Régimen actualizador de las pensiones de alimentos y compensatoria: ¿se aplica solo cuando el IPC fluctúa al alza? ¿Puede modificarse por otro sistema?

Es habitual que dictada sentencia definitiva en procedimientos de famil...

Es habitual que dictada sentencia definitiva en procedimientos de familia y/o menores, acordándose fijar pensiones alimenticias y/o compensatorias, bien judicialmente o por homologación de las pactadas entre los ex cónyuges en convenio regulador, se establezca como sistema de actualización anual el de las variaciones que experimente el IPC, de modo que cuando la resolución judicial definitiva dictada, o la que proceda en su caso, según ley, disponga expresamente que esas actualizaciones anuales se lleven a cabo al alza, ningún problema debe suscitar en futuras ejecuciones, generándose, por el contrario, en aquéllas otras en las que no se exprese nada al respecto, ni alza, ni a la baja, lo que bien, en principio, procedería ser objeto de aclaración/complementación de sentencia a través de los mecanismos procesales instaurados en los arts. 214 y 215 LEC -EDL 2000/77463-.

El problema en cuestión ha pasado desapercibido durante muchos años a consecuencia de que esas variaciones que venía experimentando el IPC venían siendo alza, pero la crisis económica ha venido a poner al descubierto cómo debe resolverse la controversia que se suscite cuando nada se dice al respecto en la resolución judicial, en definitiva, en el título ejecutivo, habiéndose dado por los Tribunales de Justicia respuestas dispares al respecto, como lo son:

1ª. Entender que si en el convenio regulador o en la sentencia se establece, sin más, como sistema de actualización las variaciones que experimente el IPC, se ha de estar a la literalidad de lo expresamente dispuesto, incluyendo el término &ldquovariación&rdquo la revisión tanto &ldquoal alza&rdquo como &ldquoa la baja&rdquo, lo que significa que si el IPC es negativo, entonces, debe aplicarse ese porcentaje a la pensión, con su consiguiente repercusión negativa, mediante la reducción de la pensión, ya lo sea alimenticia o compensatoria, indistintamente. Línea seguida, entre otras, en las sentencias de AP Asturias nº 47/2019, de 12 de abril -EDJ 2011/611428 y de AP Granada nº 70/2020, de 22 de mayo -EDJ 2020/660349-, y en el auto de AP Málaga nº 323/2017, de 27 de diciembre.

2ª. Un segundo posicionamiento se mantiene por un sector doctrinal conforme al cual es que cuando el IPC es negativo, no cabe aplicarse de manera automática la reducción de las pensiones, sino que habrá de estarse al caso concreto, atendiendo a las variaciones que experimenten los ingresos del obligado a abonar la pensión, en observancia al &ldquoprincipio de proporcionalidad&rdquo que rige la materia, lo que implica que si el IPC es negativo, si las necesidades de los hijos siguen siendo las mismas y los ingresos del alimentante también lo son, no debe reducirse la pensión. Criterio éste que se basa para los alimentos en que el art. 146 CC -EDL 1889/1 dispone que la cuantía de los alimentos será proporcional a los medios de quien los paga -alimentante y a las necesidades de quien los recibe -alimentista-, no pudiendo procederse de modo automático a la reducción de la pensión cuando el IPC es negativo, de forma que si los ingresos del obligado no disminuyen, no se debe reducir la pensión, ya que se quebrantaría el mencionado principio de proporcionalidad, afirmando la sentencia de AP Bizkaia nº 30/2019, de 4 de marzo -EDJ 2019/592910-, que:

&ldquo&hellipla cláusula de actualización de una pensión de alimentos conforme al IPC no puede ser utilizada para la reducción del quantum de la pensión de alimentos porque su sentido teleológico es precisamente el contrario: asegurar que el transcurso del tiempo no afecte negativamente a la pensión por efecto de inflación y la consiguiente pérdida de valor adquisitivo y también servir, en la medida de lo posible, como mecanismo de incremento paulatino de la pensión para adaptarse al crecimiento de las necesidades del alimentista parejo a su propio desarrollo personal&rdquo.

3ª. Por último, minoritaria, residual, en línea con la anterior en su conclusión, es la de aquéllos otros que defienden que las pensiones alimenticias son deudas de valor, por lo que la razón de ser de su actualización es que no pierden poder adquisitivo y pueden seguir atendiendo a las necesidades para las que se han concedido, siendo de aplicación la misma normativa que la de las pensiones públicas, por lo que las revisiones serían siempre al alza.

Pues bien, ante el dilema planteado, considerando que las argumentaciones en favor y en contra de cada una de las tesis anteriores pudieran ser válidas, a mi juicio, se debe estar a la primera de las indicadas, habida cuenta que la segunda colisiona frontalmente con normativa constitucional, pues se ha de tener muy presente que el derecho a que se respeten y ejecuten las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos queda comprendida en el art. 24.1 CE -EDL 1978/3879-, pues sin él la tutela judicial se vería reducida a producir decisiones puramente declarativas que no ampararían los intereses de quienes las impetrasen.

Por ello, ciertamente la ejecución judicial deba hacerse en los propios términos de la parte dispositiva de la resolución a ejecutar, pues lo contrario ocasionaría una gravísima inseguridad jurídica, suponiendo acabar con la noción misma de firmeza, supondría igual fraude al derecho a la tutela judicial efectiva que la no ejecución, causando indefensión a la parte que se vería perjudicada por semejante modificación. A este respecto, la doctrina constitucional tiene declarado que el derecho a la tutela judicial, por imperativo constitucional, ha de ser efectiva, comporta, tal y como dispone el art. 117.3 CE, la obligatoriedad de cumplir las sentencias y demás resoluciones de los Jueces y Tribunales, puesto que de otro modo las declaraciones judiciales se convertirían en meras declaraciones de intenciones, la satisfacción personal de las pretensiones tuteladas definitivamente por la sentencia sería platónica, se frustrarían los valores de certeza y seguridad jurídica consustanciales a la cosa juzgada y se vulneraría el mandato contenido en el art. 118 CE, cuyo primer destinatario han de ser los propios órganos judiciales que, en un Estado de Derecho, han de respetar y quedar vinculados por sus propias declaraciones jurisdiccionales, definitivas y firmes.

De esta manera, la ejecución de una sentencia no inicia un nuevo proceso, lo que determina la necesidad de que las partes y, consiguientemente con ello, Jueces y Tribunales, deban estar al cumplimiento de lo acordado por resolución firme, lo que significa, en consecuencia, que se debe estar a la literalidad del clausulado pactado entre las partes y homologado judicialmente por sentencia o, en su caso, a la medida adoptada en ésta con carácter definitivo, de tal modo que cuando, como se viene diciendo, el IPC es el sistema de actualización de las pensiones y no se especifica nada más, supone posibilidad tanto de incremento como de disminución de la suma inicialmente establecida, según el rango positivo o negativo de los datos estadísticos aplicables al año es el título ejecutivo el que debe interpretarse literalmente, art. 1281 CC, siguiendo la regla

No obstante, procede hacer una matización, habida cuenta que la cuestión planteada hace referencia tanto a la pensión alimenticia, como a la compensatoria por desequilibrio económico, y es que si se plantea el debate en el curso del procedimiento, antes del dictado de sentencia definitiva, ésta última pensión, como sabemos, se regula por normas de derecho dispositivo, lo que significa que si la parte interesada solicitase que la actualización, sin más, lo fuera conforme a las variaciones que experimente anualmente el IPC, el juzgador, caso de conceder la pensión, debe proceder a hacerlo en tales términos, sin especificar al alza o a la baja, en observancia al principio de congruencia que debe imperar en toda resolución, conforme al art. 218 LEC, a diferencia de lo que acontecería para los casos de alimentos en favor de menores en donde ya no rige aquél principio y, por tanto, de oficio, en interés del menor, cabría perfectamente acordar, sin haberse peticionado expresamente, que la actualización de la pensión/es alimenticias lo sean al alza.

En otro orden de cosas, en relación con la segunda de las cuestiones, si lo que se pregunta es si cabe modificar el sistema de actualización de las pensiones establecido conforme a las variaciones del IPC, decir:

1º. Que si ya está fijado por resolución firme, no cabe que el juez al plantearse actualizaciones de pensiones por impacto de un IPC negativo, por su propia iniciativa a fin de evitar se reduzcan, instaure un nuevo sistema actualizador.

2º. Si, por el contrario, cualquiera de las partes que se crea afectada por la aplicación del mecanismo actualizador anual del IPC, podría perfectamente acudir a un procedimiento de modificación de medidas a tal fin, pensemos, por ejemplo, en los casos del obligado al pago en su consideración de alimentante u obligado al abono de una pensión compensatoria, que tras su jubilación sus ingresos como pensionista se actualizan por debajo del IPC, pretendiendo con ello evitar una pérdida del poder adquisitivo. Ahora bien, en estos casos, se debe tener muy en cuenta como en esos procedimientos de modificación de medidas, una de las claves de éxito de la estimación de la demanda se encuentra en demostrar la parte demandante que ese cambio de circunstancias debe ser &ldquoesencial&rdquo, por lo que una simple y mera reducción de ingresos irrisoria no generaría la alteración del sistema inicialmente implantado.

La mayor parte de las resoluciones de familia que fijan una pensi&o...

La mayor parte de las resoluciones de familia que fijan una pensión alimenticia, o una pensión compensatoria, disponen un sistema de actualización de las prestaciones conforme a las variaciones que experimente el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esta actualización se acuerda cuando las pensiones consisten en una cantidad determinada, no cuando se fijan en un porcentaje de los ingresos de los obligados.

Y ello por prescripción legal. Así, el art. 103 CC -EDL 1889/1 dispone que en el auto de medidas provisionales deberá fijarse la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio y establecer las bases para la actualización de estas cantidades. El art. 90 CC, al determinar el contenido del convenio regulador dispone que, entre otras medidas, deberá fijarse la contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización. También el art. 97 CC dispone que en la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijarán las bases para actualizar la pensión compensatoria.

Normalmente, la expresión que se utiliza es que las pensiones deberán actualizarse conforme a las variaciones que experimente el índice acordado, normalmente el índice de precios al consumo. Pero no siempre es así. Algunas resoluciones, en menor parte, disponen que las pensiones o prestaciones sólo se modificarán en caso de que el IPC sea positivo, y en alguna resolución se dispone que con independencia de cuál sea la variación que experimente el IPC las pensiones se incrementarán anualmente, como mínimo, un determinado porcentaje, por ejemplo un uno o dos por ciento, aplicándose el IPC una vez se supere este porcentaje mínimo de incremento.

Para dar respuesta a la cuestión que se nos plantea debemos partir de lo que la resolución disponga, ya que como establece el art. 18 LOPJ -EDL 1985/8754 las resoluciones judiciales deben ser cumplidas en sus propios términos. Por tanto, si la resolución judicial dispone que las pensiones se actualizarán sólo en caso de que el IPC sea positivo, y no cuando sea negativo, o si disponen que se incrementarán un porcentaje mínimo, si el IPC es negativo o se incrementa menos de este porcentaje, deberá estarse a la literalidad de la resolución.

Pero si la resolución judicial no dispone nada al respecto, y se limita a decir que las pensiones deberán actualizarse conforme a las variaciones que experimente el IPC, deberá entenderse que las pensiones deben incrementarse o reducirse del mismo modo que lo haya hecho el índice de actualización. Si lo acordado es que las prestaciones deben modificarse conforme a las variaciones que experimente el IPC esta modificación debe hacerse tanto en el caso de que el índice sea positivo como negativo.

Quienes no son partidarios de reducir las pensiones cuando el IPC es negativo se sustentan en que un índice de actualización negativo no implica una disminución de la cuantía de la pensión alimenticia, salvo que se demuestre una correlativa disminución de las necesidades de las personas que tienen derecho a percibir los alimentos, o de las posibilidades económicas del obligado a prestarlos. Sin embargo, si la resolución judicial acordó la actualización de las pensiones conforme a un determinado índice el que sea negativo no exige realizar esa demostración, del mismo modo que cuando el IPC sufre un incremento cada anualidad, y antes de aplicarlo a la pensión alimenticia, no se procede a examinar, ni debe acreditarse, que se ha producido un correlativo aumento de las necesidades de las personas que tienen derecho a percibir los alimentos, ni a examinar que hayan experimentado un incremento las posibilidades económicas del obligado a prestarlos.

La pensión alimenticia se fija sobre la base de la proporcionalidad entre las necesidades del alimentista y la capacidad económica del obligado a prestarla. Por ello deberá serle aplicado el IPC a la pensión alimenticia, si así fue acordado, tanto en el supuesto de que este índice se incremente como en el supuesto de que disminuya puesto que si el IPC disminuye lógicamente disminuirán tanto las necesidades de unos como los ingresos de los obligados, manteniéndose por tanto la proporcionalidad entre ellos.

En cuanto a la cuestión de si el régimen actualizador basado en dicho índice puede ser modificado por uno distinto cuando se alteren sustancialmente las circunstancias económicas del obligado al pago de la pensión correspondiente, entiendo que las partes de mutuo acuerdo, o en un procedimiento de modificación de medidas contencioso en caso de no estar conformes, pueden acordar la modificación del índice de actualización. Es frecuente encontrarse con convenios reguladores donde se dispone la revisión de las pensiones en función del porcentaje de aumento o disminución de los ingresos de los obligados, o en función del incremento o disminución de las necesidades del destinatario de la pensión. No soy partidaria de este sistema de porcentajes y ello porque en la práctica suele ser poco frecuente que el obligado al abono de las prestaciones voluntariamente dé a conocer el incremento que hayan podido experimentar sus ingresos, del mismo modo que el destinatario de la pensión oculta la disminución de sus necesidades, abocando necesariamente a las partes a un complicado procedimiento de ejecución.

Por ello, considero más sencillo actualizar las pensiones conforme a las variaciones de un determinado índice, y que las partes acudan a un procedimiento de modificación de medidas si se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias que concurrían cuando se fijaron las prestaciones económicas.

Las dos preguntas que nos formula en esta ocasión el Director...

Las dos preguntas que nos formula en esta ocasión el Director del FORO ABIERTO están íntimamente relacionadas toda vez que la respuesta a ambas pivota y debe articularse sobre la interpretación conjunta de los preceptos del Código civil referidos a la pensión alimenticia y compensatoria en que se dispone que, al fijar la cuantía de una u otra, se establezcan las correspondientes bases de actualización -art. 90.1.d-, 97, párrafo 3º y 100 CC EDL 1889/1 en relación con lo dispuesto en los arts. 146 y 147 CC, que consagran el principio de proporcionalidad entre los recursos del alimentante y las necesidades del alimentista como parámetro para fijar la cuantía de la pensión en cada momento.

Una reiterada doctrina jurisprudencial -SSTS, Sala 1ª, de 9 de octubre de 1981 y de 11 de octubre de 1982, entre otras sostiene que tanto la pensión alimenticia como la pensión compensatoria tienen la naturaleza de deudas de valor que, como tales, precisan durante su vigencia, para su efectividad, de la aplicación del mecanismo de actualización, a fin de adecuar el importe de lo señalado en sentencia al poder adquisitivo de la moneda, de tal modo que el acreedor reciba mediante las prestaciones sucesivas una suma dineraria con el valor real que tenía la cantidad en la fecha en que fue establecida..

Así pues, la introducción de cláusulas de actualización en las obligaciones pecuniarias de pago de una pensión tiene por finalidad garantizar que dichas obligaciones operen durante su vigencia como deudas u obligaciones de valor en cuanto, de configurarse como deudas nominativa o de suma, el fenómeno de la inflación supondría una pérdida de poder adquisitivo de la suma de dinero nominal que el deudor debe pagar al acreedor. Esa pérdida de poder adquisitivo es la que se quiere evitar, en los casos de inflación, mediante la introducción de cláusulas o criterios de actualización de la pensión, pues en tales casos, al aplicar, al alza, el criterio de actualización, se produce un perfecto ajuste entre el poder adquisitivo del dinero y el aumento de los precios a consecuencia de la inflación.

Correlativamente, en un sentido inverso, en los casos de deflación o bajada de los precios de los productos, bienes y servicios, ese ajuste del poder adquisitivo del dinero al coste de la vida debe conducir a la revisión o actualización a la baja de la pensión, pues en otro caso se produciría un enriquecimiento sin causa del acreedor en la medida en que, al producirse un aumento del poder adquisitivo del dinero, a causa de una bajada de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, sin dar lugar a la correspondiente disminución de la cuantía de la pensión, se estaría generando un desajuste, por la inaplicación del principio de proporcionalidad que consagra el art. 146 CC, entre el caudal y recursos del alimentante y las necesidades del alimentista, que debe dar lugar a la correspondiente reducción proporcional de la cuantía de la pensión, tal como prescribe el art. 147 CC.

El art. 147 CC es meridianamente claro al disponer que la cuantía de la pensión se reducirá o aumentará &ldquoproporcionalmente según el aumento o reducción que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos&rdquo. En el supuesto de disminución del índice de precios del consumo, ha de entenderse que se produce una correlativa disminución de las necesidades del alimentista en cuanto, aunque las necesidades de éste no experimenten variación alguna, se reduce el coste necesario para la cobertura de tales necesidades. En mi opinión, a estos efectos, la desaparición o disminución de las necesidades del alimentista ha de equipararse a la disminución o rebaja del gasto necesario para dar cobertura a dichas necesidades.

En consecuencia, respondiendo a la primera de las preguntas formuladas, a mi juicio, no resulta ajustado a derecho que la actualización de las pensiones se realice únicamente cuando el IPC fluctúe al alza, porque el CC contempla expresamente en el art. 147 que la actualización pueda dar lugar tanto al aumento como a la disminución de la cuantía de la pensión alimenticia y por tanto debe darse lugar a la disminución de ésta cuando el IPC experimente una variación porcentual a la baja, por implicar tal circunstancia sobrevenida un descenso del coste de las necesidades alimenticias del alimentista.

Por lo que se refiere a la viabilidad jurídica de sustituir, en un proceso de modificación de medidas, el sistema de actualización de la pensión basado en el IPC por un criterio o parámetro de actualización o revisión diferente, en caso de alteración sustancial de las circunstancias económicas del obligado al pago de la pensión, no veo obstáculo legal alguno para llevar a cabo tal modificación.

Debe recordarse al respecto que en los años siguientes a la promulgación de la Ley 30/1981, de 7 de julio, de divorcio -EDL 1981/2897-, la tendencia dominante en la práctica forense era la de fijar como criterio de actualización de las pensiones la variación de los ingresos del obligado a su pago, por entender que tal criterio de actualización garantizaba mejor que ningún otro el ajuste automático y mantenimiento de la necesaria proporcionalidad entre los recursos o ingresos del obligado y las necesidades del alimentista, en una época de gran volatilidad y variabilidad de los beneficios empresariales y de las remuneraciones salariales a causa de la crisis económica generalizada que afectó al país durante aquellos años. Sin embargo, de manera progresiva se fue abandonando como criterio de actualización el de la variación experimentada por los ingresos del obligado debido a las múltiples dificultades de ejecución que originaba tal sistema de revisión: la necesidad de realizar la actualización en muchos casos a año vencido cuando el obligado percibía retribuciones fijas y otras variables para poder calcular el porcentaje de variación, al alza o a la baja, de sus ingresos la discusión acerca de si las retribuciones salariales a tener en cuenta para la actualización han de ser las remuneraciones salariales brutas o las netas efectivamente percibidas en nómina por el obligado el cómputo o no, para el cálculo del porcentaje de variación, de los complementos percibidos por los obligados residentes en el extranjero por razón de su expatriación las dificultades encontradas en la práctica para obtener de las empresas certificación de los ingresos percibidos por los obligados con la necesaria especificación y detalle de los ingresos brutos, netos y dietas y beneficios laborales no salariales del trabajador, etc.

En la actualidad, resulta excepcional encontrar convenios reguladores o sentencias en que se establezca como criterio de actualización de las pensiones el de la variación de los ingresos del obligado al pago de las mismas, pero pueden existir casos en que resulte procedente, en cuanto resultará más equitativo, sustituir como criterio de actualización el del IPC por el de la variación de los ingresos del obligado. Piénsese, por ejemplo en un obligado al pago de la pensión que sea funcionario del Estado. Como es público y notorio la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios públicos en España desde la época de la gran crisis económica padecida en este país entre los años 2007 a 2014, e incluso hasta el momento presente, ha sido constante, pues no solo padecieron una importante reducción salarial, sino que, posteriormente, a partir de los años 2010 y 2011, año tras año, sus retribuciones ora han sufrido una congelación salarial, ora han experimentado incrementos inferiores a las variaciones alcistas experimentadas por el IPC. En tales casos, la actualización de las pensiones conforme a las variaciones de los ingresos del obligado logra una perfecta adecuación y un absoluto respeto al principio de proporcionalidad entre los recursos o ingresos del obligado a su pago y las necesidades del alimentista o persona beneficiaria de la pensión compensatoria. Igualmente, cabe pensar que resulta procedente el cambio de criterio de actualización en el caso de algunos colectivos, como el de los jubilados obligados al pago de pensiones alimenticias o compensatorias. A propósito del tránsito del obligado al pago de la pensión desde la situación de trabajador en activo a la situación de jubilado, puede traerse a colación la SAP Sta. Cruz de Tenerife nº 354/2019, de 19 de agosto -EDJ 2019/708699-, la cual, estimando un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en un proceso de modificación de medidas, sustituye el IPC como criterio de actualización de la pensión compensatoria por el de la variación porcentual de los ingresos del obligado a su pago ante la nueva situación de jubilación del obligado, señalando en su FJ 3º lo siguiente:

&ldquoEl apelante, D. Jose Pedro, solicita que, ante la nueva situación, se fije la actualización de la pensión compensatoria conforme a la variación que experimente la pensión de jubilación.

Este motivo parece que debe acogerse porque es una realidad debidamente acreditada que el sistema de pensiones en los últimos tiempos se ha visto sometido a una reducción del incremento anual, procediendo, como sistema más adecuado para el mantenimiento de la proporcionalidad establecida ya en la resolución que fija la pensión compensatoria, el de las posibles modificaciones que sufran los ingresos del obligado a prestarla.

Entendemos que debe fijarse la actualización de la pensión compensatoria en proporción a la variación porcentual de la pensión de jubilación del apelante -&hellip-, al entender que si se acude exclusivamente, como parámetro de actualización, al índice de Precios al Consumo, como remedio corrector de la depreciación del signo monetario se puede vulnerar el criterio de proporcionalidad, que es esencial en la determinación cuantitativa.&rdquo

Este mismo criterio se ha mantenido por otras Audiencias Provinciales, como la SAP A Coruña de 13 de diciembre de 2011 o la SAP Baleares de 11 de junio de 2014 -EDJ 2014/108528-.

Mi respuesta a la segunda de las preguntas formuladas es, por tanto, conforme a lo razonado, afirmativa por estimar que es perfectamente viable el cambio de criterio de actualización de la pensión en casos de alteración sustancial de las circunstancias, tal como previene el art. 100 CC, que contempla la posible modificación tanto de la pensión compensatoria como de sus bases de actualización.