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La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose durante 2017 ya que hubo 408.668 solicitudes de ciudadanos que utilizaron hasta el 31 de julio esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza de forma segura el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita.
Esta cifra supera casi en un 5% a la de usuarios que utilizaron el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, en los siete primeros meses del año pasado (389.289 expedientes). Todo apunta a que se generarán más de 640.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita en 2017 con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.
Por comunidades autónomas, el mayor crecimiento corresponde a Castilla y León que con una subida cercana al 12% tramitó de forma electrónica 19.392 solicitudes de Justicia Gratuita; a continuación se encuentran Cataluña con casi 56.000 expedientes y un incremento del 10,30% e Islas Baleares con más de 11.100 tramitaciones digitales y un 9,83% más que en 2016. En Ceuta el incremento de expedientes por vía telemática de Justicia Gratuita ha sido del 21,77% con más de 1.000 solicitudes.
El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan más de 45.300 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.
Ventajas
El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio de Abogados y las Administraciones Públicas.
En primer lugar, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.
La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.
Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.
Por último, las Administraciones Públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.