Este mecanismo, que fue implantado en 2017, tiene como objetivo tramitar las facturas emitidas y recibidas por las empresas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para gestionar el IVA. La llegada de este sistema supuso un desajuste en las declaraciones, que comenzaron a realizarse dos meses después, en lugar de uno, lo que provocó que en 2017 se contabilizaran 11 meses en lugar de los 12 correspondientes.
Para los proponentes, contabilizar los ingresos por el IVA de noviembre de 2017 como si fueran de 2018, cuando efectivamente se realizaron el año anterior, supone para las comunidades autónomas de régimen común un "perjuicio injusto" al verse disminuidos sus recursos definitivos del sistema de financiación.
Por ello, los proponentes pretenden añadir una Disposición adicional a la Ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas para clarificar los criterios que el Ministerio de Hacienda deberá seguir para el calcular la liquidación definitiva de los mencionados recursos. Concretamente, la disposición establece que los ingresos realizados los por los sujetos pasivos del IVA en el año 2017 serán los realizados ese año independientemente de cuando se aplique contablemente.
Una vez superada esta primera votación en Pleno, la proposición de ley continúa su tramitación en ponencia y Comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios.
