En el supuestos de acumulación subjetiva (varios recurrentes) cuando exista una condena en costas ¿estarán obligados a pagar las costas mancomunada o solidariamente?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", númer 2, el 15 de mayo de 2015.
El planteamiento analizado se alimenta por la circunstancia de que nuestro or...
El planteamiento analizado se alimenta por la circunstancia de que nuestro ordenamiento procesal (tanto la LRJCA como la LEC que, como es sabido, es de aplicación supletoria en el orden contencioso administrativo) no especifica la naturaleza solidaria o mancomunada de la obligación de pago de las costas procesales. Cabe, por tanto, constatar la orfandad normativa por lo que a la naturaleza de la condena en costas respecta en los supuestos de pluralidad de partes.
El escenario que esboza el interrogante analizado nos situaría en un supuesto en el que una pluralidad de recurrentes, es decir, varias personas o entidades, impugnan ante la jurisdicción contencioso administrativa, bien un mismo acto, disposición o actuación, bien varios actos, disposiciones o actuaciones que sean reproducción, confirmación o ejecución de otros actos o entre los cuales exista cualquier otra conexión directa, tal y como se infiere de la exégesis combinada entre los art.34 y 37.2 LRJCA -EDL 1998/44323-.
Por otra parte, suscitándose la problemática desde la perspectiva de una pluralidad de recurrentes, a los efectos de ir cerrando el círculo del dilema sugerido, resulta también fácil imaginar que el juez no haya apreciado serias dudas de hecho o de derecho y que, en consecuencia, ante la desestimación del recurso contencioso administrativo haya impuesto las costas a los recurrentes (de acuerdo con el principio del vencimiento establecido en el art.139.1 LRJCA -EDL 1998/44323-) sin -evidentemente-, pronunciamiento alguno respecto de la mancomunidad o solidaridad de su pago.
Nos encontramos, en consecuencia, ante un supuesto de acumulación subjetiva de acciones, en el que una pluralidad de actores dirige sus pretensiones frente a una parte demandada o, en su caso, ante una pluralidad de demandados, entre los que obviamente, debería encontrarse la Administración.
El efecto de la tramitación conjunta obedece a las circunstancias anteriormente referidas (ser idéntico el acto atacado judicialmente por distintos recurrentes o, en su caso, que éstos dirijan sus pretensiones frente a diferentes actos pero con una clara conexión directa.)
Repárese, además, en que con el loable designio de evitar fallos contradictorios, por razones de economía procedimental y, en fin, en aras de garantizar la seguridad jurídica, el legislador alienta expresamente dicha tramitación común facultando al juez en el art.37.1 LJCA -EDL 1998/44323 para que «en cualquier momento procesal» acuerde «la acumulación de oficio o a instancia de alguna de las partes» de los recursos contencioso-administrativos que se hubieran interpuesto «con ocasión de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 34.»
Pues bien, una de las claves del planteamiento reside en indagar la identidad o diferenciación entre las pretensiones esgrimidas por esa pluralidad de recurrentes, toda vez que no todos tienen por qué ejercitar las mismas pretensiones frente a los demandados, sobre todo, teniendo en consideración su relación con los mismos y con el objeto del litigio. Consecuentemente, no resultaría aventurado pronosticar que la apreciación del juez pudiera variar respecto de cada uno de los recurrentes, de modo que no sería extraño que en relación con uno pudiera apreciar, por ejemplo, alguna causa de inadmisibilidad, por no hablar, obviamente, de los distintos elementos de fondo y de la diferente motivación que, eventualmente, puede manejarse a la hora de abordar cada una de las pretensiones esgrimidas.
Situando, por tanto, el epicentro del debate en el concepto de pretensión (en lugar de hacerlo en cada uno de los recurrentes individualmente considerados -que, no hay que olvidar, pueden desplegar idénticas o diferentes pretensiones-) se llega a la conclusión de que, en ausencia de cualquier especificación al respecto por parte del juez en la parte dispositiva de su sentencia, la condena en costas debería asumirse de forma mancomunada entre todos los recurrentes.
Y es precisamente a ese concepto de pretensión al que se refiere el art.139 LRJCA -EDL 1998/44323 cuando apunta que el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Además, téngase en consideración que el pronunciamiento sobre las costas del proceso o recurso debe hacerse constar en la propia parte dispositiva de la sentencia (LEC art.209.4 -EDL 2000/77463-) cuya exhaustividad, congruencia y motivación se exige expresamente por el art.218 LEC, de modo que «cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos» (LEC art.218.3).
Por lo demás, la naturaleza mancomunada de la obligación de pagar las costas procesales se ha venido manteniendo con carácter mayoritario por parte de la jurisprudencia, especialmente, a partir de los art.1137 y 1138 CC que, aunque referidos a obligaciones de negocios jurídicos, establecen la presunción «iuris tantum» de no solidaridad, esto es, la presunción de estimar mancomunada toda obligación a la que concurran varios acreedores o varios deudores, sin perjuicio de que la jurisprudencia haya admitido la solidaridad cuando la voluntad de las partes, la naturaleza del contrato o el interés jurídicamente protegido así lo reclame
La lejana STS 25-5-56 ya señaló que «la parte actora se limitó a solicitar la condena en costas de los demandados, sin añadir consideración alguna para adjetivar la imposición; y tanto el Juzgado como la Audiencia decidieron que fuera con carácter solidaria , lo que entraña una condición gravosa para el que de ellos sea solvente, si se da la circunstancia que el otro carece de bienes; y como según el art. 1.137 CC -EDL 1889/1-, la obligación contraída por varios deudores es mancomunada cuando expresamente no se pacta la solidaridad , resulta patente que la condena de costas con carácter solidario , cuando así no se interesa, no puede ser aplicada».
Recuerda, además, la STS 16-10-07 que «la condena en costas tiene un fundamento puramente procesal y nada tiene que ver con las características del derecho sustantivo que se invoca, sino con la posición que adopte en el proceso cada parte. De ahí que se impongan en función a la postura procesal y atendiendo únicamente a esta situación. Piénsese en el supuesto de una obligación solidaria en que el demandado se allana y no se le imponen las costas como ejemplo de que lo determinante no es la naturaleza de la obligación, sino la conducta en el proceso».
En definitiva, resulta factible mantener que cuando son varias las partes procesales condenadas al pago de las costas, el importe de la condena deberá entenderse dividido entre cada parte procesal condenada cuando no se establezca ni pueda establecerse la presunción de solidaridad y las partes condenadas a su pago habrán de asumirlo por el importe en que se divida entre ellas el total de la condena, sin perjuicio de la solidaridad y relación interna entre las personas físicas o jurídicas que puedan integrar cada parte procesal.
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La solución a la cuestión que el tema plantea debe abordarse, en primer lug...
La solución a la cuestión que el tema plantea debe abordarse, en primer lugar, desde la perspectiva de las normas civiles que disciplinan las obligaciones en las que la prestación debe efectuarse por más de un obligado a su cumplimiento. Y ello, fundamentalmente, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 no señala la naturaleza (solidaria o mancomunada) de la obligación de abonar las costas procesales, a lo que debe añadirse que los Tribunales no suelen determinar, en cada caso concreto, si la condena en costas tiene naturaleza mancomunada o solidaria. Carecemos, por tanto, de una declaración de la correspondiente norma procesal sobre el tema suscitado.
La regla general la encontramos en el CC art.1137 -EDL 1889/1-, que sienta una presunción de «no solidaridad» al proclamar que «la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria».
Es cierto que buena parte de la doctrina de las Audiencias Provinciales con competencias en materia civil entiende que la solidaridad o la mancomunidad de la obligación de pagar las costas debe ponerse en relación con la naturaleza de la acción que se ejercita en el proceso, de manera que si el fallo de la sentencia se refiere a una obligación solidaria, la condena en costas a los obligados solidarios tendrá también este carácter y, a sensu contrario, será mancomunada cuando esa obligación principal tenía ese otro carácter.
A mi juicio, sin embargo, la cuestión no puede resolverse a tenor del carácter de la obligación principal (de contenido material) que en el proceso se ejercita (cuyo régimen seguiría, según aquella opinión, el pronunciamiento sobre las costas), sino desde la perspectiva del origen exclusivamente procesal de la condena en costas. Dicho de otro modo, entiendo que ese origen (procesal) de la condena en costas no puede determinar que la presunción de mancomunidad que el Código Civil -EDL 1889/1 establece decaiga en estos supuestos, pues la naturaleza de la obligación (de pagar las costas) tiene una indudable naturaleza civil que ha de reputarse independiente de la obligación principal.
A mi juicio, esa independencia deriva del propio fundamento (procesal) de la condena en costas y de la conexión de esa misma condena, no con el derecho sustantivo o con la acción de fondo que se ejercita en el proceso, sino con el comportamiento procesal de cada uno de los intervinientes en el procedimiento judicial. Por más que pueda existir una pluralidad de sujetos que ocupen idéntica posición procesal (demandantes o demandados), su actuación en el proceso no está interconecta, ni necesariamente condicionada por el comportamiento procesal de cada uno de esos sujetos, sino que funciona con plena autonomía en el uso de sus diferentes armas defensivas o, incluso, en la disposición del proceso que individualmente ostentan.
De esta forma, cuando son varias las partes procesales condenadas al pago de las costas, el importe de la condena deberá entenderse dividido entre cada uno de los condenados, pues no puede establecerse, en principio, una presunción de solidaridad que sería contraria a la normativa vigente, que, insistimos, establece una presunción de mancomunidad.
Por tanto, ni siquiera cabría afirmar la solidaridad en la condena en costas cuando el derecho material ejercitado en el proceso se refiera a varios deudores solidarios, pues también en este caso la naturaleza de la condena en costas ha de reputarse puramente procesal en cuanto vinculada exclusivamente a la postura que en el proceso cada parte ha defendido.
Solo habría una excepción al principio expuesto, aunque en realidad no altera, sino que reafirma la tesis sostenida. Si alguna de las partes condenadas al pago de las costas procesales está compuesta por varias personas, la condena -en relación con esa parte vencida en juicio, sea actora o demandada habrá de entenderse como solidaria. Así lo entendió el auto del TS, Sala Primera, 16-10-07 (Rec 12687/07) -EDJ 2007/196909-, en el que se señala que, salvo en estos particulares supuestos, la regla general es la de la mancomunidad.
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Las costas procesales, que son los gastos del proceso que comprenden los conc...
Las costas procesales, que son los gastos del proceso que comprenden los conceptos enumerados en el art.241 LEC -EDL 2000/77463 y a cuyo pago puede resultar condenada una de las partes a fin de resarcir los desembolsos originados por la propia actividad procesal de la parte contraria y que son consecuencia directa o inmediata del proceso, son reguladas en el art. 139 LJCA -EDL 1998/44323-, aunque ni tal precepto ni la LEC, de aplicación supletoria en el proceso contencioso-administrativo abordan de forma expresa la cuestión jurídica que se somete a nuestra consideración.
Se hace necesario, así pues, examinar detenidamente los pronunciamientos judiciales existentes al respecto, pudiendo ya anticipar que el criterio mayoritariamente adoptado es el de considerar que cuando el pronunciamiento judicial de condena en costas recae sobre varias partes (ya sean recurrentes o demandados), a falta de previsión legal al respecto, debe presumirse que la condena es mancomunada y no solidaria. En las sentencias que contienen un pronunciamiento expreso de condena solidaria al abono de las costas se aprecia una escasa o a veces inexistente motivación al respecto, como si bastase ese pronunciamiento sin más. En este sentido podemos citar las SSTS 24-7-09 -EDJ 1999/30753-, 4-12-09 y 15-12-00 -EDJ 2000/8994-, que incorporan la condena solidaria en el fallo sin motivación alguna en el fundamento jurídico sobre las costas procesales. Hay otras, en cambio, que aunque someramente, indican que si no se especifica nada en la sentencia, la condena ha de entenderse mancomunada (STS 15 de noviembre de 2004 -EDJ 2004/183551-); que en materia de costas procesales no se da el principio de solidaridad (STS 15-3-00 -EDJ 2000/3319-) o que no cabe presentar una sola minuta de honorarios para pretender un pago solidario si no se dice nada en la sentencia al respecto de forma expresa, esto es, que la condena sea solidaria (STS 2-7-01 -EDJ 2001/30101-).
Más motivadas son dos SSTS 27-4-04 -EDJ 2004/82956 al afirmar que la condena en costas a los recurrentes en una determinada cantidad, «habrá de pagarse, mancomunada y no solidariamente, en partes iguales por cada uno de los recurrentes, ya que, como establecen los artículos 1.137 y 1.138 el Código Civil -EDL 1889/1-, la solidaridad sólo existe cuando la obligación expresamente lo determina».
Precisamente la consideración como obligación puramente civil, aunque de origen procesal, con la consiguiente aplicación del régimen jurídico general de las obligaciones contenido en el CC -EDL 1889/1 es el fundamento último del carácter mancomunado acogido en la mayoría de las sentencias, si bien admitiéndose un pronunciamiento expreso de solidaridad, que podría tener como base el carácter solidario de la obligación principal objeto del litigio siempre condicionada a la existencia de una petición expresa de la parte favorecida por la condena de la contraria.
En el ámbito jurisdiccional civil se ha razonado, en la STS 6-6-01 -EDJ 2001/11563- y en la de 21-11-00 -EDJ 2000/39208 del siguiente modo: «Si varios actores o demandados designan un Letrado que dirija sus actuaciones procesales en una cuestión litigiosa en la que están involucrados, puede entenderse establecida una relación solidaria entre ellos por razón del fin común perseguido (art. 1137 CC -EDL 1889/1-), pero esa solidaridad no trasciende a la contraparte en el litigio, opera en las relaciones cliente-Letrado, Ninguno de los acreedores le podrá exigir el pago por entero de las costas a aquélla, pues el crédito ha de considerarse divisible por partes iguales (art. 1138 CC), salvo que la sentencia hubiese dispuesto lo contrario».
Y es que en definitiva la condena en costas se impone, vista la evolución legislativa en la materia (LJCA art.139 -EDL 1998/44323-), bien en atención a una determinada conducta procesal (criterio subjetivo de la temeridad o mala fe) bien según la posición procesal (criterio objetivo del vencimiento), desligándose del carácter solidario o no de la obligación principal que se ventile en el litigio.
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Las costas procesales son los desembolsos que, teniendo su causa directa e in...
Las costas procesales son los desembolsos que, teniendo su causa directa e inmediata en un determinado proceso, han de realizar las partes del mismo, y de los que puede reembolsarse una de ellas, si se produce la condena en costas de la contraria.
El art.241 LEC 1/00 -EDL 2000/77463-, distingue entre gastos y costas procesales, circunscribiendo estas últimas a los siete conceptos recogidos en el precepto: «1.º Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2.º Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3.º Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4.º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5.º Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6.º Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7.º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos préstamos o créditos hipotecarios cuando se dirijan contra el propio ejecutado o contra los avalistas».
La reforma operada en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (LJCA) -EDL 1998/44323 por la L 37/11, de 10 de octubre, instauró, por vez primera, en este Orden jurisdiccional el criterio objetivo del vencimiento en materia de costas, en primera o única instancia, dando nueva redacción a su art.139: «1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho (...)». Criterio que ya regía para las demás instancias o grados (art.139.3).
Sin embargo, en nuestro derecho positivo nunca ha existido previsión normativa acerca de la naturaleza mancomunada o solidaria de esa condena en costas, lo que ha motivado, además de algún debate doctrinal, posiciones jurisprudenciales -de la Sala Primera del Tribunal Supremo, no me consta ningún pronunciamiento al respecto de la Sala Tercera distintas.
Existe unanimidad en considerar que la condena en costas es una obligación procesal, de naturaleza civil, lo que lleva a una postura mayoritaria a favor de la mancomunidad de estas obligaciones sobre la base de los art.1137 y 1138 CC -EDL 1889/1 que establecen, como regla general, la mancomunidad, siendo la solidaridad la excepción.
Ahora bien esta «presunción iuris tantum» en favor de la mancomunidad de la obligación de pago de las costas, desaparece en favor de su carácter solidario, cuando la parte vencedora del pleito, y, consiguientemente, acreedora del pago de costas, hubiera solicitado en la demanda que la condena se hiciera con carácter solidario, o, el órgano jurisdiccional se hubiera pronunciado expresamente sobre la naturaleza solidaria de las costas a cuyo pago condenaba, o, la obligación principal tuviera carácter solidario, exigiéndose, incluso, la concurrencia de estos tres requisitos.
En esta línea mayoritaria favorable a la mancomunidad, cabe citar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21-11-00 (casación 702/95) -EDJ 2000/39208-, en la que se dice: «Si varios actores o demandados designan un Letrado que dirija sus actuaciones procesales en una cuestión litigiosa en la que están involucrados, puede entenderse establecida una relación solidaria entre ellos por razón del fin común perseguido (art. 1.137 Cód. civ. -EDL 1889/1-), pero esa solidaridad no trasciende a la contraparte en el litigio, opera en las relaciones cliente-Letrado. Ninguno de los acreedores por costas le podrá exigir el pago por entero de las costas a aquélla, pues el crédito ha de considerarse divisible por partes iguales (art. 1.138 Cód. civ. -EDL 1889/1-), salvo que la sentencia hubiese dispuesto lo contrario».
En Auto de la misma Sala de 16-10-07 (casación 2503/03) -EDJ 2007/196909 se distingue entre partes recurrentes y partes complejas (compuesta por varis personas). En el primer caso, la condena en costas es mancomunada para cada parte recurrente que haya resultado condenada en costas, mientras que cuando la parte recurrente condenada está integrada por varias personas, para éstas la condena es solidaria: «cada parte recurrente, las cuatro, están obligados al pago de forma mancomunada. Y precisamente por ello, la parte beneficiaria de las condenas en costas ha presentado cuatro minutas y se han practicado cuatro tasaciones de costas; si hubiera habido solidaridad -como ocurre con las personas que integran una sola parte recurrente bastaría con una sola minuta».
La Sentencia de la tan citada Sala Primera 6-6-01 (casación 2933/95) -EDJ 2001/11563-, se pronuncia claramente en favor de la solidaridad en el supuesto de partes complejas: «Si el fallo de la sentencia no determina otra cosa, la condena en costas ha de estimarse solidaria cuando son varias las personas que actúan como litigantes, ya sean demandantes o demandados, recurrentes o recurridos, como ocurre en el recurso de casación antes expresado, en que lo hacen como única parte recurrente, y, además, de esta manera se garantiza mejor el cobro del crédito por parte del acreedor, y se permite a quién, como coobligado al pago lo haga efectivo, a acudir contra los demás en vía de regreso».
E, igualmente, en favor de la solidaridad se decanta la tan citada Sala, Sección Primera, en su Sentencia nº 280, de 7-5-12 -EDJ 2012/216660-: «Es cierto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1137 del Código Civil -EDL 1889/1-, la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma, pero su alcance se ha limitado a las obligaciones negociales, de tal forma que no opera automáticamente cuando se trata de responsabilidad extracontractual, en cuyo caso, como afirma la sentencia 1340/2007, de 2 de enero -EDJ 2007/2681-, u0022existe solidaridad impropia entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por el ilícito culposo, con pluralidad de agentes y concurrencia de causa únicau0022, lo que reitera la 1228/2008 de 16 diciembre -EDJ 2008/234530 al afirmar que u0022el vínculo de solidaridad es el procedente por ser el más adecuado con relación al perjudicado, para la efectividad de las indemnizaciones correspondientesu0022 (...).
Sin perjuicio de cual sea la distribución procedente en la relación interna, la aplicación de esta regla determina la responsabilidad solidaria frente a terceros. Lo que determina que desestimemos el motivo toda vez que: la responsabilidad derivada de la condena en costas tiene origen extracontractual; la fórmula utilizada en la demanda, en la que, sin distinción entre contratos ni contratantes, ni sociedad y socios, todos los demandantes formularon conjuntamente las mismas pretensiones frente a los mismos demandados, en modo alguno permite excluir la solidaridad de la condena; en contra de lo afirmado por el motivo, la sentencia recurrida ha ajustado su pronunciamiento a lo previsto en el artículo 398 -EDL 2000/77463 en relación con el 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».
Como resumen, cabe concluir que, salvo que la condena en costas se haga con carácter solidario, la obligación de pago de éstas tiene naturaleza mancomunada cuando son varias las partes condenadas, mancomunidad que no rige entre la pluralidad de litigantes que puedan integrar la parte condenada, que responderán solidariamente de su pago frente al acreedor de las mismas.
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La Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha decantado abiertamente por afirmar...
La Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha decantado abiertamente por afirmar la mancomunidad en el pago de las costas al declarar, por ejemplo en el Auto 27-11-02 (rec. 216/1997, Ponente D. Pedro José Yagüe Gil, F.J. 1º) que «dado que, según la doctrina de esta Sala, la responsabilidad en la condena en costas, en el caso de ser varias las personas condenadas, es mancomunada y no solidaria (v.g. autos de la Sección 3ª de esta Sala de 13 de Octubre de 1997 -casación nº 5590/93 de 29 de Julio de 1997 -casación nº 9678/95 y de 29 de Mayo de 1997 -casación nº 6811/93-), se está en el caso de declarar que cada una de las entidades ha de satisfacer sólo la mitad de las costas tasadas en fecha 30 de Noviembre de 2001». Y en el Auto 12-3-04 (Rec 8463/98, Ponente D. Fernando Ledesma Bartret, F.J. 2º): «Por tanto, la condena recae sobre las siete partes recurridas, debiendo hacer frente cada una de ellas al pago de la séptima parte del importe del crédito que la sentencia reconoce en favor de las partes contrarias beneficiarias de la condena en costas (STC de 26 de febrero de 1990, R.A. nº 1313/1987 -EDJ 1990/2133-). Así se desprende del art. 1137 del Código Civil -EDL 1889/1-, con arreglo al cual la concurrencia de dos o más deudores no implica que cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la obligación, lo que sólo acontece cuando tal obligación se constituye con el carácter de solidaria, supuesto ante el que no nos encontramos».
En conexión con estos criterios jurisprudenciales, la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Eficiencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa impulsada por el Ministerio de Justicia (marzo de 2013) preveía la introducción de las siguientes reglas especiales en el art. 139.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-: «No se incluirán en las costas los gastos de abogado y procurador correspondientes a los codemandados voluntarios. En el caso de acciones de responsabilidad dirigidas conjuntamente contra varias Administraciones Públicas, o contra una Administración Pública y un particular codemandado necesario, la sentencia estimatoria fijará la parte que corresponde pagar a cada uno de los demandados. Si la sentencia es desestimatoria, las costas se abonarán a los demandados por partes iguales».
Lo primero hay que ponerlo en relación con la Ley Jurisdiccional de 1956 que instituía en el art. 30 la figura del coadyuvante del demandado («cualquier persona que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivaren la acción contencioso-administrativa») y de la Administración que demandare la anulación de sus propios actos lesivos («quien tuviere interés directo en dicha pretensión»). Respecto del coadyuvante el art.131.2 de la Ley Jurisdiccional preveía, en cuanto a las costas, que «no devengará ni pagará costas más que por razón de los recursos o incidentes que ella promueva con independencia de la parte principal». Al entender derogado por el art.24.1 CE el art.95.2 de la L 1956, que excluía la posibilidad del coadyuvante de interponer autónomamente el recurso de apelación, el Tribunal Supremo, sin embargo, abandonó dicho criterio. En concreto, a partir de la sentencia de 20-10-98 (Rec 6113/1997, Ponente D. Ángel Rodríguez García, F.J. 2º) -EDJ 1998/28416 en la que se dijo: «si el coadyuvante en la instancia puede interponer por decisión propia un recurso de casación y por ende ser condenado en costas, en su caso, es claro que también, por exigencia del principio de igualdad de las partes, las devengará en su favor cuando el pago de aquéllas se imponga, como aquí ha ocurrido, a la parte contraria». Se trataría, por tanto, de reintroducir parcialmente -únicamente respecto de los gastos de abogado y procurador dicha regla respecto del codemandado voluntario.
En cuanto a lo segundo, parece que la finalidad de la disposición sería trasladar al pronunciamiento en materia de costas la distribución de responsabilidad declarada en la sentencia estimatoria respecto de la participación causal de cada uno de los agentes intervinientes en la producción del daño.
Por otra parte, cabría plantearse si el órgano jurisdiccional puede excepcionar en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo la regla general de la mancomunidad declarada por la Sala Tercera. El Tribunal Supremo, en alguna ocasión, lo ha entendido posible al establecer expresamente que la condena al pago de las costas debía abonarse de forma solidaria. Por ejemplo, en la sentencia 14-9-12 (Rec 2861/2009, Ponente D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, F.J. 8º -EDJ 2012/212381-) se afirma expresamente que «La desestimación del único motivo de casación formulado comporta la imposición de las costas procesales a las entidades u0022RAMANSIPA, S.A Y TORRE RIOJA, S.Au0022, según dispone el artículo 139.2 LRJCA -EDL 1998/44323-, que abonarán en forma solidaria». El fundamento legal de esta posibilidad, y dado que la regla general se basa en el principio de que la solidaridad no se presume ex art.1137 CC -EDL 1889/1-, podría encontrarse en el tenor del art.1138 CC («Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, (...)»).
E igualmente puede resultar controvertido si, al amparo de la facultad de limitación de las costas a que se refiere el art.139.3 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 («La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima»), podría introducirse alguna modulación o matización a la mancomunidad, como la limitación de las costas exclusivamente respecto de una de las partes condenadas a su pago. En tal caso, para la parte especialmente favorecida por la aplicación del art.139.3 de la Ley Jurisdiccional el importe de las costas vendría determinado por la cantidad limitada y no por el resultado de dividir en iguales partes el montante total de las costas («el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya» según dispone el art.1138 CC -EDL 1889/1-). En mi opinión, el texto del art.1138 CC a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior («Si del texto de las obligaciones ...») y el carácter abierto de la regla del art.139.3 de la Ley Jurisdiccional (por ejemplo, a través de la cláusula «a una parte de éstas») ampararían dicha posibilidad.
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Con el término acumulación subjetiva de acciones nos referimos a aquellos p...
Con el término acumulación subjetiva de acciones nos referimos a aquellos procesos en que son varios los sujetos que intervienen como demandantes o como demandados. El art.72 LEC (L 1/2000, de 7 de enero) -EDL 2000/77463 se refiere a la acumulación subjetiva de acciones, señalando que «Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos».
No obstante, la LEC , EDL 2000/77463 -de aplicación supletoria a la L 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conforme dispone su Disp Final 1ª , EDL 1998/44323 no regula expresamente este supuesto de pluralidad de partes al tratar del pago de las costas procesales. Como sabemos, el Código Civil presume la mancomunidad de las obligaciones salvo que se disponga expresamente su carácter solidario (CC art.1137 -EDL 1889/1-). Y así lo dispone también el art.240.2 LECr, a pesar de que en determinados casos -art.116.2 CP para responsabilidad civil con varios autores se prevea expresamente la solidaridad.
Quienes sostienen el carácter solidario de la condena en costas utilizan varios argumentos: 1) el pago de las costas es una obligación de carácter procesal y no civil, resultante de la sustanciación de un proceso de modo que, por ello, no puede ser equiparada a una obligación civil y a la regulación contenida en el Código Civil -EDL 1889/1 para éstas; 2) el principio de indemnidad y la necesidad de que el vencedor del pleito vea íntegramente resarcidos los perjuicios económicos derivados de aquel, propios de la teoría del vencimiento que rige en la LEC -EDL 2000/77463 y que ahora ha sido incorporada también a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323 (desde la L 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-); 3) por último, el carácter solidario de la condena no perjudicaría, en puridad, al condenado, pues de haber litigado solo como parte demandante o demandada se vería obligado al pago de la totalidad.
En algunas ocasiones se ha planteado que el carácter solidario o mancomunado de las costas dependerá del carácter de la pretensión ejercitada en el proceso, de modo que será solidaria si la obligación de la que deriva también lo es. Se argumenta en apoyo de este planteamiento que la condena en costas no puede ser calificada estrictamente como una obligación puramente procesal puesto que el acreedor se ve conminado a acudir a los Tribunales para la satisfacción de su derecho, interpretación acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por último, nos encontramos con una postura, quizás mayoritaria, que sostiene que, salvo que en la sentencia se disponga expresamente su carácter solidario, la obligación de pago de las costas generadas a la parte contraria debe calificarse como mancomunada. En primer lugar, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 nada regula y la regla general a falta de disposición expresa es la mancomunidad. En segundo lugar, porque el carácter que demos a la obligación de pago de las costas no puede derivarse del carácter solidario o mancomunado de la obligación principal, pues aquélla tiene un carácter marcadamente procesal y al margen del derecho sustantivo invocado. Precisamente por eso, la condena en costas depende de la conducta seguida por la parte en el proceso, pudiendo suceder que la parte se allane o desista y que, por ello, no fuera merecedora de la condena, de acuerdo con las reglas específicas que en estos casos se establecen en los art.395 y 396 LEC.
Esta última postura parece ser la mantenida mayoritariamente por nuestros Tribunales Civiles, siendo de destacar en este sentido el Auto del Tribunal Supremo (Sala I Civil) 12687/07, 16-10-07, Rec 2503/2003 -EDJ 2007/196909-. En éste se añade un matiz interesante, al señalar que la condena es mancomunada entre los varios condenados, pero si alguna de estas partes está compuesta de varias personas, la condena sería solidaria en la parte que les afecte. Lo explica así: «Han sido cuatro las partes recurrentes: una, formada por los señores Juan Ignacio y Joaquín; otra, por los señores Pedro Francisco y Luis; la tercera, uno solo, el señor Adolfo; la última, por la entidad Cousa. Todos ellos condenados en costas, en forma mancomunada, como se mantiene en la impugnación de la tasación. Dentro de dos de las partes, formada por varias personas, entre ellas sí que se produce solidaridad, lo que nadie discute. Pero cada parte recurrente, las cuatro, están obligados al pago de forma mancomunada. Y precisamente por ello, la parte beneficiaria de las condenas en costas ha presentado cuatro minutas y se han practicado cuatro tasaciones de costas; si hubiera habido solidaridad -como ocurre con las personas que integran una sola parte recurrente bastaría con una sola minuta».
En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa estos supuestos de pluralidad de partes son menos frecuentes que en otras por la propia configuración de la relación jurídico-procesal, el objeto del recurso y la intervención obligada de la Administración. Además, la regulación de las costas contenida en el art.139 LJCA -EDL 1998/44323-, la posibilidad de moderar su importe que prevé el apartado tercero y que cada vez con más frecuencia utilizan los Tribunales, así como la incorporación de la teoría del vencimiento sólo en fecha muy reciente -a partir de la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre , EDL 2011/222122-, determina que apenas existan pronunciamientos en este sentido por los órganos contencioso-administrativos.
En un Auto TS 27-11-02, Rec 216/1997, se opta para el carácter mancomunado de la obligación para el caso de ser varias las partes condenadas al pago de las costas.
Para poder atribuir a la condena en costas un carácter solidario sería necesario que la parte lo solicitara expresamente en su demanda y que la sentencia así lo recogiera, pues de lo contrario habrá que estar al carácter mancomunado de la obligación y, por tanto, a dividir su importe en tantas partes iguales como deudores haya, «reputándose créditos o deudas distintos unos de otros» (CC art.1138 -EDL 1889/1-).
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