En este artículo se muestra qué empresas deben cumplir la Ley 10/2025 de atención a la clientela, sus principales obligaciones y el plazo para adaptarse antes de diciembre de 2026

Ley 10/2025 de atención a la clientela: qué deben hacer las empresas antes de que termine el plazo de adaptación

Tribuna
Atención a la clientela y las obligaciones de las empresas_img

La norma introduce nuevas exigencias sobre atención telefónica, plazos de resolución de reclamaciones, accesibilidad, atención personalizada y sistemas de evaluación de la calidad. Analizamos a quién afecta y qué medidas deben adoptar las empresas para cumplirla.

¿Qué es la Ley 10/2025 de servicios de atención a la clientela?

La L 10/2025 por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, establece unos niveles mínimos de calidad que deben cumplir los servicios de atención al cliente de determinadas empresas.

Su principal objetivo es garantizar que las personas consumidoras puedan presentar consultas, comunicar incidencias y formular reclamaciones de manera sencilla, accesible y eficaz, evitando prácticas como las esperas telefónicas excesivas o la imposibilidad de contactar con una persona.

Para ello, la ley regula, entre otras cuestiones:

- los canales de comunicación que deben ofrecer las empresas;

- el derecho a recibir atención personalizada;

- los tiempos máximos de espera telefónica;

- los plazos para resolver quejas, reclamaciones e incidencias;

- la atención a personas consumidoras vulnerables; y

- los sistemas de medición y evaluación de la calidad del servicio.

¿Hasta cuándo tienen las empresas para adaptarse?

La L 10/2025 se publicó en el BOE el 27-12-2025 y entró en vigor el 28-12-2025.

Concede a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor para adaptar sus servicios de atención a la clientela (L 10/2025 disp.trans.única).

Por tanto, el plazo general de adaptación finaliza el 28-12-2026.

Durante este período, las empresas deben revisar sus procedimientos de atención, actualizar los canales de comunicación, formar al personal y establecer los sistemas necesarios para cumplir los nuevos estándares de calidad.

No obstante, la ley contempla determinadas especialidades y regímenes transitorios, por lo que conviene comprobar las reglas específicas aplicables a cada sector.

¿Qué empresas están obligadas a cumplir la Ley 10/2025?

La nueva regulación no se aplica por igual a todas las empresas. Se distingue principalmente entre las que prestan determinados servicios básicos de interés general y las empresas que alcanzan determinados umbrales de tamaño (L 10/2025 art.2).

Empresas que prestan servicios básicos de interés general

La ley resulta aplicable, con independencia de su tamaño, a las empresas que prestan en territorio español los siguientes servicios:

- suministro y distribución de agua, gas y electricidad;

- transporte de pasajeros por avión, ferrocarril, barco, autobús o autocar;

- servicios postales;

- servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los telefónicos; y

- servicios financieros.

También quedan incluidas las empresas que prestan estos servicios públicos cuando existe una relación de consumo con la clientela.

En estos sectores debe tenerse en cuenta la aplicación preferente de la normativa sectorial. En particular, los servicios financieros y las comunicaciones electrónicas cuentan con reglas específicas que pueden desplazar determinadas previsiones de la L 10/2025.

Grandes empresas

La ley también se aplica a las empresas y grupos de sociedades (CCom ar.42) que venden bienes o prestan otros servicios destinados principalmente a personas consumidoras cuando, en el ejercicio económico anterior, cumplan al menos una de estas condiciones:

- haber ocupado a 250 o más personas trabajadoras;

- haber superado los 50 millones de euros de volumen de negocios anual; o

- haber superado los 43 millones de euros de balance anual.

Estos criterios son alternativos, no acumulativos. Por tanto, basta con cumplir uno de ellos para quedar incluido en el ámbito de aplicación, siempre que concurran los restantes requisitos legales.

Empresas que quedan fuera del ámbito de la ley

Con carácter general, quedan fuera del ámbito específico de la L 10/2025 las pequeñas y medianas empresas que no prestan servicios básicos de interés general y no alcanzan ninguno de los umbrales anteriores.

Sin embargo, esto no significa que estén exentas de obligaciones en materia de atención al consumidor.

Estas empresas deben continuar cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y en la normativa autonómica o sectorial que les resulte aplicable.

Por otra parte, las entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios básicos de interés cuentan con un régimen transitorio específico, condicionado a la entrada en vigor del correspondiente desarrollo reglamentario.

Checklist: qué debe tener el servicio de atención a la clientela

Para cumplir la L 10/2025, las empresas obligadas deben revisar el funcionamiento de sus servicios de atención al cliente y verificar que satisfacen los siguientes requisitos.

Canales de atención y gratuidad

Las empresas deben ofrecer un servicio de atención a la clientela gratuito, eficaz, accesible y no discriminatorio.

Además, deben admitir la presentación de consultas, quejas, reclamaciones e incidencias a través de los siguientes canales:

- el mismo por el que se inició la relación contractual;

- la vía postal;

- la vía telefónica;

- al menos un medio de comunicación electrónica; y

- presencialmente en los establecimientos abiertos al público.

La atención telefónica no puede suponer un coste superior al de una llamada a una línea fija geográfica o móvil estándar, sin perjuicio de las obligaciones de gratuidad específicas que resulten aplicables a determinados servicios básicos.

Las empresas también deben facilitar una clave identificativa para el seguimiento de las reclamaciones e incidencias y, en los supuestos legalmente previstos, un justificante en soporte duradero.

Atención por una persona y límites a los contestadores

Una de las novedades más relevantes es la prohibición de utilizar contestadores automáticos o sistemas análogos como medio exclusivo de atención.

La empresa debe permitir que la persona consumidora solicite atención personalizada por un operador humano.

Además, la ley establece determinados estándares de calidad:

  • El 95 % de las llamadas recibidas debe atenderse, de media, en menos de tres minutos.
  • El 95 % de las solicitudes de atención personalizada debe atenderse, de media, en menos de tres minutos desde su solicitud.
  • La empresa no puede interrumpir una comunicación debido a un tiempo de espera elevado.

Si la persona consumidora no está satisfecha con la atención recibida, puede solicitar la intervención de un supervisor o del departamento de calidad, en los términos establecidos por la ley.

Accesibilidad y atención a personas consumidoras vulnerables

Los servicios de atención a la clientela deben ser accesibles para todas las personas, prestando especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Esto incluye a las personas con discapacidad, las de edad avanzada y aquellas que presentan dificultades para utilizar herramientas digitales.

Las empresas deben adoptar medidas que faciliten la comunicación y ofrecer alternativas adecuadas cuando existan barreras de accesibilidad.

Entre otras exigencias, la atención telefónica debe incorporar mecanismos de comunicación alternativos para personas con discapacidad auditiva, y debe garantizarse atención prioritaria a personas de edad avanzada o con discapacidad.

Asimismo, deben respetarse los derechos lingüísticos reconocidos por la norma, incluida la atención en lenguas cooficiales cuando concurran las condiciones legales.

Plazos de respuesta a consultas, quejas y reclamaciones

La Ley 10/2025 establece nuevos límites temporales para la resolución de consultas, quejas, reclamaciones e incidencias.

Con carácter general, el plazo máximo es de 15 días hábiles desde su presentación, salvo que la normativa sectorial establezca uno diferente.

Sin embargo, existen plazos más breves para determinados supuestos:

Tipo de consulta o incidencia Plazo máximo
Consultas, quejas, reclamaciones e incidencias en general 15 días hábiles
Cuestiones relacionadas con facturación o cobros indebidos 5 días
Incidencias sobre la continuidad de servicios básicos de prestación continuada 2 horas para responder

En incidencias sobre la continuidad de servicios básicos de prestación continuada, la empresa debe proporcionar la información disponible sobre las causas de la incidencia y el plazo estimado para restablecer el servicio.

Es importante distinguir entre la obligación de responder a una incidencia sobre la continuidad del servicio y la obligación de resolver materialmente el problema.

Sistemas de medición de la satisfacción de la clientela

Las empresas deben implantar y documentar un sistema que permita conocer el grado de satisfacción de sus clientes respecto a la atención recibida.

Este sistema debe identificar las causas de insatisfacción y conservar un registro de los resultados obtenidos.

La ley prohíbe realizar encuestas de satisfacción antes de que se haya resuelto la consulta, queja, reclamación o incidencia.

Adicionalmente, exige disponer de un sistema de evaluación del nivel de calidad del servicio, con carácter generalmente anual, y realizar auditorías externas que comprueben la fiabilidad de las mediciones.

En determinados supuestos, las empresas de menor tamaño incluidas en el ámbito de la ley pueden aplicar una periodicidad bienal, siempre que concurran las condiciones exigidas.

La documentación correspondiente debe conservarse durante al menos cinco años y estar disponible para su control por la Administración competente.

Información previa al cliente sobre el servicio

Antes de que la persona consumidora quede vinculada por un contrato u oferta comercial, la empresa debe facilitar información clara y accesible sobre su servicio de atención a la clientela.

Esta información debe incluir, entre otros aspectos:

- los canales de comunicación disponibles;

- los mecanismos para dejar constancia de consultas y reclamaciones;

- los medios para consultar el estado de tramitación de una reclamación;

- los canales mediante los cuales se comunica su resolución;

- los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos disponibles; y

- el horario del servicio de atención.

La información también debe figurar en los contratos, en las facturas y en la página web de la empresa, cuando disponga de ella (L 10/2025 art.5).

¿Qué sanciones prevé la ley y quién debe probar el cumplimiento?

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la L 10/2025 puede dar lugar a sanciones administrativas.

La L 10/2025 art.23 remite al régimen sancionador general en materia de consumo previsto en el LGDCU y a la normativa autonómica aplicable.

Por tanto, las consecuencias económicas dependerán de la infracción cometida, su calificación y las circunstancias concurrentes.

También debe tenerse en cuenta que, cuando exista una regulación sancionadora sectorial preferente, será esta la que resulte aplicable.

Una de las previsiones más importantes para las empresas es la atribución expresa de la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones legales (L 10/2027 art.4.7).

Por ello, no basta con disponer formalmente de un servicio de atención al cliente. Resulta necesario conservar documentación y registros que permitan demostrar su funcionamiento efectivo.

Entre las medidas recomendables se encuentran documentar los protocolos de atención, registrar los tiempos de respuesta, conservar los justificantes de reclamaciones y mantener actualizados los sistemas de evaluación de la calidad.

Llamadas comerciales y atención a la clientela: dudas frecuentes

La L 10/2025 también introduce medidas para distinguir los servicios de atención a la clientela de las actividades comerciales de las empresas. El servicio de atención debe estar claramente identificado y diferenciado de las actividades comerciales (L 10/2025 art.16).

En particular, cuando estos servicios se presten por teléfono, deben utilizar códigos numéricos específicos y diferenciados para la atención a la clientela y las comunicaciones comerciales.

La norma también incorpora medidas dirigidas a combatir las llamadas comerciales no deseadas (spam) mediante mecanismos de identificación y bloqueo por parte de los operadores.

Además, establece restricciones a la utilización de las comunicaciones de atención al cliente para realizar ofertas comerciales.

En determinados servicios básicos de interés general no puede aprovecharse una reclamación relacionada con la continuidad o interrupción del servicio para ofrecer nuevos productos o promociones, salvo en los supuestos permitidos por la ley.

Estas previsiones deben interpretarse conjuntamente con la normativa sobre comunicaciones comerciales, telecomunicaciones, protección de datos y competencia desleal.

Chatbots y atención automatizada: ¿qué dice la ley?

La L 10/2025 no prohíbe utilizar chatbots, asistentes virtuales ni otros sistemas de atención automatizada, pero establece límites a su utilización.

En particular, impide que estos sistemas constituyan el único medio de atención disponible para la clientela.

Cuando una empresa utilice bots conversacionales, contestadores automáticos o herramientas similares, debe garantizar que la persona consumidora pueda solicitar atención personalizada desde el inicio de la interacción y en cualquier momento de esta.

Esto implica que un chatbot puede utilizarse para resolver consultas sencillas, proporcionar información o facilitar la gestión inicial de incidencias, pero no para impedir el acceso a un operador humano.

Además, la atención personalizada debe prestarse por una persona física que responda en tiempo real y se identifique al inicio de la conversación.

En consecuencia, las empresas que utilizan herramientas de inteligencia artificial deben revisar sus sistemas para garantizar que permiten una transición efectiva a la atención humana.

Tabla resumen: obligaciones y fecha límite por tipo de empresa

Tipo de empresa ¿Está obligada? Plazo general de adaptación
Empresas de agua, gas y electricidad Sí, con especialidades sectoriales 28-12-2026
Empresas de transporte de pasajeros Sí 28-12-2026
Empresas postales Sí 28-12-2026
Empresas de telecomunicaciones Sí, con preferencia de su normativa sectorial 28-12-2026
Entidades financieras Sí, conforme a su normativa específica y aplicación supletoria de la ley 28-12-2026, sin perjuicio de reglas sectoriales
Empresas de otros sectores que alcanzan los umbrales legales Sí 28-12-2026
Pymes de otros sectores que no alcanzan los umbrales No, con carácter general No aplicable
Determinadas entidades sin ánimo de lucro Régimen transitorio especial Según desarrollo reglamentario

La tabla recoge el régimen general. La aplicación de obligaciones concretas puede variar según la actividad y las disposiciones sectoriales o transitorias correspondientes.

Preguntas frecuentes sobre la Ley 10/2025

¿Mi empresa está obligada si no es una gran empresa?

Depende de su actividad.

Las empresas que prestan determinados servicios básicos de interés general están incluidas en el ámbito de aplicación de la ley con independencia de su tamaño, aunque existen especialidades.

En los demás sectores, la aplicación depende de que se alcance alguno de los umbrales de plantilla, facturación o balance establecidos en la L 10/2025 art.2.2.

¿Cuándo termina exactamente el plazo de adaptación?

El plazo general de doce meses concluye el 28 de diciembre de 2026.

Las empresas afectadas deben haber adaptado sus servicios de atención a la clientela a las obligaciones aplicables, sin perjuicio de los regímenes específicos previstos por la norma.

¿Puedo atender a la clientela solo con un chatbot o un contestador?

No. Las empresas sujetas a la ley pueden utilizar sistemas automatizados, pero deben ofrecer la posibilidad de solicitar atención personalizada por una persona física.

El cliente debe poder solicitar esta atención desde el inicio y en cualquier momento de la interacción.

¿La atención telefónica tiene que ser gratuita?

La empresa debe garantizar que el uso de la atención telefónica no tenga un coste superior al de una llamada a una línea fija geográfica o móvil estándar.

Además, determinados servicios básicos de interés general están sujetos a obligaciones específicas de disponer de teléfonos gratuitos.

¿Qué ocurre si no cumplo a tiempo?

La empresa puede incurrir en una infracción administrativa en materia de consumo y ser sancionada conforme al régimen general o sectorial aplicable.

La cuantía de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción y de las circunstancias del caso.

Además, corresponde a la empresa acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales, por lo que resulta fundamental disponer de procedimientos documentados y registros verificables.

Fuentes y normativa consultada

  • Memento Defensa del Consumidor.
  • L 10/2025, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
  • RDLeg 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
  • L 11/2022, General de Telecomunicaciones.
  • L 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

 


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