Desde la Casa de América, la Cumbre Internacional impulsada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) arranca hoy con un llamamiento a reforzar el Estado de derecho como pilar de desarrollo y condición indispensable para garantizar la seguridad jurídica.
Con la participación del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, el encuentro que comienza oficialmente este jueves tras una recepción en el día de ayer, reúne a medio centenar de líderes políticos, juristas y académicos de ambos lados del Atlántico para hacer de Madrid el centro neurálgico del debate jurídico iberoamericano.
Con la deriva democrática en varios países como telón de fondo, y la creciente presión sobre el mundo del Derecho en tiempos de transformación global, la jornada inaugural arrancará con la presentación, por parte del decano del ICAM, Eugenio Ribón, de un informe sobre el deterioro del Estado de derecho en Iberoamérica, centrado en los estados latinoamericanos a partir de los últimos datos de organismos internacionales.
El documento pone el foco en un problema estructural: la erosión de la seguridad jurídica, que amenaza la convivencia democrática, frena el desarrollo económico y debilita los derechos fundamentales de millones de personas. El diagnóstico es claro: el 78 % de los países iberoamericanos han retrocedido en calidad institucional desde 2016.
“La seguridad jurídica —la certeza de que las normas se aplican de forma estable, previsible y justa— es la base de toda convivencia democrática. Sin ella, se desvanece la confianza ciudadana, la inversión se retrae y el poder tiende a la arbitrariedad”, advierte Ribón. “Hoy, esa seguridad está gravemente comprometida en buena parte de Iberoamérica”, añade el decano, que resume el informe en diez hechos clave para ilustrar la magnitud y las consecuencias del deterioro del Estado de Derecho en la región.
Diez hechos clave sobre el Estado de Derecho en Iberoamérica
1. Retroceso sistémico: El 78 % de los países iberoamericanos han empeorado su puntuación en Estado de derecho desde 2016.
2. Solo tres resisten con solidez: Uruguay (0,72), Costa Rica (0,68) y Chile (0,66), aunque también muestran signos de desgaste.
3. Triple alerta institucional: Venezuela, Haití y Nicaragua cierran el ranking global en calidad institucional.
4. Corrupción estructural: El índice regional de percepción de la corrupción se estanca en 41/100.
5. Libertades en retroceso: Ningún país mejoró en libertades civiles y políticas en 2023; varios, como Perú o El Salvador, cayeron.
6. Justicia lenta y costosa: En promedio, hacer cumplir un contrato judicial tarda 768 días y cuesta más del 25 % del valor reclamado.
7. Poder sin contrapesos: Más del 65 % de los países han visto deteriorarse los mecanismos de control al Ejecutivo.
8. Desconfianza social generalizada: Solo el 20 % de la ciudadanía en países como Bolivia confía en el sistema judicial.
9. Erosión de la seguridad jurídica: América Latina lidera el ranking regional de reclamaciones presentadas por inversores extranjeros ante CIADI, con el 39% del total de casos registrados en el último año.
10. La abogacía, pilar clave: Los abogados son garantes del acceso a la justicia, la legalidad y los derechos fundamentales. El ICAM reafirma su compromiso para reforzar la abogacía ética, independiente y activa como agente central de reconstrucción democrática.
“No hay progreso sin instituciones fuertes”
Para Ribón, el deterioro del Estado de derecho no es solo un problema político o jurídico, sino un lastre económico y social. Citando datos del Banco Mundial, y en lo que será uno de los ejes su discurso inaugural, recuerda que la inseguridad jurídica puede suponer una pérdida de hasta dos puntos en la tasa de crecimiento de los países: “La corrupción expulsa talento. La arbitrariedad espanta la inversión. La falta de jueces independientes erosiona la confianza colectiva”, sentencia.
También alerta sobre los síntomas del autoritarismo moderno: “allí donde los jueces son presionados, donde los medios son silenciados, donde el Parlamento se subordina al Ejecutivo, allí se abre la puerta al populismo, la polarización extrema y formas abiertas de autoritarismo”.
Una respuesta coordinada, con la abogacía en primera línea
Ante este escenario, el decano del ICAM aboga por una respuesta coordinada entre naciones iberoamericanas, que fortalezca la institucionalidad democrática y refuerce los mecanismos de cooperación jurídica transnacional. “Los colegios de abogados no somos observadores neutrales. Somos actores esenciales en la defensa activa de la legalidad, la independencia judicial y las garantías constitucionales”, recuerda.
En esa misma línea, y ampliando el foco al ámbito europeo, la diputada responsable del Área Internacional del ICAM, Teresa Mínguez pone en valor el papel central de la abogacía en el nuevo contexto birregional, marcado por retos comunes y marcos normativos en transformación. “Las compañías que operan en este espacio euro-iberoamericano necesitan despachos y abogados que comprendan ambos entornos regulatorios”, afirmó, destacando la necesidad de profesionales “capaces de navegar simultáneamente por la normativa europea de protección de datos, los marcos latinoamericanos de inversión extranjera, los convenios multilaterales de arbitraje, las directivas europeas sobre sostenibilidad, las normativas de fiscalidad internacional o los nuevos estándares globales de compliance”.
En este escenario, Mínguez reivindica el papel de las instituciones colegiales en la preparación de los juristas del futuro y en la consolidación de un espacio jurídico compartido: “Estamos ante un momento especialmente propicio para reforzar el espacio jurídico ibero-europeo. Un espacio en el que la abogacía debe ser un pilar central: como garantes de seguridad jurídica, como facilitadores de la inversión y como defensores de los valores fundamentales que nos definen como sociedades democráticas”.
En ese sentido, la puesta en marcha de ICAM Universidad, un nuevo centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, nacerá con vocación de convertirse en puente académico entre España y América Latina: para el decano Eugenio Ribón “no se trata solo de ampliar nuestra oferta formativa. Se trata de consolidar una comunidad jurídica iberoamericana basada en el conocimiento, el rigor y los valores compartidos”, concluye.
