.

Nada le impide a la aseguradora que conoce el siniestro canalizar la oferta motivada a través de quien afirma hacerlo en nombre del perjudicado impedido, pues desde que se produce el accidente dañoso surge un perjudicado que atender, esté o no físicamente impedido.

Todo, pues, acaba siendo cuestión de la voluntad solutoria u obstativa que presente la aseguradora, pues el problema se volverá a reproducir poco después de hecha la oferta, a la hora de aceptarla y pagarla –donde nuevamente se precisa del consentimiento del perjudicado-, y si se ha atendido la reclamación en nombre de tercero en plazo, ya no se podrán pedir los intereses punitivos.