Los economistas defienden que la actual crisis exige soluciones "más profundas" que puedan beneficiar fundamentalmente a estos colectivos, así como a 'startups', micropymes y pequeñas empresas.
"Dadas las circunstancias actuales, sería favorable una regulación adicional que impulse la segunda oportunidad, pues los afectados más vulnerables son las personas físicas en situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores. Incluir a las personas naturales con menos recursos, a las personas físicas empresarios y potenciar en estos momentos esta solución a la insolvencia podría favorecer una salida más airosa de la crisis para estos colectivos", ha destacado el presidente del CGE, Valentín Pich.
Los economistas también demandan potenciar los acuerdos de refinanciación para pymes, actualmente más pensados para grandes y medianas empresas, para lo que estiman necesario la colaboración de empresas, acreedores, entidades bancarias y crédito público, entre otros agentes.
Al mismo tiempo, apuestan por impulsar otras soluciones relacionadas con el concurso de acreedores, como el acuerdo extrajudicial de pagos y la propuesta anticipada de convenio, ya que están "poco utilizadas por las empresas y suponen otra alternativa a tener en consideración en la situación actual".
Los economistas reclaman además medidas de apoyo a los Juzgados de lo Mercantil, con la creación de gabinetes de crisis; el incremento de la dotación de equipos que favorezcan la justicia telemática; la extensión de los sistemas de presentación electrónica de documentación en los juzgados de determinadas comunidades autónomas con sistemas propios para todos los administradores concursales, y que estos sistemas estén coordinados para todo el territorio nacional, de forma que se puedan realizarse con urgencia y de forma generalizada los trámites electrónicos a distancia.
El CGE ve necesario también agilizar la publicación del texto refundido de la Ley Concursal y transponer con urgencia aspectos de mejora de la Directiva de Insolvencia, entre ellos la ampliación de acuerdos de refinanciación, reestructuración, mejora de la segunda oportunidad y limitación de privilegios del crédito público.
En este sentido, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, se ha mostrado favorable a que las soluciones preconcursales establecidas en el decreto sobre el impacto económico y social del Cobid-19, como los acuerdos de refinanciación, se incluyeran en la extensión de la moratoria de dos meses desde el fin del estado de alarma. Albiol recuerda que la Directiva de Insolvencia permite incluso una extensión de hasta doce meses de un posible blindaje preconcursal.
