Tras la sanción por parte de la CNMC a seis de las principales constructoras --Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr-- con multas por 203,6 millones de euros

El Gobierno incluirá en la Ley de Contratos un protocolo de actuación ante prácticas contra la competencia

Noticia

El Gobierno trabaja en una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para regular con detalle cómo debe actuar una administración en caso de detectar posibles prácticas contrarias a la competencia en el transcurso de una licitación.

Contratos publicos y derecho de la competencia_img

El Ejecutivo especifica que la propia Ley de Contratos del Sector Público contempla medidas para evitar prácticas contrarias a la competencia, en colaboración con la CNMC, y cita particularmente un artículo que establece el traslado de indicios fundados por parte de la mesa u órgano de contratación.

El citado artículo incluye la suspensión del procedimiento de contratación al remitirse dichos indicios, y también prevé la regulación del procedimiento al que se refiere este párrafo de forma reglamentaria.

Sin embargo, el Gobierno informa en su respuesta que trabaja en una modificación de la propia disposición legal, con el fin de "regular de una manera pormenorizada" en la Ley de Contratos qué procedimiento seguir en caso de detectarse este tipo de indicios.

No es la única medida que avanza el Ejecutivo, al asegurar que la futura Estrategia Nacional de Contratación Pública contemplará medidas dirigidas a fomentar la competencia y evitar prácticas contrarias a la misma, y que estas serán "de aplicación obligatoria para todo el sector público".

Hacienda aclara que no puede castigar al cártel de constructoras hasta que su sanción no sea firme

El Ministerio de Hacienda ha aclarado en el Congreso que no puede excluir de la contratación pública a las empresas de la construcción sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta que la resolución sea firme.

En su resolución, el supervisor determinó la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Sin embargo, el Ejecutivo en su respuesta indica que la aplicación de esta prohibición procederá en los términos previstos en la Ley de Contratos y de acuerdo con la jurisprudencia reciente, "de tal modo que es imprescindible esperar a que las resoluciones sean firmes".