A través de un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, los tres sindicatos han llamado a los trabajadores de Justicia a concentrarse durante 30 minutos en la puerta de su lugar de trabajo el próximo 23 de abril. Además, han convocado para el próximo 27 de abril una "gran manifestación en Madrid de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de todos los ámbitos territoriales".
De igual forma, han anunciado que "delegados y delegadas sindicales de STAJ, CCOO y CIG" se concentrarán "ante el Ministerio de Justicia todos los días en que se celebren reuniones negociadoras, comenzando el martes 16 de abril".
Fue esta semana cuando, tras un año de conflicto, Justicia alcanzó un acuerdo con los funcionarios de Justicia y pactó una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes para el 'territorio Ministerio', frente a los 450 euros que reclamaban desde hace un año los sindicatos en línea con el incremento que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
ACUERDO INSUFICIENTE
Según informó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) --sindicato mayoritario en Justicia-- y UGT, la subida se aplicará a través del complemento específico. Los otros sindicatos, sin embargo, no se sumaron al acuerdo al considerarlo insuficiente.
"Junto al conjunto de los trabajadores y las trabajadores de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia a quienes otros sindicatos han traicionado seguimos reclamando que se paralice la tramitación de la Ley de Eficiencia hasta que no se haya producido su preceptiva y efectiva negociación con los sindicatos para modificar su contenido en todos aquellos aspectos que ponen en riesgo los centros de destino, la movilidad voluntaria, los puestos de trabajo, las retribuciones complementarias de muchos centros de trabajo, incluidas guardias", explican.
Entre sus reivindicaciones se incluyen que el Ministerio que lidera Félix Bolaños "plantee ya un incremento del complemento general del puesto que abarque al personal de todos los ámbitos de la administración de Justicia en consonancia con el acuerdo" de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), "incluyendo también la eliminación de los grupos de población".
Además, instan a que "se reconozcan profesional y retributivamente las funciones" que realizan los funcionarios "y que están legalmente asignadas a jueces y LAJs", así como "que presente inmediatamente para su negociación una propuesta de desarrollo de la carrera profesional" y que se negocie el reglamento del Registro Civil.
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