El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que esta ley se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el 29 de febrero. El Gobierno analizó un informe sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia en las comunidades autónomas el 2 de abril, que reflejaba que la norma aprobada por el Gobierno de Aragón para derogar su ley autonómica de memoria democrática de 2018 vulnera los principios del derecho internacional público en la materia, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales suscritos por España. Además, invade las competencias del Estado.
El Ejecutivo también abordó el 7 de mayo un informe sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos sobre memoria histórica, tras recibir el 3 de mayo una comunicación de los relatores de la Organización de Naciones Unidas acerca de las iniciativas legislativas en la materia impulsadas por las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El texto de los relatores insta al Estado español a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.
El Ejecutivo activó entonces el mecanismo de diálogo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para abordar con el Gobierno de Aragón la fórmula para que su texto regresara al ámbito constitucional.
Ángel Víctor Torres ha señalado que el Ejecutivo de Aragón comunicó por escrito que rechazaba la invitación del Gobierno al diálogo y al acuerdo: "El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el de Aragón, que ha dicho no".
El ministro ha explicado que, una vez solicitado dictamen al Consejo de Estado, el Consejo de Ministros aprueba hoy, con su aval, la interposición del recurso contra el conjunto de la ley de Aragón por vulneración competencial y del principio de colaboración con el Estado por parte de esa comunidad, y por vulneración de los artículos 10 y 15 de la Constitución.
Torres ha reiterado que la nueva ley de Aragón retira las señales de los campos de concentración y los lugares de memoria, elimina el mapa de fosas comunes y el reconocimiento y reparación a las víctimas del sistema educativo. Además, dificulta las actividades de las asociaciones memorialistas y la transparencia a través de las páginas web.
El Gobierno considera, pues, que el incumplimiento de la ley estatal de memoria democrática deriva en un incumplimiento con la dignidad de las víctimas y su integridad moral garantizadas por la Constitución. "Por defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad, para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución y acudiremos adonde sea preciso para defender los derechos humanos y el derecho internacional", ha remarcado.
