La norma -aprobada a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece la conversión de 219 plazas de tercera categoría en plazas de segunda categoría.
Esta transformación implicará una mejor ordenación de la carrera fiscal, así como la mejora de las condiciones retributivas.
Asimismo, se equipara el número de fiscales con el de magistradas y magistrados en cada partido judicial, y se determina el número de plazas objeto de conversión por comunidades autónomas, precisando que pasarán a ser plazas de segunda categoría aquellas cuyos titulares, en el momento de la entrada en vigor del real decreto, sean los fiscales o abogados fiscales más antiguos en el escalafón en cada caso.
La cifra global de fiscales se mantiene en 2.683, de los que 28 son de primera categoría, 2.229 serán de segunda y 426 de tercera.
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