El Registro de Economistas Forenses (REFOR), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de insolvencias, considera que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, pero ven "poco serio" que para la ley de reforma concursal, "de tanto calado", sólo se hayan dado 15 días hábiles -del 5 al 25 de agosto- para el trámite de audiencia pública, en unos días, además, en los que ni siquiera se celebran consejos de ministros por las vacaciones estivales.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, pese a entender las "prisas" del Gobierno para acometer las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, considera que una reforma que afecta a la supervivencia de las empresas merece un período de reflexión algo más amplio.
Esto supone que dicho plazo se asemeje al que se ha dado, por ejemplo, a otra norma también acordada con la Comisión Europea como es el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, cuyo plazo para aportaciones vence el 6 de septiembre pese a haber sido publicado el 27 de julio.
Aunque los economistas consideran que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, critican que no se aborde "con seriedad" la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.
Los economistas valoran positivamente, en líneas generales, la reforma concursal planteada por el Gobierno, aunque con algunas reticencias importantes.
Entre las mejoras introducidas en el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, los economistas del REFOR) destacan que el nuevo texto impulsa los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, dado que las empresas en España llegan tarde al concurso.
Asimismo, también supone un avance la inclusión de un procedimiento específico para microempresas como existe en otros países, si bien no se garantiza la gestión profesionalizada de estos procesos. Otro punto a favor es la clarificación del concepto de probabilidad de insolvencia.
No obstante, consideran que se siguen manteniendo algunos aspectos negativos que, a su juicio, podrían "dar al traste" con los objetivos fijados en el texto.
De una parte, el Anteproyecto evita abordar la trasposición del mecanismo de alertas tempranas dispuesto en la Directiva Europea, al dedicar una disposición final a describir la futura implantación -en 2022- de un sistema básico que, en opinión de los economistas, "no parece que vaya a permitir detectar los riesgos de insolvencia de una forma eficiente".
Otra de las críticas formuladas por los economistas es la ausencia de claridad en la profesionalización de la asistencia a los empresarios en los procesos de reestructuración en los que, si bien desarrolla los contenidos de naturaleza financiera y de viabilidad que deben contener dichos planes, omite desarrollar los aspectos subjetivos que deben cumplir los profesionales encargados de unas tareas tan esenciales para garantizar el éxito de estos procedimientos.
Por último, lamentan que no se haya avanzado y aprovechado esta reforma para llegar a una postura intermedia en cuanto a una mayor extensión del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para autónomos y emprendedores.
Desde el Consejo General de Economistas presentarán alegaciones en la fase de audiencia pública sobre estos y otros aspectos, según han avanzado a través de un comunicado.
