Las nuevas reglas otorgarán a las autoridades fiscales de los países miembros de la UE datos sobre pagos que les permitirán detectar de manera más sencilla el fraude del IVA, especialmente en el comercio electrónico.
Esto resulta en pérdidas de ingresos fiscales que son necesarios para financiar servicios públicos esenciales. Por ejemplo, algunos vendedores online que no tienen presencia física en un país miembro de la UE venden bienes y servicios a consumidores de la UE sin registrarse para el IVA en ningún lugar de la Unión Europea, o declaran un valor menor al real de sus ventas online. Por ello, los países miembros requieren herramientas más fuertes para detectar y poner fin a este comportamiento ilegal.
El nuevo sistema aprovecha el papel clave de los proveedores de servicios de pago, como bancos, entidades de dinero electrónico, entidades de pago y servicios de giro postal, que juntos facilitan más del 90% de las compras online en la UE.
A partir del pasado 1 de enero, estos proveedores deberán rastrear a los beneficiarios de pagos transfronterizos y, a partir del 1 de abril, transmitir información a las autoridades fiscales de los países miembros de la UE sobre aquellos que reciban más de 25 pagos transfronterizos por trimestre.
Esta información se centralizará en una nueva base de datos europea llamada Sistema Electrónico Central de Información sobre Pagos, creada por la Comisión Europea, donde se almacenará, agregará y comparará con otros datos. Toda esta información estará disponible para los países miembros a través de Eurofisc, la red de expertos en lucha contra el fraude del IVA de la UE establecida en 2010.
Esto facilitará el análisis de datos y la identificación de vendedores online que no cumplen con sus obligaciones de IVA, incluso en el caso de empresas que no están ubicadas en la UE.
Los funcionarios de enlace de Eurofisc también tienen la autoridad para tomar medidas a nivel nacional, como procesar solicitudes de información, realizar inspecciones o cancelar el registro de números de IVA.
Algunos países miembros y otros países ya tienen disposiciones similares que han tenido un impacto tangible en la lucha contra el fraude en el sector del comercio electrónico.
