“Este trabajo ha abarcado tanto a los auditores privados como a los auditores públicos y se basa en la información pública disponible. Como puede observarse en sus conclusiones, es conveniente por parte de todos hacer un esfuerzo de mejora para favorecer la transparencia y, por ende, reforzar el funcionamiento de estas entidades. Tal y como se indica en el estudio, la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE realizará una serie de actividades en pro de la mejora del tratamiento de las auditorías público-privadas”, explicó Jorge Castejón González, director de la Oficina Nacional de Auditoría.
Por otro lado, dada la insuficiencia de medios disponibles de los auditores públicos, se hace necesaria la colaboración de los auditores privados para lograr ese objetivo de transparencia. Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, destacó que “en una situación de crisis como la actual, producida por el coronavirus, la auditoría del Sector Público va a ser fundamental ante el aumento del gasto público que va a producirse. El trabajo de los auditores públicos y privados, para lograr mayor transparencia, es esencial y será un paso muy significativo en el fortalecimiento de las instituciones públicas españolas”.
En opinión de Carlos Puig, presidente del REA Auditores, la pandemia ha obligado al Sector Público a tomar medidas para aliviar los efectos graves generados por la paralización de la actividad económica, que han supuesto la movilización de recursos públicos que alcanzan porcentajes inéditos sobre el PIB. Ello ha traído un nuevo foco de riesgos de fraude en este sector, y no sólo en lo que hace referencia a la contratación. La colaboración de los auditores externos es fundamental para fortalecer los sistemas internos y otorgar fiabilidad a la rendición de información; ello redundará en una mejor recuperación económica, favorecida sin duda por un mejor uso posible de los recursos públicos.
El estudio analiza las cuentas de 47 entes públicos MP
El estudio tomó como referencia las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018, y ha identificado un total de 47 entes considerados MP. Tres de los 47 entes, a la fecha no habían presentado el informe de auditoría, por lo que se revisó la memoria de las 44 restantes y 42 informes, ya que dos de estos entes no se auditan por presentar cuentas anuales abreviadas. De los 44 entes analizados, las formas jurídicas de estas entidades serían las siguientes:
o Agencias estatales: 4
o Consorcios adscritos a la AGE: 3
o Organismos autónomos: 13
o Fundaciones del sector público estatal: 2
o Entidades públicas empresariales: 4
o Otras entidades de derecho público: 1
o Sociedades mercantiles estatales: 17
Conclusiones
• Aproximadamente un tercio de las entidades analizadas cumple con fidelidad los requerimientos de información establecidos en sus cuentas anuales, otro tercio incluye en mayor o menor medida alguna mención y el último no hace ninguna referencia a su condición de MP.
• Los informes de auditoría correspondientes a estas entidades han sido emitidos en un 40% por auditores privados y el resto por auditores públicos.
• Finalmente se han evaluado los informes de auditoría correspondientes en relación con la información requerida sobre MP, clasificándolos como correctos, mejorables y cuestionables en función de la aplicación de la normativa vigente sobre informes.
