Los avances de la Inteligencia Artificial (IA) están teniendo un gran impacto en distintos sectores, tanto en el Sector Público como en el Privado, irrumpiendo en distintos campos profesionales como es en el Derecho y parece que ha llegado para quedarse.
Es por ello que el pasado 14 de mayo de 2024 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó la propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, conocida como Estrategia de Inteligencia Artificial 2024. Este nuevo Plan de acción ha sido concebido para consolidar y expandir el uso de la IA en el conjunto de la economía y en la administración pública.
Dicha propuesta viene a continuar con la modernización del sistema de justicia español por medio del uso de la IA, ya iniciado en el año 2023 por la antigua Ministra de Justicia Pilar Llop, con un doble objetivo; pues, por un lado, pretendía que el trabajo de los funcionarios y profesionales de la Administración de Justicia fuese más eficiente y, por otro, que el Servicio Público de Justicia resulte más accesible para los ciudadanos, permitiendo así que resulte fácil a la hora de comprender los procesos y se aumente la protección de las personas vulnerables. Como indicamos más adelante, la accesibilidad a la que dará lugar el uso de estas nuevas tecnologías propone que el ciudadano tenga una mayor y mejor comprensión de la justicia, la terminología utilizada y, por tanto, dotarle de una mayor autonomía y una aminoración de costes para ejercer sus propios derechos.
Por medio de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, el Ministerio de Justicia podrá continuar con la implementación y mejora de las herramientas de resumen automatizado de documentos judiciales en leguaje sencillo, permitiendo la comprensión de los procesos judiciales por parte de la ciudadanía.
Sin perjuicio de lo anterior, la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 se enfoca en varios ejes estratégicos, incluyendo la potenciación del uso de la IA en las distintas Administraciones Públicas, la formación y la capacitación en tecnologías avanzadas del cuerpo de funcionarios y trabajadores del Estado y con la finalidad de mejorar la transparencia y eficiencia en la toma de decisiones basadas en datos. Esta estrategia se complementa con iniciativas específicas aplicables al Ministerio de Justicia.
Una de las herramientas es el Buscador Inteligente “Delfos”, el cual permite a los profesionales del derecho realizar búsquedas utilizando lenguaje natural, mejorando así la accesibilidad y eficiencia en la recuperación de información. Este buscador no solo facilita el acceso a una vasta base de datos de documentos, sino que también permite a los Usuarios subir sus propios documentos para realizar búsquedas buscando optimizar la gestión y análisis de grandes volúmenes de información y datos. De este modo, también se simplificará la labor jurídica, lo que en menor o mayor medida implicará que cada vez haya más gestiones para las que el nivel de formación exigido sea menor, las tareas sean más estandarizables y a su vez, más sustituibles por la máquina.
Como en cualquier otro sector, la implementación de la IA en Justicia y en el mundo del Derecho persigue la automatización de tareas repetitivas y más administrativas, liberando a los profesionales formados para que puedan centrarse en tareas más complejas y que requieran del juicio humano. Esta mejora en la eficiencia será fundamental para reducir los tiempos de respuesta en los diferentes procedimientos judiciales tramitados por los tribunales para ofrecer un mejor servicio para los ciudadanos, agilidad y disminución de costes.
De igual modo, la Estrategia del Gobierno pretende afectar e influir también en el sector privado, facilitando el acceso a recursos económicos para el desarrollo y la ayuda en la comprensión e implementación de la IA por parte de PYMES y Autónomos.
Sin embargo, hace ya tiempo que muchas empresas privadas han tomado la iniciativa de realizar inversión en IA, incluyendo a los Despachos de Abogados, en su mayoría aquellos que ostentan un gran volumen o cuotas al tratarse de inversiones relevantes. Estos Despachos ya se han subido a la tendencia del uso de la IA en sus procesos internos y buscando la familiarización de los profesionales con esta nueva tecnología y la estandarización de procesos y costes internos, con las decisiones que ello supone. Así, algunos de los principales despachos de nuestro país ya integran dentro de sus herramientas de trabajo Sistemas de IA Generativa, aplicándola a mejorar la operatividad y optimización del trabajo integral de sus Abogados. La finalidad es similar a la del sector público. La automatización de determinadas tareas, servicios más ágiles y precios más ajustados para sus clientes, a la vez que se reducen costes internos, con el impacto que ello supondrá para los perfiles menos profesionalizados.
Los Sistemas de IA propios, desarrollados por los Despachos, se basan en incluir Inteligencias Artificiales entrenadas por sus propias empresas, la minería de datos y el procesamiento de lenguaje, lo cual, implica una gran inversión de tiempo y dinero, por lo que muchos modelos o sistemas incluyen soluciones tecnológicas de terceros, como el más que conocido ChatGPT u otras como Gemini. Asimismo, también existen ya en el mercado diversas herramientas de IA muy focalizadas a estos ámbitos empresariales, entre las que se incluyen tecnologías como Luminance, que automatiza la revisión de documentos y “due diligence”, o ContractPodAi que gestiona la creación y revisión de contratos. No obstante, a las tecnologías actuales, les queda un gran recorrido para cubrir, con la seguridad que se requiere, las diferentes aristas del Derecho, como un profesional diligente. No obstante, estas soluciones aspiran a convertirse en unos casos en un aliado esencial para el jurista y en otros, hasta en un sustituto.
Otro impacto relevante de esta tecnología en el sector privado del Derecho, más allá de la asistencia al profesional, es el que existe en la atención al cliente; muchas empresas o despachos usan herramientas como Chatbots y Asistentes Virtuales, que se podrán ocupar de las citas y primeras consultas más sencillas, ayudando a los Abogados a dedicar su tiempo a las actividades más complejas.
No obstante, para garantizar que todas los cambios descritos anteriormente, no dejen de lado la seguridad y defensa de los derechos del ciudadano o los clientes, no hay que olvidar los desafíos éticos, ya que todos los sistemas de IA que se estén o se pretendan desarrollar deben ser transparentes y buscar que las decisiones tomadas por dichos sistemas estén siempre sujetas a supervisión humana, como establece el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial). Es por ello que la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, para incluir a la IA como una herramienta más dentro de los Sectores Público y Privado, estará supervisada por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); este organismo tendrá un papel crucial en el desarrollo de todas las iniciativas presentadas por el Ministerio de Justicia, entre otros, y ayudará a la creación de buenas prácticas dentro de un sector tan innovador como es el de los Sistemas y Herramientas de IA.
Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de sesgos algorítmicos es una preocupación importante, ya que los sesgos pueden afectar la imparcialidad de las decisiones judiciales y/o aquellas que deban tomarse con base a derecho, como puede ser un asesoramiento. Por lo tanto, es esencial implementar controles rigurosos y auditorías constantes para garantizar que los Sistemas de IA operen de manera justa y equitativa.
Si bien esta tecnología avanza a pasos agigantados, no podemos olvidar que los Sistemas de IA deberán cumplir a partir del año 2026 con la ya mencionada Ley de Inteligencia Artificial, que busca limitar los riesgos asociados con la IA, especialmente en sistemas de alto riesgo que pueden afectar la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de las personas, como es el acceso a una tutela judicial efectiva. Por ello, los sistemas utilizados en la Administración de Justicia se consideran de alto riesgo, y estarán especialmente controlados.
En conclusión, indudablemente la IA está transformando significativamente el ámbito de la Justicia y el ejercicio del Derecho en España, por lo que los profesionales tienen que adaptarse también a estos cambios, adoptando nuevas competencias y colaborando en la implementación y el uso de las nuevas tecnologías. Haciendo un uso responsable y sobre todo ético, la Inteligencia Artificial tiene el potencial de revolucionar la práctica legal y mejorar significativamente el sistema de Justicia en España.
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