1.- Hechos
El conflicto se plantea entre la compañía alemana Heitec, propietaria de la marca denominativa de la Unión HEITEC prioritaria, y la compañía de la misma nacionalidad Heitech, propietaria de una marca alemana consistente en la denominación “HEITECH PROMOTION” y de una marca figurativa de la Unión que contiene el término “HEITECH”:
Esta última marca se utilizaba por Heitech al menos desde el año 2009. En abril de ese mismo año Heitec le remitió un requerimiento haciendo valer sus derechos prioritarios de marca, al que la primera contestó proponiendo la celebración de un acuerdo de coexistencia. Heitec no respondió a esa propuesta y en diciembre de 2012 interpuso una acción judicial contra Heitech ante los tribunales alemanes. Sin embargo, debido al retraso en el cumplimiento por Heitec de determinadas formalidades, la demanda no se notificó a Heitech hasta el mes de mayo de 2014.
El Tribunal Superior Regional de Nuremberg desestimó la acción por considerar que Heitec había tolerado el uso de las marcas de Heitech durante un periodo de cinco años. Heitec recurrió en casación ante el Tribunal Supremo alemán, el cual decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciase sobre la correcta interpretación de los preceptos de la Directiva de marcas n.º 2008/95 y del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea n.º 207/2009 que establecen la prescripción por tolerancia (denominada “caducidad por tolerancia” en este último).
2.- Pronunciamientos
La primera cuestión que resuelve el TJ en su sentencia se refiere a si, para interrumpir la caducidad por tolerancia, es suficiente el envío de un requerimiento por el titular de la marca anterior. El TJ se manifiesta a favor de esta posibilidad, siempre que, en caso de que el requerimiento no sea atendido, el titular de la marca anterior interponga, en un plazo razonable, un recurso administrativo o judicial para poner remedio a la situación. De modo que, a sensu contrario, el simple envío de un requerimiento no interrumpe por sí mismo, a juicio del TJ, el plazo de caducidad por tolerancia.
La segunda cuestión que resuelve el TJ está enfocada más específicamente a las circunstancias del supuesto de hecho del caso planteado, en concreto a la situación en la que el titular de la marca anterior interpone una demanda judicial antes de la expiración del plazo de cinco años de la caducidad por tolerancia, pero no se notifica al demandado hasta después de transcurrido el mismo.
A este respecto, el TJ declara que el procedimiento debe considerarse iniciado cuando se presenta el escrito de demanda ante el órgano judicial. Ahora bien, en casos como el planteado por el tribunal alemán remitente, en los que la notificación al demandado se demora indebidamente por la falta de diligencia del titular de la marca anterior, el TJ considera que la presentación de la demanda por sí sola no impide que se produzca la caducidad por tolerancia por transcurso del plazo legal.
Finalmente, en respuesta a la última cuestión que se le plantea, el TJ afirma que, una vez que se ha producido la caducidad por tolerancia, el titular de la marca anterior queda privado de la posibilidad de ejercitar frente al titular de la marca posterior tanto las acciones de nulidad y cese del uso de esta expresamente mencionadas en la norma, como las de indemnización de daños y perjuicios, entrega de información o destrucción de productos.
3.- Comentario
La decisión del Tribunal de Justicia en este asunto tendrá importantes consecuencias prácticas en nuestro país. Como es sabido, el artículo 1973 del Código Civil español establece la posibilidad de interrumpir la prescripción de las acciones no solamente por su ejercicio ante los tribunales, sino también mediante la reclamación extrajudicial. A la luz de esta norma, resultaba claro que la prescripción por tolerancia establecida en la Ley de Marcas española -que traspone al Derecho español la Directiva de marcas- podía ser interrumpida a través del envío de un requerimiento fehaciente por el titular de la marca anterior. Lo mismo cabía considerar respecto a las marcas de la Unión Europea, a falta de un pronunciamiento específico del Tribunal de Justicia al respecto.
Pues bien, la sentencia objeto de este comentario contiene ese pronunciamiento específico, y en sentido contrario a lo establecido en el Código Civil español. Lógicamente, la interpretación del TJ sobre la prescripción por tolerancia debe prevalecer, puesto que se trata de un concepto establecido por las normas de la Unión Europea. Como recuerda el Abogado General Sr. Pitruzella en las conclusiones presentadas el 13 de enero de 2022, el TJ ya había declarado en su sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budejoviky Budvar, C-482/09, que la “tolerancia” en el sentido de la Directiva de marcas “es un concepto del Derecho de la Unión, cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en todos los Estados miembros, por lo que corresponde al Tribunal de Justicia dar a este concepto una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión”.
Así las cosas, a partir de la sentencia que nos ocupa, ya no podrán los titulares de marca recurrir a la estrategia de remitir sucesivos requerimientos al titular de una marca posterior incompatible, para de este modo mantener abierta la posibilidad de instar su nulidad en cualquier momento e impedir su uso a través de una acción judicial. Así lo declara explícitamente el TJ en el apartado 56 de la sentencia.
Queda, no obstante, una cuestión abierta a la discusión, y es la relativa a la determinación del período de tiempo que deba considerarse como un plazo razonable, en el sentido del apartado 55 de la sentencia del TJ, para el ejercicio de la acción judicial en caso de que el requerimiento previo sea rechazado o ignorado por el titular de la marca posterior.
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VERSIÓN EN INGLÉS
1. The filing of an administrative action or court action by the proprietor of the earlier trademark is required to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence. Judgment of the Court of Justice of 19 May 2022, HEITEC (C-466/20).
1.- Background.
The conflict involves the German company Heitec, proprietor of the earlier EU word mark HEITEC, and the German company Heitech, proprietor of a German mark consisting of the word element “HEITECH PROMOTION” and a figurative EU mark containing the term “HEITECH”:
This latter mark had been used by Heitech at least since 2009. In April of that year, Heitec sent Heitech a warning letter asserting Heitec’s earlier trademark rights, to which Heitech replied proposing to conclude a coexistence agreement. Heitec did not respond to that proposal and in December 2012, it brought a legal action against Heitech before the German courts. However, due to the delay in Heitec complying with certain formalities, Heitech was not served notice of the action until May 2014.
The Nuremberg Higher Regional Court dismissed the action, finding that Heitec had acquiesced in the use of Heitech’s marks for a period of five years. Heitec lodged an appeal with the German Supreme Court, which decided to seek a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union on the correct interpretation of the provisions of the Trademark Directive No. 2008/95 and the European Union Trademark Regulation No. 207/2009 establishing the limitation in consequence of acquiescence.
2.- Findings.
The first question addressed by the CJ in its ruling refers to whether the proprietor of the earlier trademark sending a warning letter is sufficient to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence. The CJ expresses a view in support of this possibility, provided that, where there is no satisfactory response to the warning letter, the proprietor of the earlier trademark brings an administrative action or court action within a reasonable time period to remedy the situation. Conversely, therefore, simply sending a warning letter is not sufficient in itself, in the opinion of the CJ, to interrupt the period of limitation.
The second question addressed by the CJ is focused more specifically on the circumstances of the case at hand, that is, the situation where the proprietor of the earlier trademark brings a court action before the end of the five-year acquiescence period but notice thereof is not served on the defendant until after said period has elapsed.
In this regard, the CJ declares that the action should be deemed to have been brought when the application initiating proceedings is lodged with the court. However, in cases such as the one raised by the referring German court, where notification to the defendant is unduly delayed because of a lack of diligence on the part of the proprietor of the earlier trademark, the CJ finds that the bringing of the action alone does not prevent limitation in consequence of acquiescence upon expiry of the legally established time period.
Finally, in response to the final question raised, the CJ states that in the event of limitation in consequence of acquiescence, the proprietor of the earlier trademark may not bring actions seeking a declaration of invalidity of the later mark or opposing the use of said mark and is likewise time-barred from bringing claims for damages, the provision of information or the destruction of goods.
3.- Remarks.
The ruling of the Court of Justice in this matter will have major practical consequences in Spain. As is well known, Article 1973 of Spain’s Civil Code establishes the possibility of interrupting the statute of limitations on actions not only through bringing such actions before the courts but also through extrajudicial claims. In the light of this provision, it was clear that the limitation in consequence of acquiescence established in the Spanish Trademark Act (which transposes the Trademark Directive into Spanish law) could be interrupted by means of a warning letter sent by the proprietor of the earlier trademark. The same could be considered with respect to European Union trademarks, in the absence of a specific ruling from the Court of Justice in this regard.
The judgment commented here contains that specific ruling, and it stands in contrast to the provisions in Spain’s Civil Code. The CJ’s interpretation regarding limitation in consequence of acquiescence naturally must prevail, given that it is a concept established in EU law. As the Advocate General Mr. Pitruzella recalls in the conclusions submitted on 13 January 2022, the CJ already declared in its judgment of 22 September 2011, Budejoviky Budvar, C-482/09, that “acquiescence” within the meaning of the Trademark Directive “is a concept of EU law, the meaning and scope of which must be identical in all Member States, and therefore the Court of Justice must give an autonomous and uniform interpretation of this concept in the EU legal order”.
Thus, in light of this judgment, trademark owners will no longer be able to resort to the strategy of repeatedly sending warning letters to the owner of a conflicting later mark with a view to keeping alive the possibility of seeking the invalidation of the mark at any time and preventing its use through a court action. This is expressly declared by the CJ in paragraph 56 of the judgment.
However, there is one matter that remains open to discussion, namely, determining the period of time that should be regarded as a reasonable period, within the meaning of paragraph 55 of the CJ’s judgment, for bringing the court action where the prior warning letter has been rejected or ignored by the owner of the later trademark.
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