Posibilidad de debatir la fecha de disolución de la sociedad de gananciales en procedimiento separación divorcio o nulidad

D. Juan Pablo González del Pozo

D. Juan Pablo González del Pozo

Habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, ninguna de las partes intervinientes en el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad formula en los escritos rectores del proceso pretensión alguna dirigida a que el juez declare disuelto el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales en un momento anterior al de la sentencia que recaiga en dicho proceso, o, en todo caso, se limitan a interesar que se declare disuelto el régimen económico matrimonial. Pero, en cualquier caso, pese a no formularse petición alguna en tal sentido en los escritos alegatorios de las partes, la casi totalidad de las sentencias matrimoniales dictadas en primera instancia incluyen en el fallo, como si se tratare de una cláusula de estilo, un pronunciamiento por el que se declara disuelto el régimen económico matrimonial y se hace saber a las partes que la efectiva liquidación del mismo podrá llevarse a cabo a instancia de cualquiera de ellas por los trámites previstos en la LEC -EDL 2000/77463-.

Como sabemos, esta declaración judicial de disolución del régimen económico matrimonial realizada en la sentencia de separación, divorcio o nulidad no es sino consecuencia del sistema legal de disolución del régimen económico matrimonial, que distingue entre disolución o conclusión automática u ope legis del mismo, que se produce cuando concurre una de las causas previstas en el art. 1392 CC -EDL 1889/1 en relación con el art. 95 CC, y no precisa declaración judicial, y disolución en virtud de resolución judicial, que se da cuando se declara existente una de las causas contempladas en el art. 1393 CC, y requiere expresa decisión judicial, produciéndose sus efectos desde la fecha en que se acuerde, conforme a las prescripciones del art. 1394 CC.

De este modo, cuando, sin suscitarse controversia en el proceso matrimonial sobre la fecha de la efectiva conclusión o extinción del régimen económico matrimonial, la sentencia declara la extinción del régimen de sociedad de gananciales, la misma no viene a realizar un pronunciamiento constitutivo que produzca el efecto extintivo declarado, pues tal efecto se produciría en todo caso aun cuando no se realizare tal pronunciamiento, sino que tal declaración viene a ser en realidad un mero recordatorio del efecto disolutorio producido por ministerio de la ley.

Se plantea así, en primer lugar, una cuestión interpretativa del alcance de ese pronunciamiento disolutorio, contenido en la sentencia matrimonial, pues una primer postura entiende que, al ser un mero recordatorio del efecto que se produce de manera automática y ex lege, carece de eficacia de cosa juzgada y no impide sostener en el ulterior proceso de formación de inventario del art. 809.2 LEC, pese a no haberse impugnado ese pronunciamiento extintivo de la sentencia, que la fecha de extinción del régimen de sociedad de gananciales es anterior a la de la sentencia matrimonial. En tanto que otra posición sostiene que sólo es posible plantear esa pretensión en el proceso de formación de inventario si se ha impugnado en el recurso de apelación correspondiente el pronunciamiento de la sentencia de 1ª instancia que declara disuelta la sociedad ganancial a partir de la fecha de firmeza de la sentencia o desde la fecha de ésta si no se impugnare el pronunciamiento referido al vínculo o la medida relativa al efecto extintivo del régimen económico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 774.5 LEC.

Íntimamente ligada a esta cuestión, que no es objeto directo pero sí colateral de este Foro Abierto, se nos plantea por nuestro Director la interesante pregunta de si es o no viable jurídicamente, partiendo de la normativa legal tanto sustantiva como procesal en vigor, pedir, enjuiciar y resolver en el proceso matrimonial, de forma expresa y específica, cuál sea la fecha o momento en que se ha producido o se va a producir la disolución del régimen de sociedad de gananciales. Y ello sobre la base de las discrepancias existentes en la doctrina, las posturas divergentes de las Audiencias Provinciales y la ambigüedad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el momento en que se produce efectivamente la extinción del régimen de sociedad de gananciales, en los términos expuestos por nuestro Director en la pregunta formulada.

Pues bien, prescindiendo del examen de las distintas posturas mantenidas en la doctrina y la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales sobre la fecha en que se ha de tener por efectivamente disuelta la sociedad de gananciales, que es cuestión de complejidad y enjundia de mérito suficiente para ser tratada con la debida extensión y profundidad en foro distinto del que nos encontramos, y ateniéndome exclusivamente a la pregunta formulada, mi opinión es claramente favorable a que en el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad matrimonial se pueda pedir por las partes y decidir por el juez la fecha de la efectiva disolución del régimen de sociedad de gananciales.

Sustento tal opinión favorable en una serie de argumentos, que expongo a continuación, unos relacionados con la normativa legal aplicable al caso, que, lejos de impedir la posibilidad de que ese pronunciamiento sea objeto del proceso matrimonial, abonan tal eventualidad, y otros asentados tanto en razones prácticas de conveniencia, utilidad e idoneidad del proceso matrimonial para efectuar tal pronunciamiento como en la mejor conformación o configuración procesal del proceso de formación de inventario previsto en el art. 809.2 LEC.

En primer lugar, debe tenerse en consideración, por así exigirlo el criterio hermenéutico de interpretación sistemática de las normas consagrado en el art. 3.1 CC, que el art. 95 CC está incluido en el Libro I, Título IV, capítulo IX del CC, que lleva por rúbrica “De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio” y que en él se regulan todas las medidas o efectos derivados de la situación de crisis matrimonial, y entre ellas, la relativa a la extinción del régimen económico matrimonial, por lo que no se advierte la existencia de obstáculo legal alguno para que toda controversia entre las partes que afecte a la fecha en que debe entenderse producida la extinción del régimen económico del matrimonio pueda y deba resolverse en el proceso matrimonial en que se ventilan las restantes medidas definitivas referidas a los hijos, uso de la vivienda familiar, pensiones de alimentos, compensatorias o indemnizaciones del art. 1438 CC.

En segundo lugar, no puede obviarse que el párrafo 2º del art. 95 CC permite que en el proceso matrimonial de nulidad se realice un pronunciamiento de declaración de buena o mala fe de cada uno de los cónyuges que produce como efecto una eventual alteración de la liquidación del régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, que se produce cuando el cónyuge que ha obrado de buena fe opta por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación, sin que el cónyuge de mala fe tenga derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte.

En otros términos, se permite que en el proceso matrimonial de nulidad se realice un pronunciamiento que permite al cónyuge de buena fe optar por sustituir la liquidación del régimen económico matrimonial vigente entre los cónyuges, que puede ser el de sociedad de gananciales, por el de participación en las ganancias, pero sancionando al cónyuge de mala fe con la pérdida de su derecho a participar en las ganancias obtenidas por el consorte de buena fe. O dicho de otro modo, lo que el CC permite es que la sentencia matrimonial contenga un pronunciamiento que en realidad sirve de determinación, preparación u ordenación del ulterior procedimiento de efectiva liquidación del régimen económico matrimonial, esto es, un pronunciamiento conexo al de liquidación del régimen económico. Obsérvese que el precepto contenido en el art. 95.2 CC no determina en realidad qué normativa deberá aplicarse en la liquidación del régimen económico del matrimonio declarado nulo, sino que otorga al cónyuge que obra de buena fe la opción de determinarlo. Y siendo esto así, no puede negarse la conexidad que existe entre el procedimiento de formación de inventario para la liquidación del régimen de sociedad de gananciales a que pueda estar sujeto el matrimonio declarado nulo y ese pronunciamiento anterior, hecho en el proceso de nulidad matrimonial, que sirve para resolver de forma anticipada una cuestión afectante a la liquidación del régimen económico matrimonial. Esto supone en realidad admitir, por esa razón de conexidad, que en el proceso matrimonial puedan ejercitarse pretensiones que guardan relación con la liquidación del régimen económico matrimonial como la determinación de la vecindad civil de las partes, que a su vez condiciona el régimen económico matrimonial aplicable, la fecha de sustitución de un régimen económico matrimonial por otro o la fecha de extinción real del régimen económico matrimonial, que guarda estrecha relación con el procedimiento de liquidación del mismo en cuanto es fundamental para llevar a cabo la efectiva liquidación no solo el régimen o los regímenes económicos que han estado vigentes durante el matrimonio, sino también las fechas de su inicio y terminación.

Claramente se percibe esa consideración en la Disp. Adic. 3ª de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro II del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y familia -EDL 2010/149454-, en relación a las “Especialidades procesales relativas a pretensiones liquidatorias de régimen económico ejercidas dentro de los procesos matrimoniales”, al disponer lo siguiente:

“1. Para determinar, en el procedimiento matrimonial, la compensación por razón de trabajo, así como la titularidad de los bienes, si es preciso para establecer la procedencia y cuantía de la compensación, deben aplicarse las siguientes reglas:

a La demanda o, en su caso, la reconvención debe acompañarse con una propuesta de inventario que incluya los bienes propios y los del otro cónyuge, con la indicación de su valor, y el importe de las obligaciones, así como con la documentación de relevancia patrimonial de que se disponga. A petición de la parte reconviniente, la autoridad judicial puede ampliar motivadamente el plazo de contestación a la demanda en diez días improrrogables, para que la parte reconviniente pueda preparar la propuesta de inventario.

b Si las partes no han podido tener acceso a información relevante para fundamentar sus pretensiones, antes de la vista pueden solicitar a la autoridad judicial que la obtenga utilizando los medios de que dispone.

2. Para determinar el crédito de participación o para liquidar los regímenes económicos matrimoniales de comunidad, debe seguirse el procedimiento establecido por los artículos 806 a 811 de la Ley del Estado 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. También debe aplicarse este procedimiento para dividir los bienes en comunidad ordinaria indivisa en el supuesto a que se refiere el artículo 232-12.2.”

En tercer lugar, el proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad se presenta, por razones objetivas, como el más idóneo para dilucidar la pretensión relativa a la fecha de la efectiva disolución de la sociedad de gananciales, que, como hemos dicho al comienzo, puede situarse en un momento anterior al de la sentencia matrimonial y ser coincidente con la fecha de la efectiva separación de hecho o cese de la convivencia siempre que el mismo sea mutuamente aceptado -no impuesto por uno al otro cónyuge-, definitivo, serio, prolongado y esté acompañado de una situación de gestión separada de sus respectivas economías, ingresos y gastos por cada uno de los cónyuges. Es indudable que las probanzas que se llevan a cabo en el proceso matrimonial para resolver las pretensiones contrapuestas sobre régimen de custodia y visitas y estancias de los hijos, forma de organización de la familia antes y después de la crisis matrimonial en relación con el cuidado y crianza de los hijos, ingresos y gastos de cada uno de los cónyuges, y aportaciones económicas de cada uno de los cónyuges para contribuir al sostenimiento de la familia, la prole y las cargas del matrimonio durante la crisis conyugal, son fundamentales para resolver también la controversia sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen, hasta el punto de que, en la mayor parte de los casos, bastará con la práctica de aquellas pruebas para resolver sobre esta concreta controversia al coincidir en gran parte los hechos controvertidos en una y otras. Partiendo de este dato objetivo incontestable, el proceso matrimonial aparece como el más conveniente para realizar un pronunciamiento resolutorio de la controversia sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen de sociedad de gananciales, máxime cuando, por razones de economía procesal, la decisión de esta discrepancia entre las partes apenas si exigirá la práctica de otras pruebas distintas a las que, de ordinario, aun cuando no se plantee esa discrepancia, suelen practicarse en el proceso matrimonial.

En cuarto y último lugar, también por razones eminentemente prácticas, resulta muy aconsejable que antes de proceder a la apertura del procedimiento de formación de inventario regulado en los arts. 808 y 809 LEC las partes conozcan de manera indubitada la fecha efectiva de la disolución del régimen de sociedad de gananciales, pues tal extremo es fundamental para, a partir del mismo, confeccionar en debida forma el inventario del activo y pasivo ganancial Habida cuenta que la comunicación de bienes entre cónyuges y la posible ganancialidad de las deudas contraías por uno de los cónyuges cesan a partir del momento de la extinción del régimen.

De no estar fijada de forma cierta y segura la fecha de disolución de la sociedad de gananciales y existir controversia entre las partes sobre tal extremo, la existencia de tal discrepancia obligaría a cada una de las partes a proponer un inventario del activo y pasivo relacionado con la fecha de extinción del régimen que propugna, y otro, con carácter subsidiario, para el caso de estimarse por el juez como fecha de extinción la propuesta por la contraparte, lo que, aparte de añadir complejidad, entorpece y dificulta extraordinariamente el proceso de formación de inventario al obligar a cada parte a un esfuerzo de alegación y prueba adicional que es contrario al más elemental principio de economía procesal al poder contribuir a dilatar el proceso y hacer precisa la práctica de determinadas pruebas finalmente inútiles.

En este sentido, es evidente que, si al tiempo de la apertura del proceso de formación de inventario regulado en los arts. 806 y ss LEC, ya existe una resolución judicial firme que determina la fecha exacta de la extinción del régimen económico de sociedad de gananciales, el procedimiento judicial de formación de inventario, tanto en su fase de “jurisdicción voluntaria” ante el Letrado de la Administración de Justicia como en su fase contenciosa del juicio verbal del art. 809.2 LEC ante el juez, se configurará procesalmente de forma más correcta y ordenada contribuyendo a simplificar las operaciones de conformación del activo y pasivo ganancial.

Podría ocurrir que, iniciado el proceso de formación judicial del inventario inmediatamente después de admitirse a trámite la demanda matrimonial de separación, divorcio o nulidad, debiera celebrarse la comparecencia prevenida en el art. 809.1 LEC antes de que recayera sentencia firme en el proceso matrimonial en que una de las partes hubiere solicitado se declarase judicialmente disuelta la sociedad de gananciales en fecha anterior a la de la sentencia matrimonial, pero, en tal caso, el proceso matrimonial produciría prejudicialidad civil en el proceso de formación de inventario, a tenor de lo dispuesto en el art. 43 LEC, y quedaría en suspenso este último hasta la finalización del primero, salvo que las partes mostraren su conformidad sobre la fecha de la efectiva extinción del régimen en el procedimiento de formación de inventario, en cuyo caso podría continuar este último su curso con normalidad de manera simultánea y paralela al proceso matrimonial.

 

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D. José Luis  Gonzálvez Vicente...

D. José Luis  Gonzálvez Vicente

La cuestión incide en una de las problemáticas que plantea una separación de hecho, como situación más o menos prolongada en el tiempo, que puede despertar en los todavía cónyuges situaciones patrimoniales de compleja justificación o comprensión. Para los operadores jurídicos qué duda cabe que una respuesta afirmativa a la cuestión planteada allana de manera clara el procedimiento liquidatorio, posibilitando acuerdos.

No existe en la LEC -EDL 2000/77463 una norma expresa que recoja tal posibilidad, pero lo cierto es que tampoco hay una norma que lo prohíba. En cambio, razones de índole teórico-práctico y de economía procesal permiten considerar tal pronunciamiento en el propio cauce procesal de los arts. 770 y ss LEC, sin que los términos del CC -EDL 1889/1 lo impidan.

Hubiera sido deseable que con la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio -EDL 2015/109914-, el legislador hubiera tenido en cuenta y positivizado, al redactar los arts. 95 y 1392 CC, la doctrina jurisprudencial reiterada en torno a la disolución conyugal tácita. El hecho de que no sea así no significa que la cuestión haya sido superada por el legislador cerrando tal posibilidad, basta ver al respecto las numerosas sentencias posteriores de la Audiencias provinciales y del Tribunal Supremo que la reiteran.

Entiendo, en cualquier caso, que tampoco era imprescindible. Una cosa es que la sentencia firme de divorcio o separación produzca la disolución del régimen económico, incluso en el supuesto del art. 1393.3º, y otra que los tribunales desconozcan la realidad económico patrimonial de un matrimonio cuando existe una separación de hecho prolongada en el tiempo, con una desvinculación económica total.

En el plano sustantivo el art. 103.4ª permite a la parte solicitar y al juez adoptar en sede de medidas provisionales: “…atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición...”.

En este ámbito, es evidente que el juez en el auto de medidas puede dar razón justificada de la medida concreta que adoptada, de apreciar la existencia en el caso enjuiciado, de ese largo periodo separación de hecho con inequívoca voluntad de poner fin a la convivencia, con total y absoluta desvinculación e independencia económica de los cónyuges, que como requisitos reitera el TS.

Por su parte, el art 91 CC, al enumerar el posible contenido de la sentencia en el procedimiento contencioso, está abierto al pedimento concreto de que una parte realice en el suplico de la demanda o reconvención. Sobre éstos recoge: “...en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, -… las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación -…-, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna…”.

Por su parte y con más precisión, el art. 774.4º LEC, que reproduce casi literalmente el art. 91 CC, ya no habla de liquidación del régimen económico, sino de disolución del régimen económico.

La doctrina jurisprudencial en torno a la disolución conyugal tácita no exige de ninguna declaración judicial para considerar extinguida la sociedad de gananciales, pues se limita a reconocer una realidad a posteriori, cuando se liquida la sociedad, pero que sea así no impide que se pueda solicitar un pronunciamiento declarativo concreto que fije la fecha o momento en que ha de entenderse disuelto el régimen económico, máxime cuando de contrario se puede negar tal posibilidad, y no está de más recordar que en estas situaciones se esconden en muchas ocasiones actos contrario a la buena fe con manifiesto abuso de derecho.

En definitiva, el CC y la LEC contemplan como pronunciamiento de la sentencia la disolución del régimen de gananciales. Y entiendo que no hay razón de peso para dejar para un momento o fase posterior lo que es el eje neurálgico de dicho pronunciamiento, es decir, la fecha o el momento en que ha de considerarse disuelto el régimen económico, máxime cuando se ha solicitado de forma expresa y la falta de respuesta puede suponer una incongruencia omisiva.

La posibilidad de remitir a la parte al procedimiento de liquidación y dejar imprejuzgado el pronunciamiento solicitado puede suponer que nunca exista tal pronunciamiento de modo directo, y sí indirecto a resultas de los fundamentos de la sentencia del juicio verbal, al fijar el activo y pasivo ganancial. En cierto modo, se puede considerar que no existe en puridad una fase posterior para realizar tal pronunciamiento, pues la fase que se inicia con los arts. 808 y ss LEC es meramente liquidatoria, y debería tener como hecho ya discutido y resuelto la fecha de disolución. De hecho, esta fase comienza con una propuesta de formación de inventario que recoge las diferentes partidas que deben incluirse con arreglo a la legislación civil, a la que se pueden acompañar los documentos justificativos y no comienza con una verdadera demanda.

Existen, además, razones de orden práctico que justifican un pronunciamiento previo del momento o fecha disolutorio, antes de iniciar el procedimiento de liquidación. En este sentido y en primer lugar, la labor que puede desarrollar el secretario judicial se antoja más eficaz en orden a un posible acuerdo, en segundo lugar, la relación circunstanciada de hechos e hitos en la vida personal y económica del matrimonio se detallan en la demanda y contestación y no en la propuesta de inventario. Es en el procedimiento principal -art. 770 LEC donde el juzgador, con mayores garantías, toma mayor conocimiento de los hechos, incluida su fase probatoria, que le permiten determinar en su caso y, como indica la cuestión planteada, cuál debe ser el momento o fecha en que se ha producido o se va a producir la disolución de la sociedad de gananciales, pues la fase de formación de inventario no contempla una demanda circunstanciada de hechos que justifique el inventario propuesto.

D. Vicente  Magro Servet

D. Vicente  Magro Servet

Señaló el TS, Sala 1ª, en Sentencia 61/2006, de 3 de febrero -EDJ 2006/8426-, que, efectivamente, hay que acudir al “procedimiento específico” para llevar a cabo la disolución del régimen de gananciales. Pero no lo admite que en pacto entre cónyuges se pueda pactar una fecha de disolución de gananciales, sino que habría que llevarlo a cabo en el procedimiento de separación o divorcio, es decir judicializándolo, o bien después del mismo en procedimiento seguido a tal efecto conforme marca el art. 1393 CC -EDL 1889/1-.

Incluso hay que señalar que el art. 1394 CC señala que: “Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde. De seguirse pleito sobre la concurrencia de la causa de disolución, iniciada la tramitación del mismo, se practicará el inventario, y el Juez adoptará las medidas necesarias para la administración del caudal, requiriéndose licencia judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria.”

Esa fijación de la fecha de los efectos de la disolución de gananciales bien puede llevarse a cabo en el propio procedimiento de separación o divorcio, o en el seguido a tal efecto por la vía del art. 1393 CC, pero no por un pacto extrajudicial entre partes ex ante del judicial, como señala ey exige el art. 1394 CC en relación con la antes citada sentencia del Tribunal Supremo.

Con ello, el acuerdo de la fecha de eficacia de la disolución bien puede ser por acuerdo intrajudicial en el procedimiento de separación o divorcio, por decisión judicial en el mismo, o por ambos tipos de acuerdos en el procedimiento ad hoc seguido a tal efecto, con lo que el acuerdo entre partes judicializado, o la decisión judicial en defecto de acuerdo en ambos casos permite delimitar la fecha de eficacia de la sociedad de gananciales.

Se añade por el TS en esta sentencia que “exigiéndose para la disolución del régimen de gananciales una de las causas establecidas en el artículo 1392 del Código civil, cuando la disolución tenga lugar por voluntad de los cónyuges debe utilizarse la forma prescrita, para convenir un régimen distinto. Estos límites no podrán ser traspasados por los cónyuges cuando, en virtud de su autonomía, resuelvan en documento privado lo más conveniente para sus intereses.”

Cierto es que, conforme a lo dispuesto en el art. 1396 CC, una vez disuelta la sociedad legal de gananciales y fijada su fecha de efectos en el propio procedimiento de separación o divorcio, es cuando ha de procederse a su liquidación. No ha de ofrecer duda, por lo tanto, que presupuesto necesario para la liquidación de tal régimen matrimonial es su previa disolución. No existe problema alguno, por el contrario, en admitir que, una vez disuelta la sociedad legal de gananciales por alguna de las causas previstas en los arts. 1392 y 1393 CC, su liquidación se lleve a efecto en documento privado. No obstante, la disolución no nace jurídicamente del simple acuerdo entre los cónyuges al margen de los supuestos contemplados en los precitados arts. 1392 y 1393, sino que debe producirse, como propone la pregunta de forma específica, en el procedimiento de separación o divorcio o en el correspondiente al efecto con tal finalidad, no pudiendo fijarse de modo bilateral por las partes en documento privado.

También hay que añadir que la disolución capitular de la sociedad legal de gananciales requiere como requisito imprescindible el otorgamiento de escritura pública, si bien no es óbice que la liquidación paritaria del patrimonio común se lleve a efecto en un documento privado, en el que, como manifestación de la libre autonomía de la voluntad de las partes -art. 1255 CC-, realicen las adjudicaciones que consideren oportunas distribuyendo los bienes gananciales. Lo que no es factible es que se disuelva el régimen de la sociedad legal de gananciales en documento privado, ni cabe liquidar si previamente no se ha disuelto el mismo en legal forma.

Hay que recordar también que el art. 95 párrafo 1º CC parece resolver la controversia en relación con la fecha en que se considera disuelta la sociedad de gananciales, cuando dispone que -La sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial-, lo cual, por otra parte, no es sino una consecuencia de la previsión contenida en el art. 1393 del mismo cuerpo legal que, ya en el ámbito del régimen económico de gananciales, establece que la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho: -1º Cuando se disuelva el matrimonio 2º Cuando sea declarado nulo 3º Cundo judicialmente se decrete la separación de los cónyuges 4º Cuando los cónyuges convengan un régimen distinto en la forma prevenida en este Código-.

En definitiva, inicialmente y como regla general, la fecha a la que debe estarse es la establecida en la sentencia de separación o divorcio, conforme al art. 95 CC -Sentencias del TS de 14 de febrero de 2000 –EDJ 2000/866 y de 27 de febrero de 2007 –EDJ 2007/13381--. Cuestión distinta es que, si bien la separación de hecho querida o consentida por ambos cónyuges produce la extinción del régimen económico matrimonial de gananciales, dicha extinción ha de ser declarada por el Juez -art. 1393.3º CC-, que en la sentencia de separación o divorcio deberá concretar el momento en que esa ruptura se produjo a los efectos de retrotraer la disolución de la sociedad de gananciales.

Como señala la AP Pontevedra, Secc. 1ª, en Sentencia 361/2017, de 13 de julio -EDJ 2017/172610-, “En los restantes supuestos se abren dos posibilidades: o bien se interpreta que, al no plantearse debate alguno, ambas partes asumen la fecha prevista en el art. 95 CC, que devendrá así inmodificable, o bien se considera que, al no haber sido objeto de alegación y prueba, la previsión del art. 95 CC puede ser revisada en el posterior procedimiento de división judicial de patrimonios. Aun reconociendo que la cuestión no es pacífica, la Sala entiende que, con carácter general, debe estarse a lo acordado en la sentencia de separación o divorcio y, solo en el caso de que, constando en dicho procedimiento los elementos fácticos necesarios, el pronunciamiento judicial se limitase a ordenar la disolución por simple previsión del art. 95 CC y sin entrar en el fondo, podría cualquiera de las partes impetrar en el posterior procedimiento de división la retroacción del momento a partir del cual se considera disuelta la sociedad.”

 

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D. Antonio Javier Pérez Martín

D. Antonio Javier Pérez Martín

Las causas de disolución de la sociedad de gananciales están reguladas en los arts. 1392 y 1393 CC. Y en el art. 1394 del mismo cuerpo legal se indica que -Los efectos de la disolución prevista en el artículo anterior se producirán desde la fecha en que se acuerde-.

Aparentemente, no tendría que plantearse ningún conflicto en relación a la fecha de disolución de la sociedad de gananciales, pues, en la mayoría de los casos ésta se concretará en la fecha de la sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Sin embargo, bajo esta aparente -calma jurídica se esconde el problema de conceder efectos retroactivos a la disolución de la sociedad de gananciales. Se trata de un mecanismo de creación jurisprudencial que surgió para evitar actuaciones contrarias a la buena fe, constitutivas del abuso de derecho vedado por el art. 7 CC -EDL 1889/1-. En efecto, la sentencia del TS de 17 de junio de 1988 -EDJ 1988/5243-, siguiendo la línea marcada por las de 13 de junio de 1986 -EDJ 1986/4068 y 26 de noviembre de 1987 -EDJ 1987/8711-, declaró que la libre separación de hecho excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, doctrina que se reitera en la sentencias de 23 de diciembre de 1992 -EDJ 1992/12804 y 24 de abril de 1999 -EDJ 1999/7209-, señalando ésta, con cita de la de 27 de enero de 1998 -EDJ 1998/16-, que -rota la convivencia conyugal, no cabe que se reclamen, por un cónyuge, derechos sobre unos bienes a cuya adquisición no contribuyó, pues tal conducta es contraria a la buena fe y conforma uno de los requisitos del abuso del derecho, al ejercitar un aparente derecho más allá de sus límites éticos-.

Pues bien, determinar la fecha en que puede considerarse disuelta la sociedad de gananciales por el cese de convivencia adquiere una especial importancia cuando la calificación de los bienes o las deudas, como gananciales o privativos, depende de este dato. Basta pensar en una indemnización recibida por un cónyuge por la extinción de la relación laboral, para comprender las dimensiones y la trascendencia del problema jurídico, pues puede tener carácter ganancial si los efectos de la disolución coinciden con la fecha del dictado de la sentencia de divorcio, o puede tener carácter privativo si los efectos de la disolución se retrotraen a la fecha del cese efectivo de la convivencia.

Decidir si la sociedad de gananciales puede considerarse disuelta en una fecha anterior a la fecha en que se dicta la sentencia de divorcio no es una cuestión fácil, dado que la doctrina jurisprudencial no es de aplicación automática. Debe acreditarse que se trata de una separación efectiva en lo personal y en lo económico y consolidada en el tiempo. Además, existe una amplia polémica doctrinal y judicial en relación a si la interposición de la demanda de divorcio motiva ya que se entienda disuelta la sociedad desde ese momento. Las órdenes de alejamiento han añadido un nuevo motivo de controversia al constituirse en una causa impuesta de cese de la convivencia.

Pero centrándonos en el aspecto procesal, que es la cuestión que se somete al foro, la respuesta ofrece pocas dudas: NO cabe pedir, enjuiciar ni resolver en el procedimiento de separación, divorcio o nulidad, la fecha en la que puede considerarse disuelta la sociedad de gananciales. Este pronunciamiento es propio del procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales, concretamente de la fase de inventario. La parte solicitante formulará su propuesta del activo y del pasivo en función de la fecha en la que considere disuelta la sociedad de gananciales, y si la otra parte no está conforme con dicha fecha, será una cuestión que resolverá la Sentencia del -juicio del inventario-.

La jurisprudencia menor es unánime al pronunciarse sobre esta cuestión:

La declaración de que la disolución de la sociedad de gananciales debe retrotraerse a la fecha de la separación de hecho no es un pronunciamiento que deba hacerse en el divorcio, sino en el procedimiento de liquidación -Sentencia de AP Huelva, Sec. 2ª, de 23 de noviembre de 2016 -EDJ 2016/279376--.

No es el procedimiento de divorcio el adecuado para declarar la fecha de la efectiva disolución del régimen económico matrimonial -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 16 de septiembre de 2016 -EDJ 2016/185135--.

No es el procedimiento de divorcio el cauce adecuado para determinar el momento en que debe considerarse disuelta la sociedad de gananciales -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 17 de diciembre de 2013 -EDJ 2013/290831--.

La aplicación de la doctrina del TS sobre la retroacción de efectos de la disolución de la sociedad de gananciales desde la fecha de la separación de hecho es una cuestión que debe resolverse en el proceso de liquidación de la sociedad y no en el proceso de divorcio -Sentencia de AP Madrid, Sec. 22ª, de 19 de febrero de 2013 -EDJ 2013/41314--.

Determinar la fecha de disolución de la sociedad de gananciales es una cuestión que debe dilucidarse en el procedimiento de liquidación y no en el juicio de divorcio -Sentencia de AP Valencia, Sec. 10ª, de 29 de abril de 2015 -EDJ 2015/109481--.

La fecha en la que quedó disuelta la sociedad de gananciales no puede ser objeto del pronunciamiento de la sentencia de divorcio -Sentencia de AP A Coruña, Sec. 4ª, de 7 de diciembre de 2011 –EDJ 2011/303040--.

 

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Dª Myriam Sambola Cabrer

D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga