Posibilidad de cambio del obligado al pago de la pensión de alimentos de hijo mayor de edad en relaciones paterno-filiales por cambio de convivencia

Se nos plantea la cuestión de si existe la posibilidad, en el caso d...

Se nos plantea la cuestión de si existe la posibilidad, en el caso de progenitores no casados, del cambio del progenitor obligado al pago de la pensión de alimentos del hijo mayor de edad por cambio de convivencia, si puede accionarse una modificación de medidas tendente a variar la persona del progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia de un hijo mayor de edad cuando este pasa de convivir con un progenitor a hacerlo con otro. Dos son las posturas que se nos plantean. La de quien entiende que fijada una pensión alimenticia para los hijos menores de edad de una pareja no casada, una vez alcanzada la mayoría de edad por el hijo no cabría la posibilidad de que uno de los progenitores accionara frente al otro para reclamarle alimentos para este hijo que pasa a convivir con él, y ello por cuanto al ser el hijo mayor de edad el único legitimado para pedir alimentos sería el propio hijo, quien debería reclamarlos personalmente a sus progenitores. Otra postura entiende que mientras el hijo no sea independiente económicamente será el progenitor con el que convive quien deberá reclamar la pensión alimenticia al progenitor con el que el hijo no convive.

Yo me inclino por esta segunda posición. La reforma del CC del año 90 introdujo en el art. 93 del citado texto legal un segundo párrafo (EDL 1889/1) en el que se dispone u0022Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Códigou0022. La intención del legislador era que en el procedimiento matrimonial pudieran fijarse alimentos para aquellos hijos del matrimonio que pese a su mayoría de edad seguían dependiendo económicamente de sus progenitores, y ello sin obligarles a acudir a ellos personalmente a un procedimiento para reclamar alimentos a sus padres, a fin de no empeorar y no transmitir a los hijos la situación conflictiva que tras la ruptura de los progenitores se instauraba en la familia.

La redacción del precepto no fue muy clara y siguieron manteniéndose las dudas de quién estaba legitimado para reclamar los alimentos, si el progenitor con el que convivían los hijos mayores de edad al tener un derecho propio a la acción precisamente por el interés de repartir las cargas que supone la convivencia con él del hijo mayor de edad, o directamente los hijos al tener plena capacidad para hacerlo precisamente por su mayoría de edad. El TS dictó la Sentencia de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839) en la que se venía a afirmar que el progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad tiene un interés legítimo para accionar frente al progenitor con el que no conviven, y que el texto constitucional posibilita el acceso a la jurisdicción no sólo para demandar la tutela de los derechos propios sino también de aquellos que acuden a los tribunales solicitando la defensa de intereses legítimos. Establece esta resolución que u0022del art. 93.2 del Código Civil emerge un indudable interés del cónyuge con quien conviven los hijos mayores de edad necesitados de alimentos a que, en la sentencia que pone fin al proceso matrimonial, se establezca la contribución del otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos. Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él quedan conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familiar monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legítimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2º del Código Civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a os alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integranu0022.

En base a estas manifestaciones concluye la sentencia afirmando la legitimación del progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad para reclamar alimentos para estos frente al otro progenitor en los procedimientos matrimoniales. Queda, por tanto, claro que, existiendo hijos mayores de edad, que carezcan de ingresos y continúen viviendo con uno de los progenitores, en el procedimiento matrimonial el progenitor que asume la carga de estos hijos está legitimado para reclamar del otro progenitor su parte en esta obligación.

Posteriormente, el TS dictó la Sentencia de 30 de diciembre de 2000 (EDJ 2000/44287), en la que se afirma la legitimación del progenitor para reclamar alimentos para los hijos mayores de edad que con él conviven en los supuestos de parejas de hecho. Se fundamenta esta postura, no sólo en el hecho de que los hijos otorgaran representación a favor de uno de los progenitores, sino sobre todo en la legitimación de la progenitora por el interés legítimo que le asiste frente al otro progenitor no conviviente con los hijos mayores de edad. Entiende esta resolución que por este interés, el de no hacer sola frente a las necesidades de los hijos, y en base al art. 93.2 CC, que entiende aplicable a los supuestos de hijos nacidos de uniones de hecho en cumplimiento del mandato del art. 39.2 CE (EDL 1978/3879), los hijos mayores de edad no necesitan acudir a otro proceso declarativo para ver satisfechas sus necesidades alimenticias, sino que la reclamación puede hacerse directamente por el progenitor con el que conviven.

Esta postura de valorar el interés legítimo de los progenitores que conviven con los hijos mayores de edad, que continúan dependiendo económicamente de sus progenitores, de que la carga económica que suponen estos hijos sea abordada por ambos progenitores y estén legitimados por ello para reclamarla directamente frente al otro, entiendo que se mantiene en los procedimientos en los que se insta la modificación de las medidas previamente acordadas. Igualmente persiste el interés del progenitor con el que conviven los hijos a dividir equitativamente la manutención de estos, por mucho que el cambio de circunstancias, el pasar a convivir con el otro progenitor, se haya producido una vez dictada la sentencia primitiva y una vez alcanzada la mayoría de edad por los hijos. Si una vez fijados los alimentos para los hijos menores estos alcanzan la mayoría de edad y deciden pasar a convivir con el otro progenitor, este progenitor que pasa a convivir con los hijos tiene igualmente el mismo interés legítimo que se reflejaba en las dos sentencias transcritas. El progenitor conviviente tiene interés en que esta carga familiar que representan los hijos mayores de edad sea asumida por ambos progenitores y no solo por él, y podrá accionar contra el otro pidiendo la modificación de la primitiva resolución para que se imponga también este la pensión alimenticia, o si se quiere llamar carga familiar, que se le haga contribuir a las necesidades de los hijos mayores de edad. Debo citar como refuerzo a esta postura el art. 775 LEC (EDL 2000/77463) que entiende que para la modificación de una previa sentencia, incluidas por supuesto las que se dictan en los supuestos de relaciones paterno filiales por disposición del art. 484.4º LEC, quienes están legitimados son el Ministerio Fiscal en su caso y los cónyuges, en este caso miembros de la pareja de hecho.

Si la sentencia del TS legitima al progenitor con el que conviven los hijos mayores de edad, que carecen de recursos propios para poder hacer vida independiente, para reclamar alimentos al otro progenitor, entiendo que dicha legitimación debe extenderse a todas las pretensiones que se refieren a ella, y por tanto también a su modificación por cambio de circunstancias, entre ellas por supuesto cuando hay un cambio del progenitor conviviente, que tiene un claro interés en que se fije la obligación del otro progenitor a hacer frente a la carga que supone la convivencia con los hijos.

Ciertamente, no veo inconveniente alguno para que en el oportuno proc...

Ciertamente, no veo inconveniente alguno para que en el oportuno procedimiento de modificación de efectos se puede entablar la solicitud relativa a la medida de la pensión de alimentos en favor del hijo mayor de edad, que se trasladó de modo estable y definitivo a convivir con el otro progenitor, quien anteriormente estaba obligado a satisfacer la prestación alimenticia para dicho hijo, con el que anteriormente no convivía.

Ello lo que permite la propia naturaleza y el objeto del procedimiento de modificación de efectos, de modo que aunque ya no haya necesidad de resolver sobre la guarda y custodia, régimen de visitas, dada la mayoría de edad del hijo, es claro que sólo tres condicionantes se exigen para formalizar con éxito la pretensión sobre reclamación de alimentos, a plantear contra el progenitor que deja de convivir con dicho hijo mayor; a saber: la convivencia estable y duradera de dicho hijo mayor con el otro progenitor, la falta de independencia económica de dicho hijo mayor, acreditando que este último se encuentra en periodo de estudios y formación escolar o académica, demostrando el oportuno y debido aprovechamiento escolar de acuerdo a su edad, procurando evitar situaciones ficticias, en relación a la apariencia, que en muchas ocasiones se produce, sobre estudios que en realidad no se cursan, y, por otra parte, tal reclamación de alimentos tendrá éxito en la medida que el progenitor que deja de convivir con dicho hijo esté en posibilidad material y económica de afrontar el pago de una determinada cuantía de pensión de alimentos para dicho hijo, en razón de su situación profesional, laboral, patrimonial o económica.

Ello es así, partiendo de la base de que la legitimación activa para reclamar dichos alimentos única y exclusivamente la tiene, en esta clase de procesos de modificación de efectos, el progenitor que pasa a convivir con dicho hijo mayor, y la legitimación pasiva únicamente corresponde a aquel otro progenitor que deja de convivir con dicho hijo, teniendo en consideración que la doctrina del TS, a partir de la Sentencia de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839), faculta a dicho progenitor conviviente con el hijo mayor para reclamar la pensión de alimentos, sin necesidad de traer al proceso a dicho hijo, y obviando el apoderamiento de dicho hijo en favor del progenitor que convive con aquél por no ser necesario de acuerdo a la doctrina del Alto Tribunal.

Todo lo anterior se fundamenta en aplicación del principio de igualdad de trato formal y procesal, y de fondo, para todos los hijos nacidos de una relación matrimonial o no matrimonial.

En cualquier caso, y no obstante los argumentos expuestos, tampoco veo inconveniente para que dicho hijo mayor, con capacidad jurídica y de obrar, si así lo desea, pueda entablar en el proceso declarativo que corresponda reclamación de alimentos frente a sus progenitores.

Debe tenerse en consideración que en estos supuestos, sobre reclamación de alimentos para hijos mayores en sede de procedimiento de modificación de medidas, habrá que tener en consideración los oportunos criterios de competencia, de acuerdo lo establecido en el art. 770-6ª LEC (EDL 2000/77463), en cuyo apartado se refiere solamente a la reclamación de alimentos en favor de hijos menores, pues en estos casos es clara la competencia de los juzgados de primera instancia, especializados en materia de familia.

Como sabemos, la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Có...

Como sabemos, la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo (EDL 1990/14773), añadió al art. 93 CC un párrafo 2º (EDL 1889/1) del tenor literal siguiente:

«Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los arts. 142 y ss de este Código»

Esa reforma del CC, llevada a cabo nueve años después de entrar en vigor la llamada Ley del Divorcio (Ley 11/1981, de 13 de mayo; EDL 1981/2521), trató de dar solución al problema que se suscitaba en los procesos matrimoniales, respecto de los alimentos de los hijos comunes de los litigantes, cuando tales descendientes alcanzaban la mayoría de edad. Como consecuencia de su emancipación por mayoría de edad, no podía exigirse el pago en ejecución de las pensiones alimenticias fijadas a favor de tales hijos, durante su minoría de edad, en las sentencias dictadas en los procesos matrimoniales, por falta de legitimación del progenitor para reclamar alimentos en nombre de dicho descendiente, de modo que las pensiones alimenticias establecidas en dichas resoluciones judiciales dejaban de ser exigibles por los padres, en ejecución de sentencia, desde el momento en que tales hijos alcanzaban la mayor edad, obligando a estos a demandar judicialmente de sus progenitores, en su propio nombre y derecho, una pensión alimenticia, si continuaban estando necesitados de ella después de alcanzar la mayoría de edad.

Teniendo en cuenta el fenómeno sociológico del retraso de la edad de emancipación económica de los hijos y del tardío abandono del domicilio familiar por parte de los hijos tras su mayoría de edad, y la subsiguiente permanencia de los hijos mayores de edad en el domicilio de sus progenitores, en situación de dependencia económica de éstos, hasta edades próximas a la treintena, se producía, respecto de los descendientes mayores de edad, hijos de padres separados o divorciados, una situación de cierta desprotección al llegar a la mayoría de edad cuando el cónyuge obligado a prestar alimentos por dicho descendiente dejaba de abonarlos voluntariamente, con la consecuencia inevitable de que, en la mayoría de los casos, fuera el cónyuge con quien dicho hijo convivía el obligado a soportar, de modo exclusivo, la carga alimenticia de dicho descendiente, salvo en los supuestos, escasos en la práctica, en que los propios hijos se decidían a reclamar alimentos de sus progenitores a través del juicio de alimentos correspondiente.

Para evitar esas desfavorables consecuencias y hacer innecesario que el hijo mayor de edad tuviera que demandar alimentos de sus progenitores, al margen del proceso matrimonial de éstos, en el juicio de alimentos correspondiente, se introdujo la posibilidad de que en las resoluciones dictadas en los procesos matrimoniales pudieran establecerse pensiones alimenticias en favor de los hijos mayores de edad que continuaren conviviendo con uno de sus progenitores, tras alcanzar la mayoría de edad, y carecieren de ingresos suficientes para sus subsistencia, partiendo de la premisa de que la necesidad de fijar una pensión alimenticia para tales descendientes no es más que una de los efectos o consecuencias derivadas de la ruptura matrimonial.

No es este el momento de examinar los problemas de legitimación activa y pasiva derivados de la aplicación del párrafo 2º del art. 93 CC, ya resueltos por la jurisprudencia del TS, pero sí es conveniente resaltar que el espíritu y finalidad de la reforma introducida fue concentrar en el proceso matrimonial la regulación de todos los efectos producidos por la ruptura, incluido el de los alimentos de los hijos mayores de edad, y, por otra, evitar que éstos tuvieran que recurrir a un juicio de alimentos, tras la separación o divorcio de sus padres, para reclamar de ambos una pensión alimenticia.

La LEC (EDL 2000/77463), al regular el proceso especial matrimonial, acota, en sus arts. 748 y 770, el ámbito de los procesos de relaciones paterno-filiales a u0022los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menoresu0022.

Partiendo de la normativa legal expuesta, en aplicación de lo dispuesto en el art. 91, en relación con el art. 93 CC, cuando se separa o divorcia un matrimonio con hijos mayores dependientes económicamente de sus progenitores, el artículo 93 de dicho cuerpo legal ampara la posibilidad de que un progenitor demande en dicho proceso el establecimiento de una pensión alimenticia, a cargo del otro progenitor, para tal descendiente, si concurren en el mismo los presupuestos fácticos del precepto (convivencia con uno progenitor y carencia de recursos propios para sus subsistencia). En cambio, si una pareja de hecho con un hijo mayor de edad dependiente cesa en su convivencia, ninguno de los progenitores puede acudir al juez para demandar del otro una pensión alimenticia para dicho descendiente.

En la práctica forense, se viene admitiendo, sin embargo, la fijación de pensiones alimenticias a favor de hijos mayores de edad, no matrimoniales, en los supuestos, no infrecuentes, de procesos de relaciones paterno-filiales en que, junto a los hijos menores, coexisten hermanos mayores de edad económicamente dependientes de sus progenitores. E igualmente está admitido por la doctrina y el usus fori que las pensiones alimenticias establecidas en los procesos de relaciones paterno filiales en favor de hijos menores de edad subsisten tras alcanzar los alimentistas la mayoría de edad, esto es, que tales obligaciones alimenticias prolongan su exigibilidad y vigencia en tanto concurran en dichos descendientes los requisitos del art. 93, párrafo 2º CC.

La pregunta que se nos formula en este foro abierto no afecta a la posibilidad de establecer en los procesos de relaciones paterno-filiales una pensión alimenticia para un hijo mayor de edad conviviente con uno de sus progenitores, a satisfacer a éste por el progenitor con quien el hijo no conviva. Se refiere a si es posible que, fijada dicha pensión en un antecedente proceso de relaciones paterno-filiales, pueda acudirse por las partes a un proceso de modificación de medidas para, haciendo valer como alteración sustancial de circunstancias la decisión del hijo mayor de pasar de vivir con uno a otro progenitor, variar la persona obligada al pago de la pensión alimenticia, esto es, para llevar a cabo una novación subjetiva de la obligación, sustituyendo la persona del progenitor acreedor por la del deudor en caso de cambio de progenitor conviviente.

Mi respuesta a la pregunta formulada en este foro abierto es afirmativa. Siempre que en un proceso de relaciones paterno-filiales seguido para regular las medidas personales y patrimoniales referidas a hijos menores (patria potestad, guarda, visitas, uso de la vivienda familiar y alimentos) se haya establecido una pensión alimenticia en favor de un hijo mayor de edad o menor que alcanza la mayoría de edad posteriormente, debe ser factible para el progenitor con quien el hijo mayor de edad convive acudir a un proceso de modificación de medidas en solicitud de que se fije una pensión alimenticia a cargo del otro progenitor y se acuerde el cese de la obligación de satisfacerla por parte del demandante en caso de que el hijo, por las circunstancias que fueren, haya decidido pasar a vivir del domicilio de uno al del otro progenitor.

Ha de tenerse en cuenta que, en relación con los procesos de relaciones paterno-filiales, al igual que ocurre en los procesos matrimoniales, la ley prevé que las partes puedan acudir a un proceso de modificación de medidas para cambiar las establecidas con anterioridad por haber acaecido una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en consideración por las partes o por el juez para la adopción de las medidas cuya modificación se pretende. Esa facultad de accionar pidiendo el cambio o modificación de unas medias precedentes deriva directamente del art. 775 LEC. Y el precepto no pone límite temporal alguno a la facultad de accionar interesando la modificación de las medidas anteriormente establecidas, de tal manera que el ejercicio de la posibilidad de accionar solicitando su modificación por alteración sustancial de circunstancias subsiste en tanto la medida en cuestión, por su propia naturaleza, conserve vigencia y no agote su virtualidad.

Imaginemos, por ejemplo, que el derecho de uso de la vivienda familiar ha sido atribuido a los hijos menores comunes y a la madre con la que conviven en el proceso de relaciones paterno filiales correspondiente. La circunstancia de que los hijos comunes alcancen la mayoría de edad no implica, per se, la extinción de tal derecho de uso porque, en principio, el referido derecho no se atribuye hasta la mayoría de edad de los hijos sino en tanto los hijos continúen conviviendo con el progenitor usuario en situación de dependencia económica; es decir, de algún modo, la duración del uso se vincula con la del derecho de alimentos de los hijos mayores de edad.

Si llegada la mayoría de edad del hijo, y siendo el mismo dependiente económicamente de sus progenitores, el mismo decide dejar de vivir con su madre para pasar a convivir con su padre, parece que habrá de admitirse como procedente una eventual acción de este último dirigida a extinguir el derecho de uso sobre la vivienda familiar común atribuido a la madre, pues es perfectamente legítimo que, como copropietario, quiera disponer de la misma en la forma que tenga por conveniente y, de no declararse extinguido previamente el derecho de uso, no le será posible lograrlo al deberse respetar en la extinción del condominio el derecho de uso atribuido judicialmente en el proceso de familia. Parece de sentido común que en ese proceso de modificación de medidas el padre pueda deducir la pretensión de que se establezca, a cargo de la madre, una pensión alimenticia a favor del común descendiente, pues esa pretensión nace de la alteración sustancial de circunstancias producida al tiempo de establecerse la pensión. De no admitirse esta acumulación de acciones en ese proceso de modificación (extinción de la pensión alimenticia a cargo de un progenitor y fijación de la misma a cargo del hasta entonces acreedor de la pensión) resultaría que el propio hijo mayor de edad se vería obligado a acudir al proceso de alimentos correspondiente demandando a ambos progenitores un pensión alimenticia. Y, como la pretensión alimenticia del hijo es contradictoria con la pensión alimenticia establecida en el proceso de relaciones paterno filiales precedente, parece lógico entender que, hasta que no se declarase extinguida la obligación alimenticia paterna no podría demandarse el establecimiento de una nueva obligación a cargo de la madre, pues, como es obvio, una misma persona.

Sensu contrario, negar la posibilidad de acudir al proceso de modificación de medidas para, haciendo valer como alteración sustancial el cambio de progenitor conviviente por parte del alimentista, producir una novación subjetiva de la obligación alimenticia intercambiando las personas del acreedor y del deudor, acarrearía importantes dudas e inseguridad jurídica a las partes. Imaginemos que las partes han pactado en convenio, siendo el hijo menor de edad, la atribución del uso de la vivienda familiar al hijo menor y a la madre hasta que el hijo común alcance independencia económica. Si, llegado el hijo a la mayor edad, decide vivir con el padre y entendemos necesario que sea el propio hijo quien reclame alimentos de sus progenitores, en su propio nombre y derecho, en el juicio de alimentos correspondiente, negando la posibilidad de que el padre acuda al proceso de modificación de medidas para pedir una pensión alimenticia para dicho hijo a cargo de la madre, al no poder solicitar el propio descendiente la modificación de medidas y, con ella, la extinción de la obligación del padre de abonar alimentos a la madre, en caso de prosperar la acción emprendida por el propio hijo y condenarse a la madre a satisfacerle una pensión alimenticia (el padre la abonaría, ex art. 149 CC; recibiendo y alimentando en su propia casa al alimentista) nos encontraríamos con que, formalmente, la madre sería acreedora de la pensión alimenticia del hijo en virtud de la sentencia dictada en el proceso de relaciones paterno filiales y, a la vez, deudora de dicha pensión conforme a la sentencia dictada en el juicio de alimentos instado por el propio hijo, lo que acarrearía el absurdo de que una misma persona fuera a la vez acreedora y deudora de una misma obligación...

Además, de negarse esta posibilidad, respecto de los hijos mayores no matrimoniales, se estaría discriminando procesalmente a los mismos respecto de los hijos matrimoniales, ya que éstos disponen, en caso de separación o divorcio de sus progenitores, de dos vías para que se establezcan, a cargo de éstos, alimentos a su favor. Una, a través del proceso matrimonial de sus progenitores, al amparo de lo dispuesto en el art. 93-2º CC. Y otra, ejercitando, en su propio nombre y derecho, la acción de reclamación de alimentos frente a ambos progenitores, pues nada impide que el propio hijo mayor, dada su plena capacidad de obrar, se reserve el derecho a instar judicialmente una reclamación alimenticia frente a sus progenitores en caso de serle denegado el pago voluntario de los mismos por los obligados, renunciando a que se fije la pensión alimenticia en el proceso matrimonial de sus progenitores por confiar en que éstos le satisfarán los mismos cubriendo todas sus necesidades.