¿Puede aplicarse el «deslizamiento actuarial» en los casos de los porcentajes del art. 124.2 RDLeg 8/2004 conforme se cumpla la edad de 50, 60 y 70 años después del accidente de tráfico?

D. Fernando Lacaba Sánchez

D. Fernando Lacaba Sánchez

La Ley 35/2015 -EDL 2015/156576-, entre otros extremos, se basa en una premisa de signo resarcitorio, consistente en que, la nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente dicho de otra manera, mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.

Según la Exposición de Motivos de la meritada ley: «el conjunto de reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil, tendentes todas ellas a incrementar la protección a las víctimas mediante la garantía de una indemnización suficiente, justifican la conveniencia de revisar el sistema con el fin de introducir las modificaciones necesarias. En España, una vez transpuestas las sucesivas directivas comunitarias que pretenden armonizar la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico y que establecen los límites cuantitativos que debe cubrir el seguro obligatorio, nos seguimos encontrando con una enorme disparidad en las cuantías indemnizatorias al compararlas con otros países miembros de la Unión Europea, siendo evidente que nuestro país se sitúa detrás de los países europeos más avanzados en esta materia».

Según lo expuesto, entre las líneas más relevantes del nuevo baremo se encuentra una que se fundamenta en el principio de reparación integral y vertebrada de forma que se precisan mejor los conceptos indemnizables y se actualizan las indemnizaciones. Cada perjudicado obtiene de modo autónomo la indemnización que le corresponda y se particulariza mediante el reconocimiento de unos perjuicios particulares, ad casum.

La posibilidad de indemnizar gastos futuros que traen causa del accidente de tráfico, como perjuicio patrimonial, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación, etc. bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico sufrido, está reconocida por la jurisprudencia del TS, Sala 1ª -Sentencias de 22 de noviembre de 2010, EDJ 2010/290458 y de 6 de abril de 2016, EDJ 2016/34057 entre otras-, sobre la base de entender los daños psicofísicos «en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud» y de aplicar como elemento de integración los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil que consideran daño patrimonial resarcible a toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, que al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen que dicho daño patrimonial incluye «la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos -incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos y los gastos razonables, tales como el coste de la atención médica».

Dentro del apartado «perjuicio patrimonial», la Ley introduce novedades destacables de la reforma, entre las que destaca las contempladas en el art. 124, relativa a la ayuda de terceras personas, que se constituye como «concepto indemnizatorio» de nuevo cuño en su modalidad de «daño emergente» y dirigido a compensar el valor económico de las prestaciones no sanitarias, que resultan necesarias para el lesionado en los casos de secuelas con pérdida de autonomía personal. Se trata de una prestación no sanitaria.

Efectivamente, la determinación del número de horas diarias de ayuda de tercera persona tiene lugar en la fecha de la estabilización -art. 124.1 y la norma contempla, expresamente, a partir de los 50 años, un incremento de necesidad de ayuda fijándose como factores correctores de aumento: 1,10 desde 50 años, 1,15 desde 60 años y 1,30 desde 70 años.

En mi opinión, cuando el legislador ha establecido la edad de los 50 años, a ella debe estarse, y ello máxime cuando el precepto no contempla facultades para «deslizar» esa ayuda a edades anteriores, entre otros extremos para no incurrir en una suerte de arbitrariedad en cuanto a otras edades inferiores dicho de otro modo, ¿A partir de qué edad se podría fijar dicha asistencia?

Una posible posibilidad de «deslizar» esa ayuda a una edad anterior a los 50 años, podría ser, considerando esa necesidad como una secuela no prevista en la Tabla a indemnizar exclusivamente si se demuestra, por prueba pericial médica, una pérdida de autonomía personal análoga a la producida por las específicamente contempladas -art. 121.2-.

D. Antonio Alberto  Pérez Ureña...

D. Antonio Alberto  Pérez Ureña

La cuestión propuesta se refiere a los gastos de ayuda de tercera persona, que, a decir del art. 120 RDLeg 8/2004 -EDL 2004/152063-, compensa el valor económico de las prestaciones no sanitarias que precisa el lesionado cuando resulta con secuelas que implican una pérdida de autonomía personal, es decir, cuando tiene lugar un menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que impide o limita la realización de las actividades esenciales de la vida ordinaria -art. 50-.

A este respecto, hay que indicar que el nuevo sistema ha supuesto un cambio relevante en la regulación de esta materia, pasando de un concepto global de indemnización de hasta 383.450,65€ en la tabla IV del anterior baremo, a una minuciosa regulación en función de la secuela producida y el número de horas diarias de asistencia que se consideran necesarias.

Adentrándonos ya en la cuestión propuesta, creo necesario partir de lo que es una constante en el cálculo del perjuicio patrimonial por secuelas en el actual baremo, cual es el de fijar el dies a quo en el de la estabilización de las secuelas.

Como la ayuda de tercera persona es un daño emergente y, por lo tanto, un perjuicio patrimonial de los expresamente previstos en la subsección 3ª, la fecha a tener en cuenta para el cálculo de la indemnización correspondiente por este concepto debe ser la de la estabilización de las lesiones y no otra así se desprende del art. 124.1.

Por otro lado, los coeficientes que, en razón a la edad de la víctima, establece el art. 124.2 ya están recogidos en las indemnizaciones que prevé la tabla 2.C.3 del baremo sin que sea preciso -ni oportuno realizar operación alguna al respecto.

Pongamos unos ejemplos de aplicación de las tablas 2.C.2 y 2.C.3 del baremo en este punto:

Víctima de 49 años al momento de estabilización de las siguientes secuelas:

Trastorno cognoscitivo muy grave, valor: 11 horas.

Ceguera, valor: 6 horas.

Epilepsia no controlable con crisis semanales, valor: 4 horas.

Total horas: 11 + -6/4 + -4/4 = 13 horas y 30 minutos. Resultado indemnización -s.e.u.o.-: 519.633,68€.

En cambio, si mantenemos las circunstancias tenidas en cuenta en el anterior ejemplo introduciendo un cambio en la edad de la víctima, pasando de 49 a 50 años en el momento de estabilización de las secuelas, el resultado varía ostensiblemente, siendo la indemnización a percibir -s.e.u.o.-: 571.917,17€.

Los resultados que arrojan los ejemplos expuestos se deben a la aplicación literal del actual baremo y, pese a lo que se dirá a continuación, cabe recordar que éste se marca como objetivo dar certeza y seguridad jurídica a las indemnizaciones derivadas de los accidentes de tráfico, por lo que su aplicación debe ser estricta.

Sin embargo, esos resultados son cuando menos sorprendentes, dado que, inexorablemente la víctima de 49 años -al momento de concretar la indemnización pasará a tener 50 años en poco tiempo -meses, incluso días o semanas quizás-, y no se llega a comprender bien por qué el incremento indemnizatorio previsto para la edad de 50 años no puede aplicarse a quien los cumpla una vez ya determinada la indemnización con 49 años.

No somos demasiado optimistas respecto a que se aplique el denominado en la consulta «deslizamiento actuarial», pero entenderlo aplicable creemos que se ajustaría plenamente al principio fundamental de la reparación íntegra del daño -art. 33.1-, dado que la persona lesionada según vaya cumpliendo años irá necesitando -en buena lógica mayor gasto por ayuda de tercera persona.

Y ya puestos, el art. 43 RDLeg 8/2004 posibilitaría la aplicación de los referidos coeficientes de incremento indemnizatorio según se vayan cumpliendo las edades aludidas en el art. 124.2, es decir, 50, 60 y 70 años, y el razonamiento en que se podría fundar una pretensión en tal sentido sería la de que al cumplir la citada edad se produce una alteración sustancial de las circunstancias que determinaron la fijación de la indemnización cuando la víctima tenía 49, 59 o 69 años respectivamente. Otra cosa será el resultado de una petición de este tipo, pero para conocer cómo se pronuncian los Tribunales al respecto todavía habrá que esperar un poco.

D. Domingo Salvatierra Ossorio

D. Domingo Salvatierra Ossorio

Se plantea si es posible realizar un deslizamiento actuarial del factor de corrección del apartado 2º del art. 124 RDLeg 8/2004 -EDL 2004/152063-, en relación con el incremento correspondiente por el número de horas necesarias de ayuda de tercera persona, a lesionado de 49 años mediante la actualización de los porcentajes correspondientes en dicho precepto a los 50, 60 y 70 años.

La determinación del número de horas de asistencia necesaria a tercera persona se llevará a cabo en la fecha de estabilización de las secuelas de conformidad con lo dispuesto en el art. 124 RDLeg 8/2004, de forma que es a partir de los 50 años de edad del lesionado, cuando se presume que se produce un incremento de necesidad de ayuda de la tercera persona estableciéndose un factor corrector en función de la edad que comienza a los 50 años, estableciendo en dichos períodos 3 fases de edad en los que se aplica un porcentaje distinto que va desde el 1,10 hasta los 60 años, del 1,15 hasta los 70 años, y de un 1,30 a partir de dicha edad, fijándose el cómputo de edad de fecha a fecha, por lo que las edades se alcanzan pasadas las cero horas del día en que se cumplen los años correspondientes.

En mi opinión, es perfectamente posible realizar el deslizamiento actuarial propuesto porque entiendo que así debe interpretarse del propio art. 124 RDLeg 8/2004, que en su propio encabezamiento fija el momento para la determinación del número de horas necesarias y regula los factores de incremento «posterior», adjetivo que fija los incrementos que deben aplicarse cuando el lesionado con ayuda de tercera persona alcance los 50, 60 o sobrepase los 70, de forma que aún determinándose el número horas necesarias de ayuda de tercera persona en la fecha de estabilización de las secuelas, considero que deben aplicarse los factores de corrección previstos en el número 2 del art. 124 en todos los casos en que el lesionado alcance «posteriormente» a la estabilización de las lesiones los 50 años, los 60 años y/o sobrepase los 70 años de edad, incrementándose la cuantía de la indemnización y no la duración de la misma.

No comparto, en definitiva, que la referencia «a partir de los cincuenta años de edad del lesionado» que señala el precepto deba entenderse como que para la aplicación de los factores de corrección establecidos por edades se exija que se hayan alcanzado estas en el momento de estabilización de las lesiones, por cuanto entonces sería inane la inclusión del adjetivo «posterior» del artículo.

D. Esteban Solaz Solaz

D. Luis Antonio Soler Pascual

D. Luis Antonio Soler Pascual

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el momento de determinación de horas necesarias y factores de incremento debe hacerse tomando como vector, no la fecha del accidente sino el momento de la estabilización de las lesiones, en modo tal que siempre se adelantará al momento más próximo a la edad establecida en la norma, aquél en el que resulte aplicable el factor corrector.

Dicho lo cual, entendemos que la cuestión se formula es la de si es posible una especie de condena a futuro sustentada en la aplicación progresiva, en atención a la edad del lesionado, de los distintos factores correctores que, con el incremento de la edad, aumentan aritméticamente.

Pues bien, dos aspectos hay que tener en cuenta. En primer lugar, que la barrera de los 50 años que contiene el art. 124 RDLeg 8/2004 -EDL 2004/152063 resulta desde nuestro punto de vista, insoslayable, constituyéndose por tanto en un factor determinante de la aplicación presente y futura del factor de corrección que regula. Y en segundo lugar, que alcanzada dicha edad mínima al tiempo de la estabilización de las lesiones, sí sería dable establecer una condena a futuro en los términos que autoriza el art. 220 LEC -EDL 2000/77463 en tanto tal solución aportaría al caso un sesgo de equilibrio con la previsión contenida en la propia norma vinculada a la edad del lesionado.

Es cierto que, en estos casos, siempre se cuestiona en qué condiciones puede reclamarse un daño que se espera que manifieste sus efectos en un futuro, cuestión que siempre está unida a exigencias procesales relacionadas con la necesidad de que se acredite la existencia del perjuicio que se reclama y de evitar eventuales enriquecimientos injustos.

Entiendo, sin embargo, que en el caso que nos ocupa, la norma contiene la previsión suficiente para eludir tal problemática pues fija de manera concreta los tramos de edad del lesionado y un específico factor de corrección vinculado al tramo de edad, dando respuesta científica a las necesidad del lesionado cuando requiere de ayuda de terceros.

Por tanto, si bien es cierto que con carácter general no cabe la reclamación judicial de perjuicios de posible, aunque no seguro, acaecimiento, es igualmente cierto que el art. 220 LEC permite solicitar una sentencia que englobe las cantidades devengadas con carácter periódico a favor del actor antes, durante y con posterioridad a la finalización del procedimiento, norma que contiene no solo una excepción a la regla general de prohibición de las condenas de futuro y que se basa en principios de economía procesal y criterios de evitación de juicios reiterados sobre una obligación predeterminada sino desde luego, un mecanismo que permite articular los efectos indemnizatorios conforme a las exigencias de la norma cuando ésta tiene una proyección cronológica como es el caso.

En suma, considero que sí es posible efectuar a partir de los 50 años un deslizamiento actuarial del factor del art. 124 citado, utilizando el método procesal de la condena a futuro.

D. Julio José  Úbeda de los Cobos

D. Julio José  Úbeda de los Cobos

Mi respuesta es negativa. Tal interpretación pugnaría con el carácter cerrado -con matices que se pretende dar al sistema y con el propio tenor de los preceptos aplicables.

No puede olvidarse que el art. 33.5 RDLeg 8/2004 -EDL 2004/152063 establece:

“La objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por conceptos o importes distintos de los previstos en él...”

El art. 124.2 es claro al determinar los factores de corrección, siendo de aplicación a las personas que hubieran cumplido cincuenta, sesenta o más de setenta años, al realizar la presunción de que la mayor edad incrementa la necesidad de ayuda por una tercera persona.

Al concretar el art. 125.4 como debe calcularse el multiplicador para la determinación de la indemnización, especifica en su apartado c-:

“Los factores de incremento de necesidad de ayuda de tercera persona en función de la edad, previstos en el artículo 124.”

El texto legal no puede ser más taxativo.

El apartado 5º del mismo art. 125 contempla la posibilidad de establecer reglamentariamente otros criterios complementarios para determinar el multiplicador: “que tengan en cuenta otras contingencias relativas al lesionado y que sirvan a la mejor individualización del perjuicio”.

Previsión que requerirá, en su caso, de un desarrollo normativo.

Al acudir a las tablas correspondientes 2C3, se aprecia que las cantidades vienen prefijadas sin contemplar otra variable que las edades designadas en el art. 124.

Por todo ello, no aprecio que puedan incluirse otros criterios que los legalmente establecidos. La edad de 50 años marca el límite mínimo para la aplicación del coeficiente corrector. Ello va a tener una incidencia que puede ser relevante en la litigiosidad, al ser beneficioso en ocasiones la maniobra de pretender dilatar la fecha de estabilización de las lesiones, si ello supone el cumplir el perjudicado los 50 años, ya que es el momento para valorar la necesidad de ayuda por una tercera persona -art. 124.1-.

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